Por Redacción Es Noticia
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Además de los dos referidos sobre la gobernadora Wanda Vázquez enviados al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI), el Departamento de Justicia mantiene una tercera investigación en curso que también incluye a la mandataria.
Así lo pudo corroborar el periódico El Vocero con la presidenta del PFEI, Nydia Cotto Vives, pero esa tercera pesquisa todavía no ha sido referida a esta entidad.
“Dos casos llegaron y uno no lo han enviado”, señaló Cotto Vives a preguntas de este medio.
La tercera investigación trata sobre la compra fallida por $38 millones de pruebas para detectar el Covid-19 a la empresa Apex General Contractors. El caso está aún ante Justicia y la pesquisa se inició en junio.
De los dos referidos a la gobernadora, uno trata sobre el presunto manejo inadecuado de suministros para damnificados por los terremotos por parte de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef) y el otro —que surge en diciembre de 2019 por una querella presentada por el grupo Servidores Públicos con Dignidad— no tiene una recomendación para investigación.
Revelan correos electrónicos
Ayer también trascendió que contrario a lo que había dicho originalmente la renunciante secretaria de Justicia, Wandymar Burgos, sí tenía conocimiento de los referidos de esa agencia al PFEI, según un correo electrónico que le envió la directora de la División de Integridad Pública de esa agencia, la fiscal Phoebe Isales.
Burgos había intentado justificar la paralización de la entrega de documentos al PFEI el pasado lunes, al alegar que desconocía de qué se trataban. Este acto ha desatado cuestionamientos de posible obstrucción a la justicia y también provocó su renuncia a solo cinco días de su designación al cargo.
Uno de los correos electrónicos que fue enviado por Isales a Burgos con copia a Marilyn González y Magalis Morales —según publicado por el analista Jay Fonseca y con fecha del 6 de julio— indica que “estoy enviando en diferentes correos los informes que se habían firmado el viernes pasado y se había coordinado la entrega con el PFEI, hace un par de semanas. La agente está de camino a la oficina del PFEI para la entrega. El tamaño de alguno de los archivos electrónicos es muy voluminoso, por lo que no caben en un solo correo”.
Asimismo, hay otro correo con fecha del 6 de julio enviado por Burgos a Isales en el que le responde que tenía conocimiento del asunto.
“Agradeceré según conversado haga las gestiones para que el agente me haga entrega en la Oficina de la Secretaria de los informes que se prepararon/compaginaron original previo a otra gestión. Igualmente, enviarme copia de los comunicados de la coordinación hace dos semanas a la que hace referencia abajo”, reza la respuesta de Burgos.
El 7 de julio Isales le envía un correo electrónico a Burgos con copia a González, Morales y a la nueva secretaria interina de Justicia, Inés Carrau Martínez, en el que le comunica que “la agente ya salió para la PFEI con los informes y las cartas. El trámite de ordinario es largo, pero, tan pronto llegue con las copias ponchadas, las haremos llegar a su oficina”.
Entretanto, Burgos le contestó a Isales: “Proceder a entregar hoy los informes de la PFEI sin falta. Marilyn González le hará entrega de los seis cartapacios que ayer se recibieran en la Oficina de la Secretaria. Indispensable que me haga llegar copia del acuse de recibo con fecha de hoy 7 de julio por parte de la PFEI. Estricto cumplimiento”.
Reacción al cambio de mando
Por otro lado, el legislador popular Luis Vega Ramos comentó que el gobierno utilizó a Burgos “como un pararrayo para evitar enfrentarse a la verdadera situación problemática, que es el rol de la gobernadora en un potencial proceso de obstrucción a la justicia, de traqueteo con testigos y de probable utilización de los cargos públicos para beneficio personal”.
Mientras, el portavoz de la mayoría novoprogresista en la Cámara, Gabriel Rodríguez Aguiló, insistió en que la renuncia de Burgos es lo correcto. “No tenía otra salida, tenía que renunciar porque su primera actuación fue intervenir inadecuadamente al pedir de vuelta unos informes que ya estaban en la oficina del PFEI. Ciertamente fue una imprudencia y demuestra cuál iba a ser su proceder en Justicia”, sostuvo.
Por su parte, el representante independentista Denis Márquez señaló que aunque Burgos actuó de manera indebida se debe investigar si hubo instrucciones de La Fortaleza o de la gobernadora a estos fines. “Aquí hay un grave problema de credibilidad, hay un grave problema de posibilidad de delitos por parte de varios funcionarios —incluyendo la gobernadora y el PNP— para tratar de que no se convierta esto en el verano del 2020, y en un reclamo masivo de indignación se han enfocado en la secretaria de Justicia”, dijo.
El Vocero solicitó información ayer tarde a la designada secretaria interina de Justicia, Carrau Martínez, pero no hubo reacción. Solo emitió declaraciones escritas tras su designación. La funcionaria indicó que llegó a Justicia con la promesa de que “el trabajo que realizan los fiscales, abogados, procuradores, registradores y todo el personal que allí labora… permitirá darle continuidad a los proyectos e investigaciones en curso”.
