Por Redacción Es Noticia
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El Gobierno de los Estados Unidos discrimina contra los puertorriqueños que viven en la Isla y esa acción está evidenciada en los programas sociales que deberían brindar servicios y cuidados a determinadas poblaciones, señaló el gobernador Pedro Pierluisi.
El Mandatario escribió una carta para denunciar la situación ante la Comisión de Derechos Civiles de Estados Unidos, cuyo Comité Asesor de Puerto Rico realiza un informe sobre los casos insulares, la doctrina del territorio no incorporado y su efecto en el ejercicio de los derechos civiles de las personas residentes de Puerto Rico.
En su misiva, el Mandatario detalla ejemplos sobre la desigualdad en programas de asistencia social para los puertorriqueños que residen en la Isla y abogó por una solución definitiva al problema de estatus.
Además, reiteró que los ciudadanos americanos que residen en Puerto Rico sufren de discriminación y están privados de votar por representación en el gobierno federal.
“Desde el 1917 los puertorriqueños somos ciudadanos americanos, y aunque atesoramos y defendemos nuestra ciudadanía, la realidad es que el trato desigual que recibimos los ciudadanos americanos que vivimos en Puerto Rico es un fracaso de la democracia americana y una contradicción ofensiva de los valores de igualdad sobre los que se fundó nuestra Nación. Los ciudadanos americanos que residen en Puerto Rico no gozan de los derechos fundamentales que tienen aquellos que viven en los estados o se han mudado al extranjero”, sostuvo.
“El trabajo para perfeccionar aún más nuestra democracia estadounidense sigue incompleto”, afirmó antes de citar ejemplos sobre cómo se discrimina contra los puertorriqueños que viven en la Isla en diversos programas federales.
Programas en los que discriminan:
- SSI – El beneficio de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) que reciben los ciudadanos que viven en los estados y en Washington D.C. es de alrededor de $574 al mes, mientras que para los que viven en la Isla se reduce a unos $82 mensuales.
- Medicaid – Se queda corto el aumento que el Gobierno federal aprobó al Medicaid en diciembre pasado, dijo. “Aunque estos fondos impactarán positivamente la vida de cientos de miles de ciudadanos americanos en la Isla, todavía esa asignación se queda muy por debajo de lo que sería si Puerto Rico fuera tratado con igualdad al resto de los estados y nuevamente enfrentaremos un precipicio fiscal con la incertidumbre de no poder proveer un programa de salud adecuado”, indicó.
- SNAP – Los puertorriqueños que viven en la Isla no tienen derecho al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) y en cambio pueden solicitar los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN), pero existe una marcada diferencia cuando se compara a Puerto Rico con los estados.
- Militares y veteranos – El Gobernador indicó que la forma más clara de ilustrar la discriminación y la disparidad que sufren los puertorriqueños es la manera en que son tratados los miembros de las Fuerzas Armadas que viven en la Isla, así como los veteranos y sus familias.
“Los soldados y veteranos de Puerto Rico han luchado junto a sus contrapartes estadounidenses en la Nación y en el extranjero, en tiempos de paz y de guerra, con el mismo compromiso, gallardía y valor. Han puesto en riesgo su vida y miles han muerto por defender los valores democráticos de nuestra Nación. Sin embargo, no tienen los mismos derechos bajo la Constitución de los Estados Unidos, no pueden votar por los miembros del Congreso o por el presidente y no reciben los mismos beneficios que sus hermanos y hermanos en la lucha después de que regresan a su casa, Puerto Rico. Ninguna interpretación de lo que imaginaron los padres fundadores de la Nación puede o debe incluir tal discriminación”, puntualizó el primer ejecutivo.
Pierluisi aprovechó la ocasión para impulsar el que se resuelva el estatus de Puerto Rico.
Explicó que tras repetidas decisiones en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos que refutan directamente la falsa noción de la soberanía de Puerto Rico, la solución al estatus de la Isla y al trato discriminatorio se encuentra en dos áreas principales:
(1) en acciones judiciales destinadas a revocar o al menos erosionar los casos insulares que son el fundamento jurídico y raíz de la desigualdad de los puertorriqueños.
(2) en una Ley del Congreso que viabilice que Puerto Rico tenga un estatus permanente no territorial y no colonial.
“No solo es responsabilidad de Puerto Rico tomar medidas para atender y resolver su estatus, el Congreso debe tomar cartas en el asunto. De hecho, los puertorriqueños han votado tres veces por la estadidad durante los últimos 11 años (2012, 2017 y 2020), pero el Congreso no ha actuado. No puede haber democracia real donde no hay autodeterminación”, indicó Pierluisi, quien estuvo la semana pasada en Washington D.C..
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