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Por Redacción Es Noticia
redaccion@esnoticiapr.com
La Comisión Estatal de Elecciones (CEE) enfrenta serios problemas con el mantenimiento de su edificio debido a deficiencias en el contrato de arrendamiento que mantiene con la Autoridad de Edificios Públicos (AEP). De acuerdo con el contrato vigente, el arrendamiento no incluye el mantenimiento de la propiedad. Esto se debe a que los fondos asignados por la Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSF) en el presupuesto de la CEE para el pago de cánones de arrendamiento son insuficientes para cubrir las necesidades de mantenimiento del edificio. En consecuencia, todas las reparaciones deben ser realizadas y financiadas por la CEE.
El 26 de agosto, la Autoridad de Edificios Públicos recibió una notificación de la CEE sobre problemas en el sistema eléctrico del edificio. La avería, según la información recibida, se debe a un fallo en la subestación eléctrica del inmueble. Aunque la AEP no tiene la obligación legal de reparar dicha avería, la entidad decidió realizar una evaluación de los daños para proceder con las reparaciones necesarias, siempre y cuando la CEE adquiera los materiales requeridos. La AEP proporcionará la mano de obra necesaria para efectuar las reparaciones, pero no dispone de fondos para la compra de los materiales, ya que estos gastos no están cubiertos por el presupuesto asignado ni por el canon de arrendamiento que paga la CEE a la AEP.
El problema de mantenimiento no es nuevo. En una comunicación enviada a la JSF el 24 de junio de 2024, la AEP advirtió sobre las graves consecuencias del presupuesto autorizado para la autoridad en el presente año fiscal. La AEP expresó su preocupación por el riesgo de que no se pueda proporcionar un mantenimiento adecuado a las cerca de 600 subestaciones eléctricas bajo su administración, lo que podría tener un efecto perjudicial en la estabilidad del sistema eléctrico de Puerto Rico.
La situación pone en evidencia la necesidad de una revisión urgente en los acuerdos de arrendamiento y los presupuestos asignados para garantizar que las entidades responsables puedan mantener sus instalaciones en condiciones operativas adecuadas, evitando así problemas que puedan afectar la estabilidad de los servicios esenciales.
