Por Redacción Es Noticia
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La Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Representantes inició hoy, lunes, el proceso de vistas públicas sobre la Resolución de la Cámara 963 que investiga las condiciones laborales de los Oficiales Correccionales de Servicios Juveniles del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR).
Durante la audiencia pública, compareció Adalberto Vega Vélez, director ejecutivo de la Federación de Oficiales de Custodia de las Instituciones Juveniles, quien solicitó que el DCR proceda a incluir a los Agentes de Seguridad y Protección, como cuerpo de seguridad en el Plan de Clasificación de Alto Riesgo con el objetivo de mantener un control en la seguridad de cada institución y le sean devueltos los derechos laborales que les fueron removidos.
‘’Mediante el Plan de Reorganización número dos, del año 2011, la Administración de Instituciones Juveniles pasó a ser parte del DCR en el mencionado plan y se incluyeron a los Oficiales Juveniles I y II, no así a los Agentes de Seguridad y Protección I y II. Como consecuencia de esta omisión, el DCR los incluyó como personal civil. Este movimiento ha ocasionado problemas y daños considerables al eliminar derechos que ya estaban adquiridos’’, expuso Vega Vélez.
De acuerdo con Vega Vélez, debido a una acción equivocada en violación de los derechos adquiridos de los agentes, el DCR los despojó de múltiples beneficios. ‘’Todo fue por el solo hecho de que adquirieron unos ascensos y a raíz de eso tuvieron el despojo de los días de vacaciones y enfermedad’’.
Por su parte, el presidente de la Comisión, Torres García expuso que ‘’ante todo este proceso, es importante conocer todos los detalles de lo que ha pasado con estas decisiones y lo que nos ha llevado a este punto. En esa dirección, seguiremos buscando los datos pertinentes para llevarlos a la mesa en una reunión que estaremos ejecutando con los alto funcionarios del Departamento de Corrección y que de esa manera, den sus explicaciones’’.
En tanto, Vega Vélez detalló que la situación comenzó desde el 2002 y hasta al presente no han encontrado una solución. ‘’Todos los argumentos presentados, fueron llevados ante la Comisión Apelativa del servicio público en el caso AQ-18-582 en un caso de Arbitraje y Agravios’’.
