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Llueven las peticiones de vistas ejecutivas en investigación sobre pruebas de COVID-19

Por CyberNews

redaccion@esnoticiapr.com

 

El presidente de Apex General Contractors, Robert Rodríguez, solicitó a la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes que su testimonio se realice en una vista ejecutiva porque teme por su seguridad.

Igualmante, su abogado, Juan Ramón Acevedo, le entregó una carta a la Comisión en la que notifica que su cliente coopera con las autoridades estatales y federales.

La Comisión accedió a realizar la vista ejecutiva para hacerle preguntas al presidente de Apex y a su abogado.

Mientras, Ricky Castro, presidente de la empresa Castro Business también solicitó a la Comisión declarar en una vista ejecutiva.

El dueño de 313 LLC, Ricardo Vázquez, no compareció a la vista pública ni remitió alguna comunicación o excusa por lo que pudiera ser citado bajo pena de desacato. El Bufete Negrón Matta, representantes legales de Vázquez, también solicitó vista ejecutiva.

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Durante el interrogatorio al empresario Ricky Castro, éste indicó que las pruebas que consiguió en California sí eran avaladas por la FDA y costaban a $19 con el flete incluido por prueba.

Explicó que bajo una negociación se logró bajar ese precio y así obtendría una ganancia de poco más de un dólar. El precio final que lograron fue de $13.

Castro Business logró entregar 8,000 pruebas que fueron vendidas a otro comprador.

“El 26 de marzo le envié a Celeste Robles -a las 2:01 de la tarde- información sobre las pruebas a $18”, declaró Castro sobre su intención de vender 500 mil pruebas.

“El Departamento de Salud aun teniendo esa información, decidió adjudicar la compra a una compañía de construcción, Apex duplicando el costo de las pruebas”, dijo por su parte el representante Morales.

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