Por CyberNews
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El secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, inició este lunes, el proceso para destituir a la cabildera/delegada congresional, Elizabeth Torres Rodríguez, por su supuesto incumplimiento «craso con los deberes y funciones del cargo para el cual fue electa».
Tras completar una evaluación de carácter civil, Emanuelli Hernández, en representación del Gobierno de Puerto Rico, presentó en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan un recurso legal especial solicitando la destitución de Torres Rodríguez, de conformidad con lo establecido en la Ley 167 de 2020, mejor conocida como la Ley para Crear la Delegación Congresional de Puerto Rico.
“A pesar de que la señora Torres Rodríguez se comprometió bajo juramento a adelantar los objetivos de la Ley 167-2020 y a trabajar activamente a tiempo completo para tal fin, sus actuaciones y manifestaciones demuestran que no ha estado ejerciendo las funciones conforme lo requiere dicho estatuto y en cumplimiento con el mandato de los electores. Desde su juramentación hasta el presente, Torres Rodríguez no ha hecho actos afirmativos para exigir al Congreso federal que proceda a admitir a Puerto Rico como un estado de Estados Unidos. Por el contrario, en múltiples ocasiones y constantemente desde su juramentación, ha manifestado que no reconoce el objetivo de la Ley 167-2020 y que la delegación congresional debe ser disuelta”, explicó el Secretario de Justicia en conferencia de prensa.
De acuerdo a la Ley 167 de 2020, para cumplir con el mandato de los electors, los delegados congresionales tienen el deber de exigirle al Congreso federal que respete y haga valer el resultado del Plebiscito de 2020. Con el fin de que se evidence lo encomendado, los delegados, tienen que presentar un informe sore sus gestiones al Gobernador de Puerto Rico cada 90 días. Sin embargo, en sus informes la delegada se concentra en criticar y rechazar el plebiscito.
Asimismo, en aras de degradar la importancia de la votación, Torres Rodríguez solicitó la disolución de la delegación a la que pertenece, y la celebración de un nuevo plebiscito. Este reclamo es completamente contrario al juramento que hizo de hacer valer el Plebiscito de 2020.
Además, en uno de sus informes indicó que no ofrecerá ningún detalle sobre la estrategia a ejecutar y personas contactadas. “La delegada especial pretende unilateralmente informar las gestiones presuntamente realizadas una vez culmine el término de su mandato en el 2024 y se le haya desembolsado más de un cuarto de millón de dólares en fondos públicos por sus alegadas estrategias ocultas o secretas. Es decir, pretende no rendir cuenta de las funciones a las cuales fue electa, según establece la Ley Núm. 167-2020′, reza el recurso legal incoado ante el tribunal.
Como otra acción que demuestra el incumplimiento de la delegada, se señala que esta decidió unilateralmente no entregar el tercer informe impreso y, en cambio, publicó un video en su página electrónica. “Con tal acto obvió el mandato expreso de la ley y no cumplió con su responsabilidad estatutaria de presentar ante el Gobernador un informe sobre sus gestiones para exigir al Congreso la admisión de Puerto Rico como un estado”, añade la demanda.
Los dos informes escritos publicados y el video que hizo en sustitución de su tercer informe confirman que la delegada falla en presentar hechos concretos que demuestren haber cumplido con sus obligaciones y deberes y que se limita a intentar difundir sus opiniones y críticas al Gobierno, a los medios de comunicación y a los demás delegados.
Asimismo, el recurso legal presentado por la Secretaría de lo Civil de Justicia dispone que “sus actuaciones y manifestaciones dejan claro que no reconoce a la delegación a la que pertenece y que ha abdicado de realizar en sus funciones estatutarias”.
“A la señora Torres Rodríguez no se le paga su salario para que invierta su tiempo en asuntos personales y rechace cumplir con su función de hacer valer ante el Congreso el Plebiscito de 2020, justificando su salario con una bitácora de opiniones y quejas personales. Si bien la peticionada tiene derecho a ejercer su libertad de expresión, a la misma vez tiene la obligación de realizar las gestiones por las cuales fue electa. Con sus actuaciones, defrauda a los electores que depositaron en ella su confianza como delegada”, señaló el secretario, quien considera un mal uso de fondos públicos remunerar a una persona que no está realizando sus funciones como delegada.
Las expresiones y manifestaciones de la señora Torres Rodríguez demuestran que está utilizando su cargo como delegada congresional para adelantar otros objetivos personales ajenos a la Ley 167-2020. Por lo cual, la erogación de fondos públicos para pagar un salario a Torres Rodríguez como delegada congresional no tiene justificación válida alguna.
“Sus críticas y denuncias sobre situaciones que a su entender afectan al pueblo, no son parte de sus funciones y no puede utilizarlas como justificación para rendir cuentas sobre sus gestiones.
Tiene total derecho de hacerlas en su carácter personal, pero no puede obviar las funciones para las que fue electa justificando que es una funcionaria pública y que, como tal, sus funciones son atender las necesidades del pueblo. Para so existen otras posiciones públicas a las cuales puede aspirar”, añadió Emanuelli Hernández.
El secretario explicó que, conforme al estado de derecho en Puerto Rico, para suspender el pago de salario a la delegada, tiene que llevarse a cabo el procedimiento correspondiente, ya que esta tiene derecho a que se le garantice el debido proceso de ley.
Actualmente, Torres Rodríguez devenga un salario de $90,000 al año y podría solicitar hasta $30,000 anuales en reembolsos. Estos fondos provienen del presupuesto asignado por el Gobierno de Puerto Rico a la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA, por sus siglas en inglés), por lo que es dinero que proviene del Pueblo y se consideran fondos públicos.
“Permitir que la señora Torres Rodríguez permanezca como delegada de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos de América menoscaba la política pública vigente del Gobierno de Puerto Rico y derrota el propósito de la Ley Núm. 167-2020 en la consecución ante el Congreso de la admisión de Puerto Rico como estado de la Unión. Además, permitir que la señora Torres Rodríguez permanezca como delegada representa la erogación de fondos públicos para propósitos ajenos a la función pública”, lee la demanda.
“El incumplimiento e incompetencia de la señora Torres Rodríguez resulta en una burla al electorado puertorriqueño”, añade.
La Delegación Congresional de Puerto Rico electa para el término 2021-2024 comenzó sus labores en Washington, DC, a partir del 1 de julio del 2021 y culminarán sus labores el 31 de diciembre del 2024.
