Por Miguel Díaz Román
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La candente controversia sobre la orden ejecutiva firmada por el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares, que establece un salario básico de $15 la hora para los obreros de construcción que laboren en proyectos financiados por el gobierno, fue trasladada sin hacer mucho ruido de la Fortaleza al escritorio del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.
El traslado al Senado del asunto podría representar otra señal del apoyo inconfesado que Rivera Schatz realiza a favor de la candidatura de la gobernadora Wanda Vázquez Garced, pues convierte la controversia en un tema de la Legislatura.
Además, esta acción tiene el efecto de crear un anillo protector alrededor de Vázquez Garced, pues la decision sobre la pertinencia de un salario de $15 por hora para los obreros de la construcción no será exclusivamente suya.
Otro aspecto importante es que la evaluación del propuesto aumento y su efecto en las finanzas de las empresas constructoras o en el bolsillo de las trabajadores será dirimido en vistas públicas, lo que evitaría ataques contra la integridad de Vázquez Garced si la determinación final fuera realizada distante del ojo público en la Fortaleza.
En un reciente comunicado prensa emitido desde el Senado por Rivera Schatz, se informó que la orden ejecutiva que eleva a $15 el salario mínimo de los trabajadores de la construcción será convertida en un proyecto de ley que se considerará en la próxima sesión ordinaria que comienza en enero.
En esa sesión también serán atendidos otros proyectos relacionados con el salario mínimo federal, el seguro social, planes médicos y el retiro de todos los trabajadores en particular el de la Policía.
El comunicado sostiene que Rivera Schatz catalogó la determinación de imponer el pago por hora de $15 para los obreros de la construcción como “una buena” pero que el recurso de hacerlo por medio de una orden ejecutiva “fue el incorrecto”.
“Alguna gente tenía la creencia de que podían actuar por encima del gobierno republicano que tenemos con las tres ramas de gobierno. Por orden ejecutiva no puedes enmendar leyes y cambiar el estado de derecho. Si se hubiese presentado un proyecto de ley y se hubiese legislado con los rigores y los controles y se hubiese nutrido esa buena intención con el expertise de la Asamblea Legislativa, que comparte con la ciudadanía en vistas públicas sugerencias y recomendaciones para mejorar y que sea adecuado ese estado de derecho, no tendríamos el problema que provocó la orden ejecutiva. Tan simple como eso”, explicó Rivera Schatz.
“Queremos la igualdad para todos los trabajadores, pero no puedes tratar igual lo que es diferente porque hay distintos escenarios laborales que requieren diferentes compensaciones, pero todos requieren la mejor compensación y el mejor escenario laboral. Eso debió legislarse en lugar de hacerlo por Orden Ejecutiva. No tenemos ningún problema…considerar eso”, añadió el president del Senado.
Tras reunirse con los representantes de la industria de construcción, Vázquez Garced dejó ver el pasado mes de noviembre que no respaldaba la orden ejecutiva de Rosselló Nevares y agregó que un equipo asesor estudiaría la orden y recomendarían enmiendas o su eliminación.
De inmediato el portavoz de la Unión Internacional de Trabajadores de la Construcción (Liuna), Edison Severino, calificó de “desfachatez y un ataque contra los trabajadores” la intención de enmendar la orden ejecutiva.
El plan urdido en la Fortaleza lo había revelado el director ejecutivo de la Oficina Central de Reconstrucción (COR3), Ottmar Chávez, durante una intervención en un foro de la Asociación de Contratistas Generales, a finales de octubre. Chávez no especificó el contenido de las enmiendas pero si reveló que Vázquez haría un anuncio sobre la controversia.
El esperado anunció nunca fue realizado por la gobernadora.
En medio de la espera y antes de que Vázquez Garced anunciara que se proponía buscar la nominación para el cargo de gobernadora por el PNP, un grupo denominado «Amigos del PNP», presuntamente identificados con la industria de la construcción, colocaron pasquines en San Juan a favor de la candidatura de la gobernadora que leían «Wanda quédate».
Según un estudio presentado por la Liun, tras el análisis de 209 contratos de construcción que representan $321 millones que fueron otorgados a partir del 1 de enero del 2019 al presente, en el 85% de los proyectos se incumplió con el pago establecido por la orden ejecutiva.
