Por Redacción Es Noticia
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La Alianza por la Salud del Pensionado solicitaron a la Cámara de Representantes la aprobación del Proyecto del Senado 646 que permitirá que las organizaciones bonafide negocien los beneficios de planes de salud de manera autónoma, sin intervención gubernamental.
Armando Montero, portavoz de la Federación de Asociaciones y Empleados Gerenciales del ELA, expresó que, “para nuestros pensionados, este cambio es vital. Nos asegurará acceso a una cobertura de salud adecuada, incluyendo a aquellos que se han retirado de manera temprana. Cada día que pasa sin la aprobación de este proyecto es un día más de incertidumbre y lucha para los miles de empleados públicos que se retiran cada año. Esta enmienda a la Ley 95 constituye la oportunidad para que aquellos que más lo necesitan, tengan finalmente una voz en la elección de su cubierta de salud”.
Los Policías y los maestros son algunos de los gremios más afectados ante la ausencia de beneficios de Seguro Social y por ende, no cuentan con la posibilidad de cubiertas de planes Medicare Advantage, destacó.
Según Emilio Nieves, portavoz del Capítulo de Jubilados de la Unión Nacional de Educadores y Trabajadores de la Educación (Únete), “la clase magisterial del País enfrenta el reto de no contar con cubiertas de salud adecuadas al momento de retirarse. Nuestros maestros han dedicado sus vidas a la educación de futuras generaciones y merecen acceso a cubiertas de salud de calidad en la etapa de vida que más lo necesitan. La aprobación del Proyecto del Senado 646 les permitirá elegir los planes médicos que mejor se ajusten a sus necesidades específicas, lo cual es un derecho fundamental por el que han esperado por mucho tiempo”.
La medida se encuentra bajo evaluación en la Comisión de Asuntos Laborales y Transformación del Sistema de Pensiones para un Retiro Digno de la Cámara de Representantes.
“Puerto Rico cuenta con una de las tasas más altas de adultos mayores en el mundo. Aquellas medidas que de alguna forma inciden en la salud y el bienestar de los pensionados, deben atenderse con carácter de urgencia. Esta medida no conlleva erogación de fondos por parte del gobierno”, añadió Pablo Crespo, portavoz de la Asociación de Ex Empleados de Socios en Acción (AESA).
Los representantes de los pensionados exhortaron a la ciudadanía a unirse en este reclamo para que los legisladores den prioridad a la aprobación de esta medida, ya que en cada familia puertorriqueña existe un pensionado actual o potencial, según expresaron.
“Llevamos cerca de dos años explicando a nuestros legisladores el alcance y relevancia de esta medida. Es hora de que pongan acción a la palabra y hagan justicia a los pensionados del País”, explicó por su parte Nilda Laureano, presidenta de la Asociación de Profesionales Jubilados.
