La Asociación de Inspectores de Juegos de Azar (AIJA) hizo un llamado urgente a la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico para que atienda una serie de reclamos relacionados con las condiciones laborales de los inspectores, advirtiendo que la situación también podría afectar la capacidad del Estado para fiscalizar una de las industrias reguladas que más ingresos genera para el erario.
Según la organización, los Inspectores de Juegos de Azar son los funcionarios encargados de supervisar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas que rigen la industria del juego en Puerto Rico, incluyendo la fiscalización de los casinos y demás actividades bajo la jurisdicción de la Comisión de Juegos, conforme a la Ley Núm. 81-2019, según enmendada.
El presidente de la AIJA, César J. González Ortiz, denunció que, pese a la importancia de las funciones que desempeñan estos empleados, continúan sufragando de su propio bolsillo los gastos necesarios para cumplir con sus responsabilidades oficiales en toda la isla.
«Nuestros inspectores recorren Puerto Rico para garantizar que la industria opere conforme a la ley y proteger millones de dólares en recaudos públicos. Sin embargo, para cumplir con esa responsabilidad tienen que pagar gasolina, peajes, alimentos y hospedaje con su propio dinero, mientras esperan semanas o incluso meses para recibir un reembolso. Esa situación es injusta e insostenible», expresó González Ortiz.
De acuerdo con la AIJA, algunos inspectores adelantan entre $400 y $600 mensuales para realizar sus funciones oficiales, una carga económica que, según la organización, reduce significativamente el ingreso real de los empleados.
«Ningún servidor público debe tener que financiar con su salario el funcionamiento del Gobierno. Cuando un trabajador tiene que sacar cientos de dólares de su bolsillo para cumplir con su deber, su estabilidad económica se ve afectada», añadió el líder sindical.
Denuncian retraso en plan salarial
La Asociación también manifestó preocupación por la demora en completar el Plan de Clasificación y Retribución, proceso que mantiene pendientes ajustes salariales para reconocer la complejidad, responsabilidad y especialización del trabajo que realizan los inspectores.
Según González Ortiz, los empleados desempeñan funciones altamente especializadas que requieren disponibilidad, movilidad y una gran responsabilidad en la protección del interés público, pero el proceso para actualizar su clasificación y compensación continúa retrasándose sin una explicación satisfactoria.
Ante ello, la AIJA exhortó a la Comisión de Juegos y a las entidades gubernamentales involucradas a establecer un calendario definido para culminar la implantación del plan y garantizar una compensación acorde con las responsabilidades del puesto.
Expresan preocupación por el clima laboral
La organización sindical también denunció un deterioro en las relaciones obrero-patronales dentro de la Comisión de Juegos.
Según la AIJA, recientes actuaciones administrativas dirigidas a la representación sindical reflejan un ambiente de confrontación que dificulta el diálogo entre las partes.
«Nuestra responsabilidad como organización sindical es representar y defender a los trabajadores. Las diferencias entre la administración y la Unión deben resolverse mediante el respeto mutuo, el diálogo y el cumplimiento de la ley. La confrontación nunca debe sustituir la comunicación», sostuvo González Ortiz.
La Asociación indicó que continuará utilizando los mecanismos legales, administrativos y sindicales disponibles para proteger los derechos de los inspectores y promover un ambiente laboral basado en el respeto y la buena fe.
Reclamos buscan fortalecer el servicio público
El presidente de la AIJA afirmó que las preocupaciones planteadas trascienden el ámbito laboral y tienen un impacto directo sobre la calidad del servicio que ofrece el Gobierno.
«Este no es solamente un reclamo de los inspectores. Cuando quienes tienen la responsabilidad de fiscalizar una industria regulada deben financiar con su propio dinero las operaciones oficiales o esperar indefinidamente por reembolsos, el problema termina afectando la capacidad del Gobierno para cumplir eficientemente con su deber de proteger el interés público», expresó.
La Asociación reiteró su disposición de reunirse con la administración de la Comisión de Juegos para identificar soluciones que beneficien tanto a los trabajadores como a la ciudadanía.
Solicitudes de la AIJA
Entre las medidas solicitadas por la Asociación se encuentran:
- Establecer un procedimiento que garantice el procesamiento oportuno de los reembolsos por gastos oficiales.
- Definir la escala salarial sugerida a la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH).
- Presentar un calendario para culminar la implantación del Plan de Clasificación y Retribución.
- Fortalecer el diálogo institucional con la representación sindical.
- Garantizar un ambiente de respeto y colaboración para todos los empleados de la Comisión de Juegos.
