Por Redacción Es Noticia
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La Comisión para la Transparencia Fiscal de la Legislatura Municipal de Salinas descartó tomar acciones disciplinarias contra el legislador del Partido Popular Democrático (PPD), Antonio Santiago Morales, contra quien se radicó una querella por supuestamente utilizar las redes sociales para intimidar, amenazar y planificar hacer daño a un líder comunitario.
La querella, presentada el pasado 7 de febrero al presidente de la Legislatura Municipal de Salinas, Edgar González Moreno, detalla las supuestas amenazas que el recién estrenado legislador del PPD profirió contra José Juan Cora Collazo, líder de la comunidad Ranchos Guayama.
A Santiago Morales se le acusa de utilizar expresiones “ya estos payasos hay q enfrentarlos a ver si de verdad son guapos de verdad”, “…vamos frente a la casa de H..P.., ese bocoooon… a pintarle frente a la casa” y “…un poquito de Vieja escuela nada más a guallar un poco a ver si de verdad”.
La querella establece que estas expresiones violarían el Artículo 1.023 del Código Municipal de Puerto Rico, el cual establece las normas generales que rige la conducta de los Legisladores Municipales en todo aquello que se relacione directa o indirectamente con los deberes oficiales de su cargo.
Específicamente la Sección (a) de dicho artículo dice que los Legisladores Municipales: “Mantendrán una conducta que guarde el decoro, la integridad, el buen nombre y respeto público que merece la Legislatura Municipal y el municipio”.
De igual forma, el Reglamento 4827 de la Oficina de Ética Gubernamental establece en su Artículo 6 Sección A Núm. 6 que todo servidor público deberá evitar tomar cualquier acción que pueda: “Afectar adversamente la confianza del público en la integridad y honestidad de las instituciones gubernamentales”.
José Juan Cora preside la organización Acción Social y Protección Ambiental (ASPA), la cual mantiene una férrea diferencia con la alcaldesa popular de Salinas, Karilyn Bonilla Colón, por su mal manejo de la reconstrucción de las calles de la comunidad de Ranchos Guayama, repletas de cenizas tóxicas de carbón.
Denuncian toallazo
Según el Informe presentado por Lisandra Alvarado López, el pasado 20 de marzo se constituyó la Comisión para la Transparencia Fiscal para evaluar la querella presentada contra Santiago Morales.
En el documento no se detallan los criterios utilizados para la “debida valoración” de la querella ni se presentaron los argumentos o explicaciones que llevaron a los miembros de la Comisión a concluir, de forma unánime, que no procedían acciones disciplinarias contra el legislador municipal o su remoción del cargo, se informó en un comunicado de prensa.
El informe expresa que el presidente de la Legislatura Municipal “determinó presentar” la querella ante la Comisión, y que cada legislador presente “tuvo la oportunidad de evaluar la información entregada por el Sr. Cora”.
Además de la presidenta de la Comisión y del presidente de la Legislatura Municipal, los demás integrantes que avalaron el informe fueron: Mildred Correa Padilla (PPD), Juan G. Colón Rivera (PPD), Lesbia G. Luna Reyes (PNP) y Ada R. Miranda Alvarado (independiente).
A los legisladores y legisladoras de la Comisión sólo les tomó 42 minutos leer, analizar, evaluar y llegar a una conclusión sobre la querella presentada.
Por su parte, Cora señaló varias deficiencias e irregularidades en el proceso de evaluación de su querella.
“Rechazamos la determinación de No ha lugar, primero porque la Comisión para la Transparencia Fiscal carece de injerencia para intervenir en asuntos éticos. Esta Comisión atiende los asuntos relacionados con las auditorías y propiedad municipal. Hay que preguntarle al presidente de la Legislatura Municipal por qué decidió que fuera esa Comisión la que evaluara mi querella”, expresó Cora.
El líder comunitario dijo que el proceso estaba viciado, pues el legislador Juan G. Colón Rivera, quién avaló la determinación de la Comisión, ha utilizado su puesto en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) para intentar fabricar violaciones a la ley.
“El señor Colón Rivera envió a mi hogar agentes del DRNA, donde trabaja como biólogo forestal, acusándome de tener un pozo ilegal. Sin embargo, ni siquiera tengo pozo de agua en mi casa. En su afán de acallar las voces de aquellos que defendemos nuestras comunidades, utilizan el poder y sus puestos para perseguir a los ciudadanos. El Sr. Colón se debió inhibir de la evaluación de mi querella contra su amigo de partido”, reafirmó Cora Collazo.
“Es vergonzoso que estos legisladores y legisladoras se hayan prestado para proteger a su correligionario, y que el pueblo no tenga a nadie en la legislatura municipal que nos defienda y haga cumplir la ley”, indicó.
Cora dijo que solicitó -por escrito- al presidente de la Legislatura Municipal un recurso de revisión de la decisión tomada. Además, pidió copia de la rúbrica o criterios establecidos para evaluar una destitución, de la minuta tomada y la grabación de la reunión donde se evaluó su querella, para determinar los próximos pasos a realizar.
