Por Redacción Es Noticia
Tras los asesinatos de tres personas en el Sur por el oficial correccional Pedro Montes Collazo, el representante por el Partido Popular Democrático (PPD) Jesús Manuel Ortiz exigió que se revele la evidencia del trámite que se utilizó para devolverle el arma de fuego al sospechoso asesino.
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Montes Collazo, adscrito a la Unidad de Operaciones Tácticas de Guayama, presuntamente baleó a Marilyn Reyes Ayala en Santa Isabel, Alvin R. Sugrañe Lebrón en Guayama y Jaimette Sánchez Ledee en Patillas el pasado miércoles, 16 de septiembre. Luego, Montes Collazo se privó de su vida tras internarse en un área montañosa del Municipio de Maunabo por más de un día.
Según las autoridades, Montes Collazo estuvo desarmado por un incidente de violencia doméstica en octubre de 2019. Sin embargo, su arma fue devuelta tres meses después del alegado incidente.
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Es por esto que Ortiz cuestionó el silencio de parte del secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Eduardo Rivera Juanatey, y requirió que se presente la evidencia para llevar a cabo esa entrega.
«¿Cuál fue el criterio para tomar esa decisión? ¿Se realizó una investigación administrativa? ¿Se hizo alguna evaluación emocional de los involucrados? ¿Quién tomó la decisión de devolverle el arma? El secretario tiene que contestar esta y otras preguntas sobre un proceso que levanta muchas interrogantes y mostrar evidencia de las acciones tomadas. El silencio del DCR ante una tragedia de esta magnitud es inaceptable e irresponsable”, señaló.
El Reglamento de la Junta de Portación de Armas de DCR establece que un funcionario de la institución (director regional, superintendente, comandante de la guardia o su representante) podrá retener el arma cuando existan motivos fundados, ya sea por información o creencia de que el oficial correccional podría hacer uso inadecuado del arma de reglamento.
También, el documento establece un proceso que inicia con un informe del superintendente de la institución y un referido a la Junta de Portación de Armas dentro de los cinco días de los hechos que dieron lugar a tal acción.
“El país, las familias de las víctimas y los compañeros del DCR merecen conocer las acciones del DCR al atender un caso de la seriedad del que nos ocupa”, puntualizó.
