Por Redacción Es Noticia
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La Junta de Supervisión Fiscal (JDF) recurrió al tribunal para presentar una demanda contra el gobernador Pedro R. Pierluisi para que se anule la Ley 41-2022, bautizada como reforma laboral, así como cualquier otra medida adoptada para aplicar dicha Ley.
“Desafortunadamente, el Gobierno promulgó una ley que afecta a todos los empresarios privados de Puerto Rico sin sopesar plenamente su efecto», subrayó la JSF.
El organismo señaló que han sido consistentes en que una reforma laboral significativa es un elemento clave para que Puerto Rico logre la responsabilidad fiscal y el acceso a los mercados de capital.
Empero, la Ley 41 derogaría incluso las limitadas reformas laborales recientes destinadas a aumentar el empleo y mejorar la economía, y en su lugar añadiría requisitos de la legislación laboral que afectan negativamente la flexibilidad del mercado laboral, en violación directa de los términos expresos del Plan Fiscal certificado para Puerto Rico, planteó el organimso
Explicó que realiaron un análisis económico que llegó a la concluyó de que, la Ley 41 tendrá un efecto negativo en el mercado laboral de Puerto Rico y en su economía en general, lo que conllevará menos puestos de empleo, una mayor emigración, un menor crecimiento económico y menores ingresos.
“La Ley haría que Puerto Rico sea menos competitivo en el mercado estadounidense y mundial”, advirtió.
Explicó que el Gobierno hizo caso omiso al Plan Fiscal certificado para Puerto Rico y a las advertencias previas de la Junta de Supervisión de que la Ley incumple con PROMESA.
“Puerto Rico ha logrado un progreso sustancial hacia la responsabilidad fiscal, el crecimiento económico y la prosperidad, pero la aplicación de la Ley 41 revertiría ese progreso”, dijo el presidente de la Junta de Supervisión, David Skeel.
“Puerto Rico no puede implementar leyes que aten las manos de las empresas con deseos de crecer. La Ley 41 descarrilará el camino de Puerto Rico hacia la recuperación y disminuirá el crecimiento económico”, dijo. El Gobierno no proporcionó un estimado completo del impacto de la Ley en los ingresos, abundó.
Explicó que la Junta de Supervisión le reiteró en repetidas ocasiones al Gobierno que PROMESA exige que éste analice las nuevas leyes y haga un estimado formal del impacto que tendrá la legislación en los ingresos y gastos del Gobierno.
‘Esta práctica de aprobar leyes sin tener en cuenta ni comprender las consecuencias económicas es parte de lo que causó la crisis fiscal de Puerto Rico y su eventual quiebra’.
La explicación del Gobierno de que sería demasiado “complejo y difícil” preparar un estimado formal no se sostiene ante el escrutinio, afirmaron.
Explicó que la Junta contrató un economista y compartió el análisis de éste con el Gobierno para entablar un diálogo e, idealmente, para que el Gobierno realizara su propio análisis del impacto económico de la Ley 41. “El Gobierno rechazó estos esfuerzos”, subrayó.
La ausencia de un conocimiento informado del impacto de la Ley en los ingresos del Gobierno debería haber causado que el Gobierno se detuviera y tomara el tiempo necesario para evaluar la Ley 41 y asegurarse de que su aprobación no tendría consecuencias fiscales negativas.
La estructura del mercado laboral de Puerto Rico hace que la Isla sea vulnerable a la disminución del empleo en el sector formal a causa de la promulgación de la Ley 41, sobre todo teniendo en cuenta el rendimiento histórico del mercado laboral, la facilidad para emigrar a los Estados Unidos y la facilidad para unirse al mercado laboral informal.
“El restablecimiento de las restricciones laborales en virtud de la Ley 41 reduce la flexibilidad del mercado laboral e impacta negativamente la participación en la fuerza laboral, desalienta las nuevas contrataciones y reducirá significativamente la efectividad de la ampliación del Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC, por sus siglas en inglés) en fomentar la participación en la fuerza laboral, el crecimiento económico y los ingresos del Gobierno asociados a dicho crecimiento”, indicó.
