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OIG revela incumplimientos de permisos otorgados por OGPe

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Por Redacción Es Noticia

redaccion@esnoticiapr.com

 

Un examen sobre el cumplimiento con los requisitos de la otorgación de permisos de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), reflejó deficiencias relacionadas con los Permisos de Construcción Consolidados ocasionadas por el incumplimiento con leyes y reglamentos vigentes. 

Según el informe de la Oficina del Inspector General (OIG) se identificó permisos de construcción otorgados sin todas las certificaciones, información, aprobaciones y documentos requeridos, contrario a las disposiciones del Reglamento Conjunto 2020, titulado Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación de Negocios aprobado el 2 de diciembre de 2020, y del Reglamento Núm. 8514, titulado Reglamento de Regulación Profesional de la Oficina de Gerencia de Permisos (Reglamento de Regulación Profesional), aprobado el 28 de agosto de 2014.

Otro de los hallazgos describe que Ingenieros o arquitectos autorizados para emitir el Permiso de Uso Automático (APA) que otorgaron Permisos de Construcción que no poseían la credencial de Profesional Autorizado vigente al momento de otorgarlos, según lo disponen la citada Ley Núm.161-2009 y el citado Reglamento de Regulación Profesional

Se reveló además, la ausencia de auditorías por parte de la Junta de Planificación a los Permisos de Construcción otorgados por la OGPe, los Profesionales Autorizados y los municipios autónomos, a pesar de ser un requisito en Ley. 

Del 1 de enero al 31 de octubre de 2021 se otorgaron 5,424 Permisos de Construcción. El 3 de marzo de 2022, el Oficial Auditor de Permisos de la Junta de Planificación certificó a la OIG que para ese periodo solo se realizó la auditoría de un (1) permiso.

Se desprende la falta de revisión del Reglamento de Regulación Profesional de la OGPe, según lo requiere la Ley Núm. 38-2017, según enmendada, conocida como Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico.