Por Miguel Díaz Román
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A semanas de que comience el periodo más activo de la temporada de huracanes, que suele discurrir entre mediados de julio hasta finales de septiembre, y mientras continúa el suroeste padeciendo del embate de terremotos frecuentes de variada intensidad, el gobierno no ha logrado identificar los refugios necesarios para sustituir las 29 escuelas declaradas no aptas a consecuencia de los daños sufridos por los sismos en la región de Ponce.
En caso del inminente azote de un huracán y ante la posibilidad de que no se haya podido identificar y certificar los refugios necesarios en determinados pueblos, el gobierno planifica transportar personas a los refugios ubicados en los pueblos más cercanos en guaguas.
Luego, cuando estas personas se encuentren alojados en esos refugios, deberán cumplir con un estricto protocolo ordenado por el Departamento de Salud para evitar la dispersión del coronavirus, que los obligará a permanecer sin libertad de movimiento en el lugar que se le asigne y bajo la vigilancia de un personal de seguridad, cuya responsabilidad será hacer respetar el distanciamiento social y evitar la aglomeración de personas.
Incluso, el distanciamiento social ha reducido de manera sustancial la cantidad de personas que pueden permanecer en refugios, lo que complica aún más la necesidad de identificar más instalaciones seguras y con espacio suficiente en los pueblos para acoger refugiados.
Además, en caso de que la emergencia sea causada por un sismo, el gobierno estima levantar campos de refugiados en carpas, similares a los utilizados durante la emergencia provocada por los sismos a principios de año, en los que también se deberá cumplir con el estricto protocolo para controlar la dispersión del coronavirus, lo cual requerirá una efectiva y rápida respuesta de parte del gobierno con el fin de evitar que la ciudadanía afectada por la catástrofe se convierta en un gran foco de contagio.
Y mientras estas incertidumbres siembran dudas sobre el grado de preparación del gobierno para actuar ante una emergencia causada por un huracán, un terremoto o por los desastrosos efectos que causaría un sismo durante el paso de un huracán, el general José Burgos, comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), presentó el martes su renuncia al cargo, lo que implica que la principal agencia para enfrentar catástrofes se ha quedado sin dirección en medio de la temporada de huracanes.
De hecho, Burgos, quien renunció horas después de haber sido entrevistado por Es Noticia para este reportaje, indicó que, aunque los alcaldes del suroeste cuyos municipios perdieron escuelas por los daños causados por los sismos, continúan refiriendo instalaciones para que sean evaluadas por el comité interagencial que las examina y certifica como refugios, ya se han identificado refugios en pueblos aledaños a donde serán transportados las personas afectadas.
“Yo sé que todos los alcaldes quieren que sus constituyentes se queden en refugios en sus municipios, pero la realidad es que si no tenemos esos espacios en un municipio tendremos que relocalizar los refugiados a otro municipio y no será muy lejos, a una o dos salidas del expreso”, dijo Burgos.
De las 53 escuelas clasificadas como no aptas por el Departamento de Educación, unas 29 escuelas pertenecen a la región de Ponce, que está integrada por 12 pueblos. Pero los municipios más afectados han sido Guánica, Yauco, Ponce, Guayanilla y Peñuelas. De hecho, el municipio de Guánica perdió seis escuelas y solo permanece un plantel certificado como refugio, mientras Yauco y Guayanilla perdieron más de la mitad de sus planteles.
Según William Rodríguez, administrador de Vivienda Pública, que es la agencia que tiene a cargo los refugios, el municipio de Ponce tiene 10 refugios certificados, que se dividen en siete escuelas y tres facilidades comunales; Guayanilla tiene una escuela y dos centros comunales; Yauco tiene dos escuelas y un centro comunal.
“Todos los municipios del suroeste nos han expresado que necesitan facilidades adicionales. El grupo interagencial (integrado por funcionarios de Educación, Vivienda, Salud y la NMEAD) está visitando esas facilidades para evaluarlas y ver si se pueden usar. Si ocurre un nuevo sismo hay que visitarlas nuevamente para verificar que no han sufrido daño. Son facilidades públicas y privadas, y si hay que alquilarlas los fondos salen del Fondo de Emergencia”, dijo Rodríguez.
Agregó que en caso de que se deba trasladar personas de los municipios del suroeste con menos refugios, existe espacio suficiente para acoger refugiados de otros pueblos. A modo de ejemplo mencionó el pueblo de Villalba, donde se han certificado 4 refugios y de igual manera en el pueblo de Santa Isabel, donde se han certificado 3 refugios.
“En caso de un huracán tendremos entre 72 y 48 horas para trasladar a los refugiados”, indicó Rodríguez. El funcionario resaltó la importancia de los alcaldes ante el posible escenario catastrófico, planteado por el geomorfólogo José Molinelli Freytes en una reciente conferencia, sobre la ocurrencia de un temblor de magnitud considerable en medio de un huracán, lo que podría precipitar derrumbes en zonas residenciales, debido a la saturación del terreno por las lluvias y por los sismos.
Molinelli sostuvo que en la isla existen 100 comunidades ubicadas en zonas de riesgo de derrumbes. Burgos sostuvo que, tanto en caso de un huracán como de un temblor catastrófico, las figuras de los alcaldes serán cruciales para atender la emergencia debido a que conocen las comunidades de sus municipios y saben dónde se encuentran los sectores más vulnerables.
Por su parte, el exjefe del Cuerpo de Bomberos y exdirector y exdirector de la NMAED, Ángel Crespo Ortiz, sostuvo que el país no ha comprendido la gravedad de la salida de Burgos en medio de la temporada de huracanes.
“Es muy grave lo que ha ocurrido. Ha salido la figura de mayor jerarquía en el manejo de una catástrofe en medio de la temporada de huracanes y no hay una línea clara de lo que va a suceder. Yo conozco a la persona que se quedará a cargo, Marcelo Rolón, pero él tiene el mismo problema que tenía Burgos, y es que el Departamento de Seguridad Pública ha dejado sin empleados al NMAED. Hay que eliminar al Departamento de Seguridad Pública para que los directores del NMAED y de Emergencias Médicas, Bomberos y la Policía tengan autonomía y puedan tomar sus decisiones”, dijo Crespo.
En la carta de renuncia a la gobernadora, Wanda Vázquez Garced, Burgos sostuvo que “aunque no se me ha solicitado la renuncia, el ambiente político actual no me permite llevar a cabo mis funciones de la manera que me había comprometido y propuesto”. Burgos es uno de funcionarios incluidos en el informe final de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes que investiga la fallida compra de pruebas de coronavirus y fue referido al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente.
Crespo también señaló que, ante la falta de refugios y las medidas para controlar el coronavirus como el distanciamiento, el gobierno debería tener una campaña para que todo el país y en especial, las personas que potencialmente podrían necesitar un refugio en caso de una catástrofe consideren trasladarse a la residencia de un familiar o de un amigo.
“Es una alternativa que se debe considerar porque por el distanciamiento social no habrá tanto espacio en los refugios y los refugios deben ser para las personas que no tienen dónde protegerse. Es un reto muy complejo esta temporada de huracanes, en medio de la pandemia y con los temblores. Y con la falla de Punta Montalba activa, la cosa se complica aún más para el suroeste. La situación requiere estar muy alerta porque las altas temperaturas en el Caribe y en el Atlántico preocupan mucho porque alientan la formación de tormentas”, dijo Crespo.
