Por Redacción Es Noticia
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La secretaria auxiliar de lo civil del Departamento de Justicia, Tania Fernández Medero, informó el viernes que presentó una moción de reconsideración y relevo de orden para impugnar la entrega al Senado de información contributiva confidencial del licenciado Antonio Sagardía.
Una orden judicial exige al Departamento de Hacienda la entrega, a lo que se opone la agencia, de información contributiva correspondiente a los años contributivos 2024 y 2025, luego de una solicitud del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, bajo apercibimiento de desacato civil.
“La Constitución de Puerto Rico, en su Artículo II, Sección 8, establece un mandato de confidencialidad estricto sobre la vida privada. Las planillas son comunicaciones privilegiadas entre el contribuyente y el Estado”, dijo Fernández Medero en declaraciones escritas.
“Romper ese sello sin cumplir rigurosamente con los criterios de excepción establecidos en la ley no solo es una irregularidad procesal, sino un precedente peligroso para todos los puertorriqueños”, indicó.
Fernández Medero sostuvo que la defensa planteada no se limita al caso de un solo contribuyente, sino que procura proteger las garantías constitucionales de toda persona que rinde planillas en Puerto Rico. También afirmó que el cumplimiento estricto del ordenamiento jurídico es la única vía para resguardar la información privada frente a cualquier rama de gobierno.
La funcionaria indicó que la posición del Departamento de Justicia se apoya en la Sección 1001.01 del Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011 y en el caso Rullán v. Fas Alzamora, 166 DPR 742 de 2006, que limita la divulgación de esos documentos. Además, advirtió que permitir acceso a esa información sin base jurídica suficiente vulnera el sistema de derecho.
Mientras, el secretario de Hacienda, Ángel L. Pantoja Rodríguez, indicó que tenía el deber indelegable de «proteger la confidencialidad de la información que los contribuyentes someten ante el Departamento de Hacienda. Son garantías que se le deben honrar a todos los contribuyentes en Puerto Rico, conforme a la Carta de Derechos del Contribuyente, establecida en el Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011».
«La Moción de Reconsideración presentada ayer por el Departamento de Justicia, tiene el objetivo de que el Tribunal se exprese en torno al alcance de la protección constitucional del derecho a la intimidad de los contribuyentes y que cualquier determinación sea consistente con los dictámenes previamente establecidos por nuestros tribunales».
«Dicha reconsideración no se trata-en ningún aspecto-de limitar la transparencia en los procesos de gobierno ni coartar de ninguna manera las facultades y los poderes investigativos de la Asamblea Legislativa. Se trata de ejercer mi función como Secretario de Hacienda y los deberes del cargo responsablemente, en balance con los derechos de todos los contribuyentes en Puerto Rico y conforme al marco legal que rige nuestro estado de derecho».
«Los derechos constitucionales son protecciones y garantías mínimas que le cobijan a todos los ciudadanos. Proteger la confidencialidad de la información contributiva es proteger la confianza del pueblo de Puerto Rico en el Departamento de Hacienda. Ese es un compromiso que asumo todos los días con la mayor seriedad», expresó por escrito.
