Por Redacción Es Noticia
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El Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), a través de su coordinadora general Ana Irma Rivera Lassén, expresó su firme y enérgica oposición al Proyecto del Senado que establecería la «Ley del Derecho Fundamental a la Libertad Religiosa en Puerto Rico».
“El MVC reafirma su compromiso con la protección de la libertad de culto como un derecho fundamental, por tal razón considera que esta medida legislativa es innecesaria, carece de justificación y pone en riesgo principios esenciales de equidad, convivencia pacífica y separación de Iglesia y Estado», indicó Rivera Lassén.
«La libertad religiosa no puede ser utilizada como excusa para justificar la discriminación, socavar derechos fundamentales o alterar el principio constitucional de separación entre Iglesia y Estado. Este proyecto, lejos de fortalecer la convivencia en nuestra sociedad, abre la puerta a conflictos y desigualdades, afectando especialmente a comunidades históricamente marginalizadas”, expresó.
La exsenadora señaló que no existe evidencia ni datos que justifiquen la necesidad de esta legislación, ya que la Constitución de Puerto Rico y el marco legal vigente ya garantizan la libertad religiosa. “El PS 0001 plantea una redundancia legislativa que pone en riesgo derechos adquiridos, al permitir que creencias religiosas se utilicen para excluir o discriminar a sectores de la población”, dijo la excandidata a la Comisaría Residente en Washington.
Explicó que este proyecto podría «afectar negativamente» la educación pública, el acceso a la salud, la función pública y los derechos de la comunidad LGBTTIQ+, entre otros ámbitos, al permitir que personas empleadas gubernamentales invoquen creencias religiosas para negarse a ofrecer servicios esenciales, lo que podría vulnerar derechos constitucionales de la ciudadanía.
Según Rivera Lassén, la aprobación del PS 0001 tendría serias implicaciones en diversas áreas fundamentales. “En el ámbito de la educación pública, se permitiría la influencia religiosa en las escuelas, comprometiendo la neutralidad del sistema educativo y limitando el acceso a una enseñanza inclusiva y libre de sesgos religiosos. En cuanto a la salud pública, se otorgarían exenciones religiosas para la vacunación de una manera que pondría en riesgo la salud colectiva y debilitaría las políticas de inmunización que han erradicado enfermedades en Puerto Rico», indicó.
«En el empleo gubernamental, se abriría la posibilidad de que personas en el empleo público se nieguen a atender a personas por razones religiosas, afectando de manera particular a la comunidad LGBTTIQ+ y a otros sectores vulnerabilizados. Finalmente, en el sistema judicial y los servicios esenciales, se podrían justificar negativas a tramitar documentos, procesar casos o brindar servicios a ciudadanos y ciudadanas cuyas creencias no coincidan con las del personal gubernamental”, esbozó.
Victoria Ciudadana reiteró que el Estado debe garantizar la neutralidad religiosa en el espacio público y proteger a toda la ciudadanía por igual, sin privilegiar una religión sobre otra ni favorecer la creencia sobre la no creencia. “El PS 0001 es una afrenta a nuestra Constitución y a los principios de equidad y derechos humanos. La verdadera libertad religiosa solo puede existir en un Estado laico, donde todas las personas tengan derecho a su fe sin que ello implique la imposición de creencias en la vida pública”, afirmó Rivera Lassén.
El Movimiento Victoria Ciudadana hizo un llamado a rechazar el proyecto porque representaría un «retroceso en la protección de los derechos fundamentales y abre la puerta a nuevas formas de discriminación y exclusión social».
