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Presentan querella contra Santini por asesorar al Senado cuando era abogado de la Guardia Estatal

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Oficina de Ética Gubernamental (CyberNews)

Por Redacción Es Noticia

redaccion@esnoticiapr.com

 

La Oficina de Ética Gubernamental (OEG) presentó una querella contra el exalcalde de San Juan, Jorge Santini Padilla, por el presunto cobro como asesor del Senado mientras era miembro del Comando Estatal de la Guardia Nacional de Puerto Rico, o Guardia Estatal.

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Según lee la querella, “durante horas en que aparecía que estaba trabajando en la Guardia Estatal, en las cuales se suponía que estuviera realizando las funciones para la cuales fue activado al servicio militar activo estatal, se encontraba asesorando en sesiones legislativas y ordinarias relativas a su contrato con el Senado”.

Santini Padilla fue activado el 22 de septiembre de 2017 hasta el 23 de mayo de 2018 y fue asignado a la posición de abogado de la Guardia Estatal con carácter de remuneración económico durante el periodo.

[pdf-embedder url=»https://esnoticiapr.com/wp-content/uploads/2020/12/21-19q-Jorge-A.-Santini-Padilla-Miembro-Comando-Estatal-Guardia-Nacional-de-PR.pdf» title=»Querella de la Oficina de Ética Gubernamental vs Jorge Santini Padilla»]

Además, detalla que Santini Padilla utilizó las facultades de su cargo para obtener “un beneficio económico, no permitido por ley, al prestar al mismo tiempo los servicios objeto de su contrato con el Senado, en violación a la normativa antes transcrita”.

Las fechas que presuntamente prestó servicios profesionales al Senado mientras cobraba por el trabajo que debía de estar efectuando para la Guardia Nacional de Puerto Rico son:

  • 17, 24 y 30 de octubre de 2017
  • 6 de diciembre de 2017
  • 8 de enero de 2018
  • 8 de febrero de 2018
  • 5 de marzo de 2018
  • 4, 9, 11, 12, 16, 23 y 26 de abril de 2018

De esta manera, se expuso que violó el Artículo 4.2 de la Ley 1-212, que especifica que los servidores públicos no pueden utilizar sus deberes, las facultades de su cargo, la propiedad o los fondos públicas para obtener algún beneficio directa o indirectamente.

Como remedio, se solicitó la imposición de una multa de hasta $20 mil por cada infracción demostrada y la restitución de $832.74.