Por CyberNews
redaccion@esnoticiapr.com
La jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz Rodríguez, solicitó hoy -lunes- fondos en su presupuesto para aumentarle el salario a sus empleados, ante la firma del gobernador del Proyecto de la Cámara 1343.
“Una vez más, reclamamos al Gobernador y a la Junta Supervisión Fiscal que incluyan a los funcionarios y funcionarias del Poder Judicial en la reforma salarial que han anunciado para los demás empleados del gobierno. La dignidad salarial no puede ser solo para algunos. Nuestras secretarias, trabajadoras sociales, mantenedores, alguaciles, abogados y abogadas, mediadores y demás personal son esenciales para que todos los días se haga justicia en Puerto Rico. De la misma forma, nuestros jueces y juezas, que al igual que los fiscales y procuradores no reciben un aumento hace 20 años, también merecen una remuneración competitiva y que esté a la par con la del resto de los funcionarios del sistema de justicia.
Una remuneración justa para todos los funcionarios del Poder Judicial es indispensable para que no se afecte la operación de los tribunales y así se lo hemos reiterado a la Junta de Supervisión Fiscal, al Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa para que tomen acción urgente. No me cansaré de dar esta batalla en todos los frentes hasta que se reconozca una compensación justa para todos los funcionarios del Poder Judicial que a diario administran la justicia mediante la atención de los casos, controversias y conflictos y garantizan los derechos y las libertades de las personas”, dijo Oronoz Rodríguez en declaraciones escritas.
Los fondos de la Rama Judicial son administrados por la jueza presidenta, pero son asignados por la Junta de Control Fiscal y la Asamblea Legislativa.
El Proyecto de la Cámara 1343, convertido en ley por el gobernador Pedro Pierluisi, autoriza aumentos salariales, mediante una estructura salarial competitiva, a los fiscales, procuradores de asuntos de menores y de familia, así como a registradores de la propiedad y procurador general adscritos al Departamento de Justicia (DJ).
Actualmente, y por disposición de la ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico (Ley 8 de 2017), los puestos de fiscales, procuradores de menores y de familia no son considerados como de carrera y sus nombramientos tienen un término de 12 años. Por lo tanto, existe una disparidad entre estos profesionales del derecho y restantes abogados que ejercen funciones en otras áreas del Gobierno.
