Por Redacción Es Noticia
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El 1 enero de 2022 comenzará un aumento de $1.25 la hora para llevar el salario mínimo federal a $8.50, según la ley que hoy firmó el gobernador Pedro Pierluisi.
La cifra pudiera representar, para un empleado que trabaje a tiempo completo, un aumento que supera los $2,000 anuales.
“Un pago de $7.25 la hora ya no es sostenible para vivir en Puerto Rico, por lo que ya era hora de hacerle justicia a la clase trabajadora. Esta ley es resultado de un trabajo en consenso entre la rama legislativa y el ejecutivo para beneficiar a miles de puertorriqueñas y puertorriqueños. Continuaré impulsando y dando paso a medidas que propendan en una mejor calidad de vida y que procuren que cada uno de los que residen en esta Isla pueda echar pa’lante”, sostuvo el gobernador.
Según dispuesto en la ley, el 1 de julio de 2023 el salario mínimo será de $9.50 y el 1 de julio de 2024 será de $10.50 a menos que la Comisión Evaluadora de Salario Mínimo, adscrita al Departamento del Trabajo, emita un decreto mandatorio variando el mismo.
Compensación por muerte en el cumplimiento del deber
Otra medida convertida -hoy- en ley, fue el Proyecto del Senado 202, el cual aumentará los beneficios del cónyuge o los dependientes de cualquier empleado del Departamento de Seguridad Pública (DSP) que muera en el cumplimiento del deber.
La medida establece desembolsar al cónyuge supérstite, o en su ausencia, a los dependientes de los empleados del DSP que fallecieron en el cumplimiento del deber, un pago correspondiente a 24 mensualidades del último salario bruto que devengaron.
Además de dicho pago, el DSP podrá sufragar los gastos del servicio fúnebre del empleado fallecido en el cumplimiento del deber con hasta un máximo de $5,000. La medida tendrá vigencia retroactiva al 1 de enero de 2021. Previo a esta ley los beneficios eran de 12 meses de sueldo y una ayuda de $2,000 para gastos fúnebres.
Otras medidas avaladas:
Proyecto del Senado 246 – prohíbe la venta de productos de tabaco a menores de 21 años, lo cual atempera nuestras normas a las del gobierno federal sobre este tema.
Resolución Conjunta del Senado 22 – ordena al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), incluir en su Plan de Mejoras la construcción de la segunda fase del desvío Gregorio Durán, en Villalba, así como realizar las gestiones para lograr la asignación de fondos bajo el programa CDBG-DR. De hecho, la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) ya incluyó esta obra como un proyecto prioritario y ha destinado recursos para continuar con los estudios requeridos.
Resolución Conjunta del Senado 92 – transferir antigua Escuela Superior Mercedes Palma, en Caguas, a la “Comunidad Organizada de San Salvador”.
Proyecto del Senado 181 – enmienda la política pública de la ley de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico para garantizar cero recortes a las pensiones, defensa de la Universidad de Puerto Rico, análisis de sostenibilidad de la deuda, y no emitir pago a deuda ilegal.
Pierluisi destacó que el viernes pasado, en la reunión pública con la Junta de Supervisión Fiscal, le reiteró que se opondrá a cualquier proyecto de legislación dirigido al recorte de las pensiones de los retirados públicos.
