Por Redacción Es Noticia
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Diversos grupos comunitarios, ambientales y residentes de San Juan, Cataño y Guaynabo alzaron su voz en contra de la expansión de operaciones con gas metano en la isla, denunciando la entrada reciente a la Bahía de San Juan de un tanquero con capacidad cinco veces mayor a las embarcaciones previamente utilizadas por New Fortress Energy (NFE).
El metanero Gaslog Singapore, con una capacidad de aproximadamente 155,000 metros cúbicos de gas metano, entró a la bahía la semana pasada, en aparente violación a las condiciones establecidas por la Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC), las cuales estaban basadas en barcazas de solo 30,000 metros cúbicos.
“El uso de esta embarcación multiplica el riesgo para las comunidades cercanas, que aún carecen de planes de seguridad o evacuación ante un posible incidente”, denunció el abogado ambiental y profesor Pedro Saadé. Añadió que la FERC había delimitado Zonas de Peligrosidad basadas en naves más pequeñas y que esta operación representa una amenaza sin precedentes para la seguridad pública.
FERC ha solicitado explicaciones a NFE sobre el uso de esta barcaza de mayor tamaño, la cual no concuerda con la descripción contenida en su solicitud de permisos operacionales. Incluso la Guardia Costera ya había señalado en septiembre de 2024 que la anterior barcaza Coral Encanto, de 30 mil metros cúbicos, afectaba la maniobrabilidad en el canal de navegación y advertía la posible imposición de multas que hasta ahora no se han materializado.
“La presencia ilegal de New Fortress, con el respaldo del gobierno, es una afrenta a la salud y la seguridad de nuestras comunidades”, expresó la hermana Lissie Avilés, de las Hermanas Dominicas de la Santa Cruz y residente de Cataño. La empresa opera en la Bahía de San Juan desde 2020, sin contar con todos los permisos federales requeridos, y actualmente planifica expandir sus operaciones mediante dos gasoductos que alimentarían las plantas San Juan I y II, así como la central Palo Seco.
A esta expansión se suma la reciente firma de un contrato por parte de NFE para establecer una nueva operación de gas en el Puerto de Ponce, en unas 40 cuerdas de terreno. Además, la aprobación de la Ley Núm. 1 de 2025, que eliminó metas intermedias de energía renovable y extendió la operación de la carbonera de AES hasta el 2032, y la más reciente Orden Ejecutiva de Emergencia Energética, han generado mayor preocupación entre los grupos ambientalistas, al eximir a compañías como Genera PR (subsidiaria de NFE) de cumplir con trámites gubernamentales esenciales.
“Estamos ante una emergencia por diseño, cuya respuesta es perpetuar la dependencia de los combustibles fósiles”, denunció Mónica Flores, de la organización El Puente Puerto Rico. “Esto es nefasto para un archipiélago ya golpeado por el cambio climático. La energía fósil no nos hace resilientes; solo genera más crisis”.
Los colectivos se unirán este martes, 8 de abril, a la convocatoria del grupo Una Sola Lucha, para denunciar lo que consideran un fracaso en los primeros 100 días de la administración de González en materia ambiental y energética.
