Por CyberNews
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La directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal (JCF), Natalie Jaresko, informó -el lunes- a la gobernadora Wanda Vázquez Garced, que el proceso de compra de los “rapid test” de COVID-19 no cumplió con los protocolos establecidos bajo la Ley PROMESA.
“La Junta estableció y mantiene una política de revisión de contratos de conformidad con la Sección 204 (b) (2) de PROMESA que requiere, que la Junta apruebe previamente ciertos contratos para asegurar que promueven la competencia en el mercado y no son inconsistentes con el plan fiscal aprobado. Todos los contratos gubernamentales y sus modificaciones con un valor agregado de $10 millones o más están sujetos a la aprobación previa de la Junta de Supervisión de conformidad con la Política”, señaló Jaresko en la carta que envió a la gobernadora.
“A pesar de todo lo anterior, el Gobierno no presentó los acuerdos para comprar los kits de prueba rápida antes mencionados a la Junta”, subrayó.
Explicó que el hecho de que la Junta permitió el uso del fondo de emergencia sin aprobación previa, «no significa» que las compras realizadas en respuesta a la emergencia se pueden hacer sin cumplir con el proceso correspondiente.
«Este estado de emergencia no es motivo para ignorar la gobernanza fiscal, la rendición de cuentas y los controles internos. Más bien, es especialmente durante los momentos en que el Gobierno debe continuar adhiriéndose a dichos principios para desarrollar y mantener la confianza de todos los interesados”, señaló Jaresko.
Señaló que celebrar estos acuerdos como se describió anteriormente, sin consideración de los procesos aplicables o las buenas prácticas de adquisición básica «son inaceptables».
«Además, un análisis legal de los acuerdos en cuestión puede concluir que los mismos son nulos e inválidos. Como tal, estos acuerdos deberían cancelarse, siempre que no lo hayan cancelado ya, y debe solicitarse el reembolso inmediato de todos los fondos públicos desembolsados en relación con ellos”, advirtió.
Jaresko concedió hasta antes del 8 de abril de 2020, para que el Gobierno confirme que ha cancelado estos acuerdos y que han reembolsado los fondos públicos correspondientes al fondo de emergencia.
El Gobierno de Puerto Rico ha celebrado varios acuerdos para comprar productos médicos, incluidos kits de prueba rápida para COVID-19, por un precio aproximado de $40 millones con varias compañías, incluidas 313 LLC y Apex General Contratistas.
La JCF entiende que el Gobierno acordó la compra de kits de pruebas rápidas de COVID-19 a Apex General Contractors por un monto de $38 millones. Basado en artículos de prensa, el acuerdo fue cancelado ya que el envío no llegó según acordado, pero no antes de que el Gobierno hiciera un pago anticipado de $19 millones.
