Por Redacción Es Noticia
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La directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Natalie Jaresko, anunció que si para el 6 de marzo algunas corporaciones públicas y municipios no han pagado $21.1 millones que adeudan al Sistema de Retiro de Empleados Públicos, serán referidos a los departamentos de Justicia local y federal.
Jaresko le recordó a los alcaldes y a los directores de las corporaciones públicas que no depositar en las cuentas de retiro correspondientes el dinero que le retienen mensualmente a sus empleados es una violación a la ley y advirtió que la JSF se propone llevar este asunto hasta las últimas consecuencias.
“Al momento, estas retenciones ascienden a 21.1 millones, según un informe de AAFAF de diciembre de 2019 e información complementaria provista por el Sistema de Retiro de Empleados Públicos (SRE) a la JSF. La JSF urgió al SRE que tome acción inmediata con respecto a estas transferencias a las cuentas de retiro individual, algunas de las cuales datan de 2017”, dijo Jaresko en declaraciones escritas.
Explicó que si estos fondos no son remitidos completamente por los respectivos patronos al SRE para el 6 de marzo próximo para acreditar a las respectivas cuentas de plan de contribución definidas de los empleados, la JSF referirá esta violación de ley al Departamento de Justicia de Puerto Rico y de Estados Unidos para llevar este asunto a las últimas consecuencias permitidas bajo la ley.
En mayo de 2019, la JSF refirió una situación similar a la entonces secretaria de Justicia, Wanda Vázquez. Aún así, según los últimos informes aparenta que, a pesar de la gravedad del asunto, no se han logrado establecer los mecanismos de supervisión adecuados para garantizar que esta situación nunca vuelva a suceder.
“El no enviar las cantidades retenidas de forma inmediata a su cuenta de contribución definida (pensión) es una acción seria e inaceptable. Se debe tener presente que la responsabilidad fiscal crea confianza en el Gobierno. Dado a todo lo que ha ocurrido con los planes de beneficios definidos anteriormente, el no haber resuelto este asunto perjudica la credibilidad del Gobierno ante el pueblo de Puerto Rico”, concluyó.
