Por Sandra Caquías Cruz
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JUANA DÍAZ – El costero municipio de Juana Díaz vive preso de sus ríos y otros cuerpos de agua que mantienen alrededor de medio millar de familias a merced de inundaciones.
Los anuncios de tormenta en este pueblo sureño se convierten en un dolor de cabeza para los residentes de diversas comunidades, en especial, las más costeras o colindantes al mar, como Arús y Manzanilla.
En momentos de lluvias, el agua que se acumula en las laderas al norte del municipio baja con presión y en grandes cantidades dando paso a que sobre media decenas de comunidades se aneguen antes de que el líquido termine en el mar.
Mientras, otra gran cantidad de agua va excavando la ribera de los ríos, llevándose todo lo que encuentra a su paso y amenazando a las comunidades cercanas.
Las múltiples gestiones para que se atienda la situación no han rendido frutos.
El alcalde Ramón Hernández Torres no oculta su frustración ni coraje cada vez que algún funcionario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos o los gobernantes le comunican otra demora de los trabajos.
La solución al problema es un proyecto de control de inundaciones que fue avalado por un estudio realizado en el 2007, pero que nunca se puso en curso. En aquel momento el proyecto costaba $65 millones. El costo estimado al presente supera los $96 millones.
El dinero no lo tienen. Las gestiones para la aprobación de fondos no han concluido, explicó el ingeniero Enrique Lugo, director de la oficina de ingeniería del municipio de Juana Díaz. La propuesta está planteada tanto para fondos CDBG-MIT como las obras presentadas a FEMA.
El proyecto canalizaría el río Jacaguas para controlar el flujo del agua. Los trabajos también incluyen utilizar el material que extraigan de la canalización para construir un dique que proteja varias comunidades de las crecidas del río Inabón -en la guardarraya de Juana Díaz y Ponce- y que hacen intransitable la PR-01.
No obstante, ante esa situación el municipio tiene en agenda un plan provisional para el que destinó $140,000, pero no tiene los permisos para que se hagan los trabajos. Explicó que “para que no hubiera más excusas” destinó esos fondos para contratar parte del personal y alquilar dos excavadoras y otro equipo pesado, así como la compra de combustible.
El DRNA sería el encargado de conseguir la aprobación del Cuerpo de Ingenieros, suministrar el permiso y destinar la persona que supervisará el trabajo en el río.
Empero, el Alcalde denunció que alguien cerró y archivó la solicitud para realizar esos trabajos y que el DRNA había presentado al Cuerpo de Ingenieros.
El cierre ocurrió porque, cuando el Cuerpo de Ingenieros pidió información al director regional del DRNA, no recibió respuesta, según le comunicó -recientemente- personal de la oficina de la Comisionada Residente, Jenniffer González Colón, quien investigaba el estatus del caso.
“Se cerró el caso porque nadie (personal del DRNA) contestó”, subrayó el Alcalde, a quien ahora le indican que van a trabajar para que se pueda reabrir el caso y estudiar la solicitud.
La administración municipal sigue esperando el permiso. El dinero que reservó el municipio también aguarda, así como las sobre 500 familias esparcidas en comunidades inundables que viven aterrorizados de que una tormenta los deje sin nada o tal vez pierdan sus vidas.
El Alcalde aclaró que “el trabajo que se presentó para el río Inabón no es suficiente, pero fue lo que se aprobó” como remedio y ante la falta del dinero para un plan de control de inundaciones que debería resolver el problema. “A largo plazo, esa es la solución”, afirmó el ingeniero Lugo. “Ese plan es lo más viable para resolver esta situación”, afirmó.
Empero, el río Inabón no es el único cuerpo de agua que afecta a ese municipio. Al norte del pueblo está la represa Guayabal, la cual cuando llega a cierto nivel de agua se abre automática y no se puede controlar la salida del líquido.
La apertura de esa represa significa que, antes que el agua llegue al mar, habrá inundado varias comunidades a su paso. “No hay forma de minimizar el problema de descarga”, resaltó el Alcalde, quien señaló que estudios estiman que la sedimentación alcanza un 70% del embalse de dicha represa.
Otro problema de inundaciones es el llamado Puente el Peñoncillo, donde se unen el río Guayo, el cual nace en Collores y el Inabón que llega de la comunidad Real Anón, en Ponce. Estos dos ríos se conectan en el llamado Peñoncillo y “se convierten en un mar”, describió el Alcalde.
Una parte del río sigue su curso hasta llegar al área de Mercedita y el otro a la comunidad Arús y otras aledañas. “Aquí ningún río está canalizado”, destacó el Alcalde.
Explicó que al presente realizan unos trabajos de limpieza en uno de los ríos, en la guardarraya con Ponce, esto tras obtener un permiso de emergencia que le otorgaron a raíz del paso del huracán Fiona, en septiembre pasado.
A esos problemas de inundaciones también se suma una quebrada aledaña a la comunidad La Fe y Extensión La Fe, donde residen unas 105 familias.
El Alcalde explicó que el municipio, al igual que los residentes, se encuentran enfrascado en una polémica con la Sucesión Serrallés, dueños de una finca en la que discurre una quebrada, pero a la que no le da mantenimiento y cuando llueve se inundan estas dos comunicades.
La comunidad, la cual no está identificada como zona inundable, se anega cada vez que llueve porque el agua de escorrentías, que debe seguir por un canal de la quebrada, no tiene por donde discurrir y sale por las tuberías de la comunidad y hasta, en algunos casos, por el inodoro, explicó el Alcalde.
El pleito se encuentra en el tribunal en busca de que se obligue a la Sucesión a limpiar la quebrada, pero ellos insisten en que no les pertenece y que fue parte de los terrenos que traspasaron para que construyeran esas comunidades, algo que el Alcalde asegura no existe evidencia de que se haya traspasado al municipio.
