Por Redacción Es Noticia
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El Senado aprobó realizar una investigación sobre las condiciones de salud de los residentes en las comunidades aledañas a la empresa de carbón Applied Energy System, conocida por sus siglas AES, ubicada en Guayama.
“Entre el 2000 y el 2014 los diagnósticos de cáncer, entre los habitantes de Guayama, aumentaron en un 64% y existe por lo tanto que haya una relación causal entre las condiciones de salud que se han documentado y las prácticas irresponsables y nocivas de AES”, expresó la senadora y autora de la medida, María de Lourdes Santiago Negrón.
La Resolución Conjunta del Senado 2 ordena al Departamento de Salud, a la Escuela de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico y al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales realizar una investigación en conjunto sobre las condiciones de salud de la población en Guayama debido a que los residentes en este municipio están expuestos a las cenizas tóxicas producto de la quema de carbón para generar energía de la planta AES.
Según se desprende de la exposición de motivos de la pieza legislativa, “el efecto de la llegada de los desechos industriales de AES fue catastrófico para los residentes de la zona: se alegan daños tales como lesiones pulmonares y cutáneas provocadas por el fino polvo de las cenizas, defectos congénitos en recién nacidos, falta de extremidades y abortos”.
Además, entre 2010 y 2019, la cantidad de elementos tóxicos lanzados al aire por AES aumentó un 346%, y la suma total de estos componentes fue de 5,061,199.25 libras.
Por su parte, la senadora Ana Irma Rivera Lassén enfatizó en que “tenemos que ver cuál es el país que queremos. Sin duda esta pieza legislativa es de suma importancia para que tengamos no solamente la evidencia, sino también la respuesta y podamos darle información y respuesta que se merecen todas las personas que han estado directamente impactadas por esta contaminación”.
Investigarán salarios en el DE
Otra pieza legislativa avalada por el Senado fue la Resolución del Senado 166 que propone realizar una investigación sobre la revisión de nivel de clasificación y aumentos salariales correspondientes a los maestros del sistema público de enseñanza por parte del Departamento de Educación, con relación al nivel de estudios alcanzados conforme a la «Ley de Carrera Magisterial», a fin de garantizar el pago correspondiente.
“Nuestros maestros tienen un gran compromiso. Aunque sabemos que hay una situación de estrechez económica, es imperativo que (el Departamento de) Educación busque los fondos para así garantizarle el ajuste salarial a nuestros maestros. Aquí tenemos el recurso humano garantizado y comprometido, si ustedes (el magisterio) ya cumplieron con su parte ahora le corresponde al Departamento de Educación cumplir con el suyo”, enfatizó la senadora Ada García Montes.
Cabe destacar que la Ley de Carrera Magisterial, aprobada en el 1999, disponía que los maestros y maestras que así lo decidieran, se comprometieran a realizar estudios graduados y, según obtuvieran mayor preparación académica, el Departamento de Educación les modificaría su salario como docente.
Sin embargo, los pagos correspondientes fueron cancelados a consecuencia de la situación fiscal del país.
