Por Redacción Es Noticia
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Las autoridades federales arrestaron ayer al expresidente del Colegio de Contadores Públicos Autorizados (CPA) y propietario de la compañía Intelligent Grant Solutions (IGS), Aníbal Jover Pagés, tras ser acusado por un gran jurado en relación a un alegado esquema de fraude en la Administración de Seguros de Salud (ASES). En su contra pesan 14 cargos.
“Totalmente sorprendido, no comments”, dijo Jover Pagés al concluir la audiencia transmitida en línea, desde las Oficinas del Inspector General del Departamento de Salud Federal (OIG), según informó el periódico El Vocero.
Jover Parés, se declaró no culpable en los cargos de fraude electrónico por privar de información privilegiada a ASES; conspiración para cometer fraude electrónico y fraude electrónico por el pago de comisiones. El magistrado Marshall Morgan le impuso una fianza de $250 mil.
También enfrenta un cargo de confiscación de cualquier propiedad que haya adquirido con dinero producto del alegado fraude.
El magistrado le notificó a Jover Pagés, de 60 años, que se expone a un máximo de 20 años de prisión, una multa de $250 mil y a tres años de libertad supervisada.
Mientras, su abogado Giovanni Canino rechazó a preguntas de la prensa que su cliente no es cooperador. Afirmó que desconocía la razón por la cual su representado no fue incluido en la acusación original del caso.
La acusación original, emitida en julio de 2019, contenía un total de 34 cargos en relación a un fraude de $13 millones contra el Departamento de Educación (DE) y de $2.5 millones contra ASES, bajo las tutelas de Julia Keleher y Ángela Ávila, respectivamente.
El pliego enmendado contiene 98 cargos. Agrega a Jover Pagés como acusado pero, excluye a las hermanas Glenda y Mayra Ponce, quienes en mayo pasado se declararon culpables de la acusación original. Glenda Ponce era la asistente de Keleher y Mayra era la presidenta de la compañía Colón & Ponce, la cual obtuvo contratos con el DE.
Además de Keleher y Ávila, se mantienen acusaciones contra el socio administrador de la firma de consultoría BDO Fernando Scherrer y el contratista de BDO Alberto Velázquez Piñol, quien es dueño de la compañía Azur.
El nombre de Jover Pagés trascendió como implicado en este esquema, durante una vista del caso ante el juez Pedro Delgado celebrada en octubre del pasado año. Posteriormente, la gobernadora Wanda Vázquez ordenó la cancelación de los contratos de IGS con ASES.
Se alega que el 23 de enero de 2017, Jover Pagés le pagó dinero a Velázquez Piñol para la obtención de un contrato de $1.3 millones.
La acusación señala que el 24 de enero Scherrer le envió a Velázquez Piñol y a Ávila una propuesta de contrato para reemplazar el contrato de $1.3 millones que tenía en la “Compañía A”.
El 25 de enero Ávila se reunió con la Junta de Directores de ASES y le presentó las propuestas de los contratos de IGS y BDO, los cuales fueron ratificados por la Junta el 1 de marzo de 2017.
El contrato de IGS por $1.3 millones fue enmendado e incrementó en $1.6 millones, según los registros de la Oficina del Contralor.
Se alega que Ávila obtuvo copia de los contratos que tenían las Compañías A y B con ASES y se los envió por correo electrónico a Velázquez Piñol. El pliego no identifica a las Compañías A y B.
De acuerdo a la Oficina del Contralor, IGS ha tenido contratos con administraciones del Partido Popular Democrático (PPD) y del Partido Nuevo Progresista (PNP), desde 2013 en diversas agencias como: Departamento de la Familia y Vivienda, entre otras.
IGS gozaba de la confianza de la administración del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares.
Jover Pagés, fue síndico nombrado por la exalcaldesa Sila Calderón al Colegio Universitario de San Juan.
El pliego destaca que entre 2017 a 2018 Velázquez tuvo numerosas comunicaciones con el gobernador de Puerto Rico (Rosselló), incluyendo un correo electrónico el 17 de marzo de 2017 a las 6:00 a.m. El correo electrónico fue enviado por Rosselló. El mismo lee “Alberto, me gustaría hablar contigo para varios asuntos; incluyendo el nuevo modelo de salud que he diseñado. También, áreas, que entiendas tengamos escasos recursos en Salud y ASES; para solicitar mediante la Junta de Supervisión recursos federales que nos complementen en el esfuerzo. Me alegra mucho saber que estás en el equipo. Un fuerte abrazo”.
Velázquez Piñol le respondió “Gobernador! Para mí es un privilegio poder cooperar y aportar apoyándote. Estoy disponible a tu mejor conveniencia. Recibe un fuerte abrazo, Alberto”.
Los cargos en la acusación enmendada son: Privación de información confidencial de ASES y del DE, robo de identidad agravada, fraude electrónico, conspiración para cometer fraude electrónico y soborno.
El pliego alega que tanto Keleher como Ávila, utilizaron sus puestos para proveer información confidencial de las agencias que dirigían, para así facilitar la preparación de propuestas a sus allegados.
