Por Redacción Es Noticia
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El presidente de la Junta de Control Fiscal (JCF), José Carrión, tercero, y la directora ejecutiva, Natalie Jaresko, se reunieron ayer con la gobernadora Wanda Vázquez Garced, para discutir varios asuntos fiscales relacionados con el COVID-19, así como los esfuerzos requeridos para atender a la región suroeste afectada por los terremotos.
La Junta aprobó $9 millones para la demolición urgente y el recogido de escombros en la región suroeste tras los terremotos recientes, lo que representa un prerrequisito para la reconstrucción. Los municipios beneficiados son Guánica, Guayanilla y Peñuelas.
La Junta también exhortó al gobierno a expandir la propuesta de recogido de escombros y demoliciones con el fin de que incluya otros municipios afectados, como Ponce y Yauco.
El organismo federal espera reunirse con los alcaldes; la Oficina Central para la Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3); y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) para delinear el camino a seguir.
La reunión estuvo enfocada en la propuesta del Gobierno para emitir cheques de incentivos de hasta $500 dólares a empleados y retirados del sector privado, y asignar $50 millones para subvencionar los proyectos de reconstrucción y revitalización de los municipios en la región suroeste de la isla.
“El impacto de la pandemia ha tenido graves consecuencias, tanto para el pueblo de Puerto Rico como para la comunidad empresarial, particularmente porque varios municipios continúan en la lucha para salir a flote a pesar de los terremotos recurrentes. La Junta de Control ha estado trabajando estrechamente con el Gobierno para ayudar a los más afectados por estos trágicos eventos”, dijo Carrión, tercero en declaraciones escritas.
“La Junta de Control está de acuerdo en que el Gobierno debe brindar un mayor apoyo a quienes más lo necesitan de una manera fiscalmente responsable. Como consecuencia, la Junta de Control instó al Gobierno a concretar un plan para que las ayudas lleguen a los sectores más vulnerables de la población: aquéllos que por lo regular no son elegibles para recibir desempleo, a los que los reembolsos de fondos federales no llegan con facilidad y a los que necesitan mucho más apoyo. La Junta de Supervisión sugirió que la manera más eficaz de alcanzar esta población, que asciende a unos 200,000 habitantes, es mediante las organizaciones comunitarias u organizaciones no gubernamentales (ONG) que trabajan incansablemente dentro de estas comunidades”, añadió.
“En vez de brindar ese apoyo incremental al segmento de la población que recibe salarios o ya recibió alguna ayuda económica sustancial mediante paquetes federales o locales de emergencia, la Junta de Control sugiere que el gobierno enfoque ahora su atención en quienes más necesitan la ayuda, incluyendo a las personas sin hogar; las familias de bajos ingresos, quienes carecen de suficiente alimento; los adultos y niños con discapacidades, al igual que los que carecen de servicio de internet, transporte y otros factores personales que impide el acceso a los programas existentes”, continuó.
Jaresko mencionó por su parte, que la Junta supo de la existencia de una propuesta de parte de la comunidad de ONG que podría servir de marco para la distribución de los fondos necesarios a esta población necesitada y pidió al Gobierno elaborar una propuesta específica y urgente a fin de distribuir la ayuda del Gobierno a través de estas entidades. La Junta está preparada para revisar dicha propuesta de inmediato.
Además, Carrión, tercero, y Jaresko hablaron con la Gobernadora sobre la necesidad de un plan de redesarrollo integrado y abarcador para la reconstrucción económica a largo plazo de la región suroeste, centrado en una reconstrucción cuyo resultado sería mayor resiliencia. Esto tomaría en cuenta la economía post COVID-19, la emigración, los posibles riesgos permanentes a las poblaciones que han sido víctimas de los terremotos y la erosión, tras el huracán María, entre muchas otras desavenencias.
La Junta continúa firme en su compromiso de trabajar con el gobierno para encontrar soluciones efectivas y fiscalmente responsables a las numerosas crisis que enfrentan los residentes y la comunidad empresarial del país”.
