Por Redacción Es Noticia
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Organizaciones ambientales se oponen a la extensión del contrato de quema de carbón de la empresa AES Puerto Rico, como se propone en el Proyecto de la Cámara 267.
“El historial de AES es de destrucción ambiental, violaciones a las leyes e impacto a la salud pública. Extender su operación sería una sentencia de muerte para muchas comunidades”, señaló Hernaliz Vázquez Torres, directora de Sierra Club, en su ponencia presentada a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes.
La líder ambiental expuso en su ponencia que según el Inventario de Emisiones Tóxicas de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), entre 2002 y 2023 la planta de AES emitió más de 16 millones de libras de sustancias tóxicas, incluyendo amoníaco, ácido sulfúrico y formaldehído, emisiones que han sido vinculadas con el aumento en enfermedades respiratorias y cáncer en las comunidades cercanas.
Estas declaraciones fueron suscritas, además de Sierra Club, por Vínculo Animal, Secretaría Ambiental del PIP, Toabajeños en Defensa del Ambiente, y Amigxs del Mar.
De igual forma, la licenciada Ruth Santiago Quiñones, representante del Comité Diálogo Ambiental, resaltó que la extensión del uso de carbón en la generación de energía representaría un costo demasiado alto para la salud humana y ambiental de Puerto Rico.
“Actualmente, existen alternativas viables y sostenibles, como el crecimiento de la energía solar distribuida y el almacenamiento con baterías, para garantizar el suministro eléctrico del país sin depender de combustibles fósiles. No hay justificación para seguir invirtiendo en modelos contaminantes y obsoletos como el de AES”, reiteró Santiago Quiñones.
Además, solicitó al Cuerpo Cameral a que realicen vistas públicas en Guayama, para garantizar la participación de las comunidades afectadas.
Finalmente, Víctor Alvarado Guzmán, Secretario de Asuntos Ambientales del Partido Independentista Puertorriqueño, insistió que permitir la extensión del contrato de AES para la quema de carbón no solo profundizará la crisis ambiental y de salud pública, sino que también representaría un retroceso en los esfuerzos por una transición energética justa y sostenible.
“Prolongar la existencia de esta industria criminal es condenar a nuestras familias y comunidades a seguir respirando veneno y viviendo entre cenizas tóxicas. Las comunidades afectadas han exigido justicia durante años, y esta es una oportunidad para que la Legislatura demuestre su compromiso con el bienestar del pueblo y con las futuras generaciones”, expresó Alvarado.
