EsNoticia

JSF reacciona a las demandas del Gobierno

Por Redacción Es Noticia

redaccion@esnoticiapr.com

 

La Junta de Control Fiscal reaccionó a las cinco demandas que el Gobierno de Puerto Rico presentó en su contra entorno a leyes aprobadas en violación de la Ley PROMESA.

“La Junta ha intentado trabajar con el Gobierno para resolver estos problemas y, en algunos casos, intentó colaborar por meses para comprender cómo estas leyes afectan el Plan Fiscal y el presupuesto certificado. En cambio, en vez de colaborar con la Junta, según requerido por PROMESA, el gobierno optó por recurrir al tribunal”, expresó Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal.

En un comunicado de prensa, el organismo señaló que, “el mandato de la Junta de Supervisión bajo PROMESA es ayudar a Puerto Rico a lograr responsabilidad fiscal. Responsabilidad fiscal significa que las leyes deben basarse en estimados fiscales sólidos para garantizar que el Gobierno nunca termine en una posición en la que no pueda pagar por los servicios que prometió proveer. Por lo tanto, todas las leyes tienen que cumplir con el Plan Fiscal certificado para Puerto Rico y no pueden obstaculizar o impedir los objetivos de PROMESA”.

Según Jaresko, la Sección 204 de PROMESA requiere que la gobernadora someta a la Junta de cualquier legislación aprobada dentro de los siete días laborables siguientes a su promulgación, e incluya con la misma un estimado formal del impacto de la ley sobre los gastos e ingresos al fisco del Gobierno y una certificación sobre si la ley es o no ‘significativamente inconsistente’ con el Plan Fiscal certificado.

“El Gobierno no cumplió cabalmente con dichas obligaciones legales cuando aprobó e implementó cinco leyes en el 2019 y 2020 las cuales son significativamente inconsistentes con el Plan Fiscal certificado. Las certificaciones de la gobernadora no incluyeron estimados completos y confiables sobre el Plan Fiscal y/o indicaron incorrectamente que dichas leyes no eran significativamente inconsistentes con el Plan Fiscal”, indicó Jaresko.

Planteamiento de la JSF:

“La Junta acoge con beneplácito la decisión del Gobierno de retirar su demanda relacionada con la Ley 90-2019. La ley establece un precio mínimo para los reembolsos de Medicare Advantage para que los proveedores de servicios no reciban una tarifa inferior a la cantidad establecida por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid para los servicios correspondientes”, señaló.

La Junta inicialmente entendió que la Ley 90 aumentaría los gastos de salud del Gobierno. “La Junta de Supervisión entiende sin embargo que el Gobierno no intenta aumentar los gastos fiscales y, por lo tanto, no se opone a la implementación de la Ley 90”, sostuvo.

Salir de la versión móvil