Por Redacción Es Noticia
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El presidente de Physician Correctional, Raúl Villalobos, advirtió que no puede cumplir la petición del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) de impedir que los cinco médicos involucrados en el caso de Hermes Ávila Vásquez ofrezcan servicios a los confinados que atiende esa empresa.
Villalobos señaló que si aplicara la directriz de suspender los servicios que ofrecen los cinco médicos involucrados en el caso, esto hasta que finalice el proceso de investigación que realiza la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica de Puerto Rico (JLDM) del Departamento de Salud, estaría violando los derechos que asisten en ley a los médicos.
“Solicitamos al DRC y a otras entidades involucradas un enfoque justo y basado en hechos verificables, evitando emitir juicios públicos prematuros que puedan afectar la reputación de profesionales dedicados”, indicó Villalobos en un comunicado de prensa.
“Luego de la sorpresiva solicitud de la secretaria (del DCR, Ana Escobar Pabón), no tenemos claro el motivo por el cual nos solicita suspender a médicos que, de alguna forma, intervinieron en este caso, si el Departamento de Justicia, el Senado, la investigación del propio departamento y la investigación interna de nuestra empresa han concluido que los médicos no han cometido delito alguno, no se les ha imputado falta ética, no han incumplido su deber ni se les imputó conspiración para conceder el pase extendido a Ávila Vázquez”, señaló.
Villalobos aseguró que, una vez recibida oficialmente la recomendación de la secretaria Escobar y los argumentos que motivan su solicitud, “vamos a referirla a la división de Recursos Humanos y a los abogados de Physician Correctional para tomar los pasos correspondientes”.
Para Villalobos, el cumplimiento de la solicitud requerirá examinar los elementos que llevaron a la secretaria a concluir que la suspensión de los médicos era el curso de acción adecuado.
“Nos preocupa que la solicitud esté fundamentada en la auditoría realizada por UTICORP. Como recordaremos, la credibilidad de la auditoría realizada por esta entidad ha sido cuestionada públicamente”, dijo Villalobos.
Las auditorías médicas realizadas por UTICORP fueron criticadas públicamente por haber sido realizadas, presuntamente, por médicos sin licencia médica y por llegar a conclusiones al solo haber evaluado una docena de expedientes, de entre los más de 7,000 confinados.
“Nosotros esperaríamos que dicho informe sea declarado nulo, ya que sus evaluadores no cumplen con los requisitos necesarios para auditar a sus pares de manera legítima”, apuntó el médico.
Physician Correctional aseguró que los médicos contratados por ellos se encuentran «altamente calificados, debidamente licenciados y poseen experiencia profesional» que supera los 15 años en promedio.
Aclaró también el que, ninguno de los médicos señalados tiene antecedentes de demandas ni casos ante la Oficina del Procurador del Paciente u otras entidades regulatorias.
En atención a cualquier preocupación que pueda tener la secretaria Escobar sobre el proceso que aún está pendiente ante la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica (JLDM), Villalobos dijo que “por nuestra parte le hemos estado dando seguimiento a la Junta y nos hemos puesto a su disposición para colaborar en lo que sea necesario para adelantar su análisis”.
En este momento, la Junta está llevando a cabo una investigación encomendada por el Departamento de Justicia de Puerto Rico.
Según Villalobos, su empresa ha estado disponible para atender cualquier requerimiento de información sobre los médicos, al tiempo que “le estamos dando la deferencia a este proceso que tanto respetamos”.
El poder concluir que el médico evaluador del caso de Ávila Vázquez y el panel de médicos erraron al emitir un diagnóstico de paraplejia ha sido un eje de controversia, toda vez que ese mismo diagnóstico fue validado por más de 45 galenos que evaluaron al convicto en el Fondo del Seguro del Estado y el DRC por más de 12 años.
DCR destituye ocho empleados
La secretaria del DCR finalizó el proceso de investigación administrativo en contra de los ocho empleados involucrados en el caso de Ávila Vásquez con una medida disciplinaria contra ocho empleados.
“Luego de revisar detenidamente la investigación realizada por la Oficina de Investigaciones del Sistema Correccional (OISC) y las resoluciones de la Oficial Examinadora hemos determinado destituir a los ocho empleados por negligencia en el cumplimiento del deber, según dispone el Manual para la Aplicación de Medidas Correctivas y Disciplinarias a los empleados del DCR», informó.
Con esa acción, finalizaron el proceso de investigación administrativa de ese caso, afirmó Escobar Pabón. A su vez aseguró, que todo empleado debe cumplir cabalmente con sus deberes y funciones. Estos empleados, de no estar de acuerdo con la determinación, pueden apelar la determinación ante la Comisión Apelativa del Servicio Público.
