Por Redacción Es Noticia
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La Junta de Control Fiscal (JCF) confirmó que actualmente opera con cuatro integrantes, luego de que la jueza federal María Antongiorgi Jordán ordenara a la administración del expresidente Donald Trump restituir a tres de los seis miembros que habían sido destituidos del organismo el pasado agosto.
“De acuerdo con la decisión del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, la Junta de Supervisión cuenta ahora con cuatro miembros: el doctor Andrew G. Biggs, Arthur J. González, John E. Nixon y la doctora Betty A. Rosa”, informó la entidad creada en 2016 bajo la Ley Promesa (Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico).
Los tres integrantes restituidos —González, Biggs y Rosa— demandaron a la administración Trump por despido injustificado y violación a la Quinta Enmienda de la Constitución de EE. UU., que garantiza el derecho al debido proceso legal. Alegaron que nunca se les informó la causa de su despido, el cual fue notificado mediante un correo electrónico el 1 de agosto que simplemente señalaba: “De parte del presidente Donald J. Trump le escribo para informarle que su posición como miembro de la junta fiscal ha sido terminada efectivo inmediatamente. Gracias por su servicio.”
Ese mismo día, Trump también destituyó a Cameron McKenzie, Juan A. Sabater y Luis A. Ubiñas, quienes hasta la fecha no han presentado demandas contra el gobierno federal.
En el caso de Biggs, la notificación de su despido llegó después de que expresara públicamente su apoyo a sus excompañeros a través de la red social X (antes Twitter). Poco después, recibió una carta con el mismo texto, también sin explicación alguna.
En su orden judicial, la jueza Antongiorgi Jordán subrayó que, aunque la Ley Promesa concede al presidente autoridad para remover a los miembros de la JCF, dicha acción debe estar sustentada en una causa válida.
“Cuando un presidente ignora la ley, los cimientos de la democracia comienzan a quebrarse. Una democracia fuerte descansa en una vigilancia constante para asegurar que sus líderes sigan las reglas que juraron defender. En este caso, el presidente intentó remover a los demandantes de la junta fiscal sin siquiera intentar articular una ‘causa’. Dicha acción fue claramente contraria a la ley”, sentenció la jueza en su fallo.
