Una medida legislativa busca conceder un crédito contributivo reembolsable de hasta $5,000 anuales a trabajadores que tengan bajo su cuidado directo o tutela legal a personas con impedimentos significativos y dependencia total, como pacientes encamados o personas con Alzheimer en etapa severa.
El Proyecto de la Cámara 1476, radicado este lunes, propone enmendar la Ley 1-2011, conocida como el Código de Rentas Internas de Puerto Rico, para establecer el «Crédito Contributivo Reembolsable por Gastos de Cuido Diurno de Personas con Impedimento Más Significativo y Dependencia Total».
La propuesta surge ante los elevados costos asociados con el cuidado de personas que requieren atención especializada. Según los datos incluidos en la medida, contratar formalmente a un cuidador o enfermero privado para una jornada diurna básica en el hogar puede representar un gasto promedio superior a $4,811 mensuales, equivalente a más de $57,000 anuales.
Mientras, el costo mensual de un centro de cuido diurno especializado fluctúa entre $1,900 y $3,800. Según la exposición de motivos, estos gastos han llevado a trabajadores a abandonar la fuerza laboral formal o a recurrir a servicios de la economía informal para poder atender a sus familiares.
El proyecto establece mecanismos de fiscalización con el propósito de combatir la informalidad y garantizar la viabilidad fiscal del beneficio. Entre ellos figura la creación del «Fondo de Alivio Tributario para Cuidadores», que se nutriría del aumento en la actividad económica formal generado por la medida.
La propuesta también dispone que los cuidadores y centros de cuido cuyos servicios sean utilizados para reclamar el crédito deberán estar registrados formalmente como comerciantes en el Sistema Unificado de Rentas Internas (SURI) del Departamento de Hacienda.
Además, se establece un proceso de validación que requeriría una certificación de un médico licenciado y una evaluación oficial de la Defensoría de las Personas con Impedimentos (DPI) para determinar que se cumplen los criterios establecidos.
El beneficio estaría disponible para contribuyentes con ingresos anuales inferiores a $200,000 y aplicaría exclusivamente a servicios de cuido diurno que permitan que la persona responsable del cuidado permanezca activa laboralmente. Los casos de internamiento permanente durante las 24 horas quedarían excluidos.
La medida también contempla un procedimiento de apelación administrativa ante la DPI para los ciudadanos cuyas solicitudes requieran una revisión relacionada con los criterios de severidad funcional.
Como mecanismo para prevenir el fraude, el proyecto propone sanciones administrativas de hasta $10,000 y el referido a las autoridades correspondientes para posibles cargos criminales contra quienes intenten certificar falsamente un diagnóstico con el propósito de obtener el beneficio.
La propuesta plantea así un mecanismo de alivio contributivo para familias trabajadoras que enfrentan los altos costos del cuidado especializado, mientras incorpora controles de fiscalización dirigidos a formalizar parte de esta actividad económica y garantizar el uso adecuado de los fondos públicos.
