Por Redacción Es Noticia
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El plan para que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) utilice $70 millones mensuales en unidades de generación temporera continúa su curso este jueves en una vista que la AEE supuestamente solicitó fuera confidencial, luego que el Negociado de Energía denegara la participación de organizaciones ambientales y la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) que solicitaron intervenir en el proceso.
“Es escandaloso que haya una vista que la AEE pide sea confidencial para una posible transacción de 70 millones de dólares mensuales, que se elevará al final a 1,200 millones de dólares. Los detalles se desconocen y el pueblo merece saber cómo se utilizan los fondos públicos, más cuando se han ventilado interrogantes de si es realmente necesario este eventual contrato de renta y si hay otras opciones más económicas y eficientes para generar electricidad”, expresó la licenciada Laura Arroyo, de Earthjustice y portavoz de la Alianza Energía Renovable Ahora (AERA) en comunicación escrita.
Mencionó que la AEE radicó el 12 de febrero ante el Negociado de Energía la solicitud de propuestas (RFP) para un proyecto de unidades de generación temporera para compensar la pérdida de la generatriz de Costa Sur, afectada por los recientes sismos.
Asimismo, denunció que el Negociado de Energía denegó una petición de organizaciones ambientales y de la UTIER para intervenir y reconsiderar la decisión del 3 de marzo del Negociado.
Mencionó que en su decisión para denegar esta moción, el Negociado de Energía explicó que, aunque se aprobó el RFP, aún no ha concluido el proceso de la aprobación final del contrato. En su resolución plantea que esa determinación final se hará una vez se evalúen los documentos específicos de contratos que someta la AEE, sus condiciones y necesidad de esos contratos, así como los requerimientos que se hicieron a la corporación.
“No obstante, todo el trámite de esta contratación se ha dado tras bastidores y aún no se conoce el estatus de esta contratación ni el costo que resultará en la factura de los ciudadanos. E Negociado accedió a una solicitud presentada por la AEE el pasado viernes para llevar a cabo una vista sobre estas unidades temporeras, la cual será este jueves 30 de abril a las 10:00 de la mañana”, añádió.
“Vemos que el Negociado en vez de procurar transparencia, accede a continuar con una vista que al día de hoy no ha indicado si será confidencial o abierta al público. Aunque el Negociado nos otorgó hasta el viernes para someter “comentarios o sugerencias” relevantes a la etapa de la aprobación del contrato o cualquier requerimiento futuro del Negociado, no se nos ha indicado que tendremos acceso a la información que presente la AEE el jueves”, informó el licenciado Pedro Saadé.
Por su parte, Myrna Conty, coordinadora de la Coalición de Organizaciones Anti Incineración y portavoz de AERA expresó que “en nuestra petición las organizaciones reiteramos que el RFP sobre este contrato de la generación temporera falla en cumplir la regulación 8815 en términos de los requerimientos para proteger a los clientes de la corporación pública de pagar altos precios por el servicio y en términos de divulgación pública. Una vez más la AEE se niega a dar explicaciones esenciales al país mientras continúa el derroche de contratos millonarios y ahora con menos exposición al centrarse la atención pública en la crisis del coronavirus”.
Igualmente, las organizaciones de AERA cuestionan la urgencia del proceso, ya que en unas recientes expresiones José Ortiz, director de la AEE, indicó a la prensa que la corporación podría manejar el pico de consumo eléctrico en el verano sin estas unidades de generación temporera. José Ortíz informó en entrevista periodística a principios de abril que la demanda pico está un 10 por ciento por debajo (300 MW) de lo que se esperaría en un año típico para este mes y por eso él aseguró que “me siento muy confiado de que no vamos a necesitar (los generadores de emergencia) necesariamente”.
El contrato de 70 millones de dólares mensuales ocurre ante planteamientos de las organizaciones y la UTIER de que la planta de Costa Sur puede ponerse a funcionar antes de lo que ha estimado la corporación pública y de que se deben considerar alternativas de energía renovable. Ángel Figueroa Jaramillo, de la UTIER, ha insistido en que se puede reparar Costa Sur por 30 millones de dólares, labor que se realizaría en unas 12 semanas.
“Con esos fondos millonarios de las unidades temporeras se puede adelantar en estrategias de eficiencia energética para reducir la demanda y en la conversión a fuentes energéticas renovables, que es la alternativa de energía limpia y sustentable que más sentido hace para Puerto Rico”, planteó la ingeniera Ingrid Vila Biaggi, presidenta de CAMBIO y portavoz de AERA.
