Por Redacción Es Noticia
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El secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, informó una transacción legal mediante la cual recibirán sobre $7.5 millones para contrarrestar los efectos del uso ilegal de los cigarrillos electrónicos o vapeo entre menores de edad.
Explicó que Puerto Rico se unió a 34 estados y territorios de Estados Unidos en una investigación contra JUUL Labs, Inc., principal fabricante de cigarrillos electrónicos, señalado por sus prácticas de mercadeo ilegales y engañosas para fomentar el vapeo entre jóvenes y niños.
“Como resultado de la investigación, presentamos una demanda por consentimiento en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, mediante la cual exigimos el cese y desista de las prácticas ilegales y engañosas ejecutadas por la empresa JUUL dirigidas a menores de edad«, detalló.
Entre los hallazgos, se descubrió que JUUL, con conocimiento de su ilegalidad, utilizó campañas publicitarias para atraer a millones de menores de edad para que adquirieran sus productos de vapeo.
Alteraron la composición química para que resultaran más atractivos a los jóvenes. También engañaron a los consumidores en cuanto al contenido de nicotina y la adicción que provocan los cigarrillos electrónicos.
La compañía dirigía sus estrategias a los menores a través de fiestas de lanzamiento en las que distribuía muestras gratuitas, así como anuncios y publicaciones en redes sociales, utilizando figuras de moda entre la juventud.
La empresa confiaba en la inefectividad de las medidas de verificación de la edad previo al consumo.
“Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, para el año 2019, el 13.1% de los jóvenes en Puerto Rico entre las edades de 15 a 18 años había probado el cigarrillo; mientras el 35.8% había utilizado el cigarrillo electrónico”, informó el secretario auxiliar de la OAM, el abogado Guarionex Díaz Martínez.
Además de la compensación económica, JUUL también debe cumplir con estrictas medidas cautelares que limitan sus prácticas de venta y mercadeo.
No podrá colocar anuncios en vallas o billboards ni en vehículos de transportación pública; tampoco podrá vender cigarrillos con sabores sin la aprobación de la FDA ni hacer una representación falsa sobre el contenido de nicotina de sus productos; tiene prohibido permitir acceso a sus páginas cibernéticas sin verificación de la edad ni utilizar influencers; tampoco distribuir muestras gratuitas, entre otras.
El acuerdo incluye restricciones en torno al lugar donde se colocarán los productos en las tiendas y limita las ventas al detal y en línea.
La cifra millonaria será remitida en un plazo de seis a diez años a la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA).
El vapeo entre los adolescentes aumentó desmedidamente después de la llegada de JUUL al mercado en el año 2015, lo que llevó a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) a declarar una “epidemia”. En el año 2016, las ventas incrementaron un 700%, y para el 2018 la empresa dominaba el 75% de todo el mercado, impactando sobre cinco millones de menores aproximadamente.
