Por CyberNews
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Un conjunto de ocho organizaciones ambientales y comunitarias presentarán una objeción al Plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) ante el Tribunal federal, se informó el lunes.
El grupo argumenta que el plan interfiere con la transición a la energía renovable y viola la política pública energética de Puerto Rico.
“El costoso ‘cargo heredado’ o ‘impuesto al sol’ penaliza la energía solar residencial y obstaculiza la transición energética en Puerto Rico”, señaló la licenciada Laura Arroyo, de Earthjustice en declaraciones escritas.
Federico Cintrón Cintrón, de El Puente de Williamsburg Inc.-Enlace Latino de Acción Climática, reiteró que el plan presentado por la Junta de Control Fiscal no alinea con la Ley de Política Pública Energética, que estipula un objetivo de generación de energía renovable del 40 por ciento para el 2025.
Ernaliz Vázquez, de Sierra Club, subrayó que el Negociado de Energía es la única entidad con autoridad para aprobar el “cargo heredado”, no la Junta en el plan propuesto.
“Este objetivo se verá frustrado si el Plan de Ajuste de la Deuda actual es confirmado”, advirtió Julia Mignucci, de Mayagüezanos por la Salud y el Ambiente, Inc., refiriéndose a la disposición de la Ley 17-2019 que requiere que la energía en Puerto Rico sea accesible y asequible para todos los puertorriqueños.
Las organizaciones también advierten sobre el impacto negativo que el plan tendría en la población y la economía de Puerto Rico. Ruth “Tata” Santiago, del Comité Diálogo Ambiental, señaló que la carga económica impulsaría a aquellos que puedan permitírselo a desconectarse de la red eléctrica, provocando el colapso de los ingresos de la AEE.
“Un aumento más a los múltiples que ya ha habido nos conduce a únicamente dos escenarios: quienes tengan el poder económico optarán por abandonar la red eléctrica a través de la instalación de paneles solares en techos con almacenamiento, o quienes no tengan el lujo de desconectarse se verán obligados a abandonar el país”, aseveró Lydia Díaz, del Comité Yabucoeño Pro-Calidad de Vida Inc. (Yucae).
Mirna Conty, de Amigos del Río Guaynabo, Inc., concluyó que la Corte debe asegurarse de que el Plan aprobado no obstaculice la transición a la energía solar distribuida con almacenamiento, esté en sintonía con la Política Pública Energética de Puerto Rico y no imponga una carga económica adicional a los ciudadanos.
Las organizaciones involucradas incluyen al Comité Diálogo Ambiental, El Puente de Williamsburg Inc.-Enlace Latino de Acción Climática, el Comité Yabucoeño Pro-Calidad de Vida Inc., la Alianza Comunitaria Ambientalista del Sureste, Inc., Sierra Club Puerto Rico, Inc
