Por Todas y Centro de Periodismo Investigativo
La falta de inventario de rentas a largo plazo es un problema que afecta a muchas personas en Puerto Rico, donde el 32% de las casas ocupadas son alquiladas, de acuerdo a datos del Censo para el 2020. Sin embargo, las poblaciones vulnerables, como las víctimas sobrevivientes de violencia en relaciones de pareja, se ven aún más impactadas por este problema.
Cuando una sobreviviente llega a un albergue de emergencia, se le crea un plan individualizado en el que se determinan los servicios que necesita para estabilizar su vida, luego de una experiencia traumática de violencia. Una vez recibe los servicios y su vida está, dentro de las circunstancias, más normalizada, se comienza un proceso de identificación de vivienda. Así, se desarrolla la independencia y la autosuficiencia de las sobrevivientes.
Coraly León Morales, directora ejecutiva de la organización Casa Protegida Julia de Burgos -que cuenta con dos albergues de emergencia- aseguró que la búsqueda de viviendas para alquiler usualmente tomaba un mes, incluso menos. Ahora, en coincidencia con lo que el planificador José Rivera Santana ha descrito como un acelerado proceso de gentrificación, que conlleva el encarecimiento del espacio y desplaza a las personas pobres para dar oportunidad a las ricas, la reubicación de las participantes en hogares transitorios puede tomar tres o cuatro meses.
Rivera Santana mencionó que la proliferación durante los últimos años de los alquileres a corto plazo y la acaparación de inmuebles y suelo por parte de inversionistas invitados a Puerto Rico con leyes de incentivos, ha provocado el aumento del valor de las propiedades y es una de las razones para la aceleración del desplazamiento. Esto se suma a lo que considera un problema endémico: la brecha entre el precio promedio de la vivienda en el mercado y el promedio de ingreso familiar. “Esa brecha no se ha cerrado, sino que se ha ampliado mientras los proyectos de construcción se concentran en viviendas de alto costo”, explicó el planificador.
“Los eventos como el huracán María, los terremotos, incluso, la pandemia, profundizan esa inequidad y los espacios de vivienda que quedan vacantes, los toman los inversionistas, que no vienen con una actitud de reducir esas inequidades, sino que vienen a capitalizar, lo que entienden que fue la invitación que le hizo el país”, expuso Rivera Santana.
La situación tiene un efecto dominó en los servicios que ofrecen los albergues, pues en la medida en que las sobrevivientes no pueden ser ubicadas en viviendas fuera del albergue, menos espacios disponibles quedan para otras mujeres que necesitan refugio para salir de los ciclos de violencia doméstica. Además, ha requerido un mayor esfuerzo del personal de los albergues el convencer a los arrendadores de conceder un espacio de vivienda digna y rápida a las sobrevivientes.
“La dificultad que estamos teniendo es que muchos de los lugares que originalmente teníamos acceso se están convirtiendo en Airbnb o han aumentado (su costo) considerablemente. Cuando digo ‘aumentado’ es que se ha duplicado y triplicado la renta”, expresó León Morales específicamente sobre su experiencia en el área metropolitana. En el último año, estimó, la organización ha perdido a unos seis arrendadores que alquilaban viviendas para participantes de Casa Julia. La organización se encuentra actualmente negociando con otros arrendadores que han expresado su interés de salir del programa de vivienda de Casa Julia para ofrecer sus espacios en alquileres de corto plazo, con los que ganarían más dinero.
Desde la implementación de la Ley 22 aprobada en 2012 en Puerto Rico, que atrae a inversionistas extranjeros con incentivos contributivos, el acceso a vivienda asequible para las sobrevivientes es un reto cada vez mayor, explicó por su parte Lisdel Flores, directora ejecutiva de Hogar Ruth, que maneja tres programas de vivienda para sobrevivientes de violencia doméstica, agresión sexual, asecho y violencia en citas.
“Uno de los retos más grandes ha sido provocado por esta situación de la llegada de inversionistas a Puerto Rico, que están comprando (propiedades) desmedidamente. El reto mayor ha sido ese, la falta de inventario, porque, por primera vez, tengo que decir que no hay falta de recursos”, dijo Flores, quien señaló que hay una cantidad “histórica” de fondos disponibles que subsidian las rentas de las sobrevivientes.
Añadió que, aunque el cambio en la asequibilidad de la vivienda se observa desde el paso del huracán María en el 2017, la situación se ha agudizado a partir de la pandemia por COVID-19. Según datos de la Agencia Federal de Financiamiento de Vivienda, en los últimos dos años, los precios de vivienda en Puerto Rico han aumentado 24%.
Para la antropóloga cultural Rima Brusi, la relación entre la gentrificación y la falta de inventario de viviendas asequibles para la reubicación de sobrevivientes de violencia doméstica es de esperarse y destacó que hay un vacío de conocimiento académico sobre cómo opera el fenómeno en Puerto Rico, más aún con perspectiva de género.
El encarecimiento de la vivienda afecta mayormente a personas vulnerabilizadas, y se agrava por factores de raza, género y clase social, explicó.
Respuesta gubernamental
La subprocuradora de las mujeres, Madeline Bermúdez, no fue específica en las medidas de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) para atender la situación, más allá de subvencionar a las organizaciones feministas que ofrecen los servicios que el Estado no provee.
Aseguró que la OPM ha llevado su preocupación sobre el asunto a las mesas de trabajo en las que participa, pues los datos de estudios que han desarrollado para su uso interno evidencian cómo la gentrificación afecta la vida de las mujeres.
“Es un trabajo que comenzamos y estamos dando los primeros pasos: asegurarnos que estén los recursos, asegurarnos que se entienda la problemática, dejar saber cuál es la situación actual y cómo ha ido en aumento”, sostuvo.
Para contrarrestar la situación, el secretario del Departamento de la Vivienda, William Rodríguez Rodríguez, dijo que ha asignado fondos de recuperación que subsidian la construcción de proyectos de vivienda de interés social. “El Estado asume su responsabilidad de contribuir a preservar y aumentar el inventario, a través de la inyección de fondos, en este caso, federales”, mencionó, aunque esto no resuelve el problema de manera inmediata.
El secretario destacó la asignación de fondos CDBG-DR para que los albergues que atienden a las víctimas de violencia doméstica optimizaran, expandieran o crearan espacios de vivienda para las sobrevivientes. Informó que el tope del programa es de $2.5 millones, de los que $950,000 fueron asignados al Hogar Ruth y $270,000, a la Casa Protegida Julia de Burgos.
La directora ejecutiva de Casa Protegida Julia de Burgos indicó que los fondos que recibió el albergue fueron asignados para mejoras de resiliencia ante el posible azote de otro huracán, como instalación de placas solares, sellado de techo y equipo para la cocina. Ese dinero, dijo, no está destinado a resolver el problema de acceso a vivienda para las participantes y no puede usarse para un propósito diferente al que se otorgó.
Por su parte, la directora de Hogar Ruth señaló la dilación en el desembolso de fondos para el desarrollo de las construcciones de expansión. “No es que no hay el recurso económico, creo que es la voluntad de mover las cosas de manera más expedita, con menos burocracia y de desarrollar los programas que tengamos que desarrollar”, dijo Flores.
Las mujeres son doblemente víctimas del desplazamiento
Brusi definió la gentrificación como un proceso en el que aumentan los precios tanto de alquiler como de venta de propiedades en un sector particular, cuando este se vuelve, por alguna razón, más deseable para una población más pudiente que la que vive originalmente en ese lugar.
Asimismo, dijo que, en el contexto puertorriqueño, se debe tomar en cuenta el aspecto colonial, pues los gentrificadores que se observan en el archipiélago no son solo personas con mayor capital económico, sino que también son principalmente estadounidenses.
“Al final del día, cuando hablamos de gentrificación, estamos hablando fundamentalmente de desplazamiento. Te están desplazando de tu hogar, de tu barrio, de tu pueblo, de tu derecho a una vivienda digna”, enfatizó la antropóloga.
De esta manera, las sobrevivientes de violencia doméstica son doblemente víctimas de desplazamiento, por la violencia de género y por la gentrificación.
“La manera en cómo se está proyectando al país, como un paraíso fiscal, afecta a las personas pobres y afecta a sobrevivientes de violencia doméstica que están en busca de poder retomar sus vidas”, expuso León Morales.
Brusi instó a prestar atención a una nueva ola de trabajadores que se mudaron a Puerto Rico para prestar servicios a los estadounidenses adinerados, que prefieren emplear a personas que hablen su idioma y se vean como ellos. Estos trabajadores, que ella considera gentrificadores de clase media, afectan directamente el acceso a las viviendas en poblaciones vulnerables. Aunque no son ricos, tienen mayor poder adquisitivo que la mayoría en Puerto Rico. De esta manera, es más atractivo para los arrendadores alquilarles viviendas a estas personas, en vez de trabajar con programas como, por ejemplo, Sección 8. Este programa consta de unos vales, subsidiados con fondos federales, que permiten que las personas de bajos ingresos escojan libremente su vivienda y evitan que se concentre la pobreza en determinada área geográfica.
Brusi explicó que, para los arrendadores, es muy atractivo alquilar a estos nuevos habitantes porque, contrario a los programas de vivienda subsidiada, no tienen que tener una relación con las entidades administradoras de los fondos, esperar a su aprobación, ni mantener control de precios.
Flores explicó que, previo a la llegada de los inversionistas beneficiarios de la Ley 22, los programas de vivienda transitoria que ofrecían los albergues eran muy atractivos para los dueños de las propiedades porque les aseguraban el pago de la mensualidad.
“Dejamos de ser atractivos desde el huracán María para acá, cuando todos los costos aumentaron y cuando se ha proliferado de esta manera tan absurda el Airbnb y las rentas a corto plazo, que es un negocio que no está necesariamente regulado”, sostuvo la directora de Hogar Ruth. También destacó que este no es un problema exclusivo de las sobrevivientes, sino que también afecta a toda la clase trabajadora.
El secretario de la Vivienda rehusó catalogar la situación como “gentrificación pura porque creo que se deben dar unos factores particulares donde se dan unos desplazamientos bien específicos de comunidades”, e instó a tomar el tema “con pinzas”.
Además, Rodríguez Rodríguez no coincide en que el proceso de encarecimiento de la vivienda se diera a partir del huracán María. Por el contrario, dijo que lo que hubo fue una disminución en el valor de las propiedades y un éxodo de personas.
Sin embargo, Brusi fue específica en que la gentrificación en Puerto Rico precisamente se vio tras la emigración forzada, en 2017, luego de los huracanes, desastres naturales que se convirtieron en políticos.
“Gentrificación es un término bien útil, pero se queda corto para describir lo que está pasando en Puerto Rico. En Puerto Rico, tenemos que evaluar el ángulo de desplazamiento, la gentrificación como el desplazamiento de una población. Entonces, añadirle un elemento cultural, un elemento de asentamiento colonial y un elemento de emigración forzada: la expulsión de gente del país por razones económicas”, puntualizó la antropóloga cultural.
Implicaciones en los procesos de recuperación e independencia de las sobrevivientes
El hecho de no tener una vivienda segura, aunque sea transitoria, incide en el proceso de sanación de las sobrevivientes. Si no tienen sus necesidades básicas cubiertas, no podrán enfocarse en su proceso de atender los traumas remanentes de la violencia.
“Todos esos ambientes que están relacionándose con ella, no van a permitir que ella sane adecuadamente. De hecho, podrían incidir en regresar a la relación o estar en una relación igualmente violenta, quizás por el desespero de solucionar este caos [de falta de vivienda] con el que están lidiando en ese momento”, indicó Flores.
Los programas de apoyo en la búsqueda de vivienda incentivan, también, que las mujeres aumenten sus ingresos, para que puedan autosostenerse una vez termine el periodo del subsidio, que generalmente dura dos años.
A medida que la gentrificación provoca el encarecimiento del costo de vida, se dificulta que las sobrevivientes puedan desarrollar su independencia económica.
“Cuando se acaben esos fondos, ¿esas sobrevivientes van a poder asumir la renta? Esa es mi preocupación. ¿Puerto Rico es habitable para las sobrevivientes, si sigue aumentando el costo de vida?”, cuestionó la directora ejecutiva de la Casa Protegida Julia de Burgos sobre el dinero que subsidia las rentas de viviendas transitorias hasta por dos años, tiempo que se puede extender, dependiendo del caso.
Requisitos de los programas no van acorde con la realidad del mercado
Flores, por su parte, dijo que los indicadores que establecen cuánto se puede pagar por el alquiler de las viviendas para las sobrevivientes deben cambiar, pues son determinados por la mediana de ingresos en Puerto Rico, que es $21,058, según datos del Censo de 2020.
El Fair Market Rent (FMR) del Departamento de la Vivienda federal (HUD, por sus siglas en inglés) determina cuánto deben costar los alquileres subsidiados. Por ejemplo, una propiedad, en Jayuya, de un cuarto que incluya pago de agua y luz debe costar unos $370, según HUD. Al hacer una búsqueda en Clasificados Online, página en la que el personal de los albergues generalmente realiza su búsqueda inicial, el único alquiler encontrado fue de $395 mensuales.
De acuerdo con datos de Abexus Analytics, hospedarse una noche en un alquiler a corto plazo en Jayuya, para marzo del 2022, costaba en promedio $470. Este precio se supera únicamente por Dorado, donde el alojamiento costaba $550, por noche.
“Yo insisto mucho con esto porque me preocupa lo que estoy viendo y me preocupa lo que va a suceder en el futuro en esta realidad de que ha llegado mucho dinero a Puerto Rico, hay muchos recursos económicos, pero no se ajustan a nuestra realidad. Vamos a perder los fondos y vamos a seguir teniendo gente en la calle”, advirtió Flores sobre el dinero que ha llegado a Puerto Rico por los huracanes, terremotos y pandemia. Estos fondos tienen un periodo determinado para su uso. De no utilizarse, por la inaccesibilidad en el costo de las viviendas, podrían perderse.
Dijo que llevó esta preocupación a la secretaria del HUD, Marcia Fudge, quien estuvo en Puerto Rico hace unas semanas. Flores le pidió elevar el reclamo al Congreso de Estados Unidos, el único organismo que puede enmendar la forma en que se determina el FMR.
El secretario Rodríguez Rodríguez dijo que en todas las reuniones que tuvo con la secretaria Fudge hubo dos reclamos claros, contundentes y persistentes: el aumento del FMR y el del límite de ingresos para ser elegibles para los programas de vivienda.
Brusi entiende que el desfase entre los indicadores para la búsqueda de vivienda subsidiada, los costos de los alquileres y la mediana de ingresos en Puerto Rico es, en sí mismo, una medida para calcular la gentrificación en el país.
Para León Morales, el acceso a la vivienda es un asunto de derechos humanos. “En la medida en que no tenemos ese lente feminista, desde la política pública, pues también le estamos fallando a las sobrevivientes y seguimos sumándole a esa deuda histórica que tenemos con sobrevivientes de violencia de género”, dijo.
Pese a las dificultades que enfrentan los albergues, la directora ejecutiva de Hogar Ruth instó a que las víctimas de violencia doméstica no dejen de procurar sus servicios. “Es importante que salgan de esa relación y que confíen en que, en estos programas, las vamos a ayudar. Nosotros no vamos a descansar hasta poder hacerlo y ubicarlas. Es un reto, pero yo creo que, desde las organizaciones, nosotras estamos tan acostumbradas a trabajar con tantos retos… Confíen en que nosotros lo vamos a hacer”, enfatizó.
Urge estudiar el fenómeno para proponer soluciones
Brusi propuso que se hagan estudios que midan la gentrificación en Puerto Rico, y que la investigación no se limite a la academia. Mencionó que debe ser un asunto de participación ciudadana que integre a activistas, a la prensa y a personas en general.
Considera que, aunque es obvio para toda la población el aumento en el costo de vida y la proliferación de los alquileres a corto plazo, debe describirse el fenómeno, buscar maneras de medirlo y proponer creación o enmiendas de políticas públicas para atender la situación.
Advirtió tener cautela con soluciones como la creación de sectores de vivienda asequible que agrupen a las personas pobres en un determinado espacio y a las ricas en otro, porque son políticas que constribuyan a la discriminación y al desplazamiento.
