Por CyberNews
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A la exdirectora ejecutiva de la Autoridad de Tierras (AT), Dorally Rivera Martínez, y a otros dos exfuncionarios de esa agencia les asignaron un Fiscal Especial Independiente (FEI) para que se les investigue sobre la posibilidad de haber incurrido en actuaciones contrarias a la ley, trascendió este miércoles.
El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) acogió la recomendación del Departamento de Justicia (DJPR) en cuanto a la designación de un FEI que, además de a Rivera Martínez, incluye a la exadministradora de Finanzas, Astrid Rivera Febres, y al ingeniero Miguel Santiago Irizarry, de la AT.
De acuerdo a la investigación preliminar del DJPR, este caso se inició con una comunicación remitida a ese departamento por Ramón González Beiró, secretario del Departamento de Agricultura. Ello, para que se realizara una pesquisa relacionada con el Programa de Infraestructura Rural y Mejoras Permanentes de la Autoridad de Tierras.
De la mencionada investigación surgió, entre otros hallazgos, que los funcionarios antes mencionados supuestamente utilizaron propiedad pública para gestiones personales y haber utilizado o permitido que se utilizaran fondos públicos para fines no autorizados por ley.
“Conforme a los documentos que se incluyen en el récord que nos fue remitido con el informe de investigación preliminar, surge prueba tendente a demostrar que los aludidos funcionarios podrían haber incurrido en violaciones al Código Penal, a la Ley de Ética Gubernamental y al Código de Rentas Internas de 2011, según relacionamos antes”, precisa el Panel en la Resolución de este caso.
Agrega la Resolución, con fecha del 8 de noviembre de 2022, que al considerar el voluminoso informe remitido por el DJPR y analizar detenidamente su contenido, se determinó acoger la recomendación del Secretario de Justicia y, en consecuencia, se designó al licenciado Emilio Arill García, como Fiscal Especial Independiente y a la licenciada Zulma Fuster Troche, como Fiscal Delegada para que realicen la referida investigación a fondo.
Los FEI contarán con un término de 90 días para realizar su investigación, según dispone la Ley 2-1988, contados a partir de la notificación de la Resolución del Panel.
