Por Redacción Es Notica
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El juicio contra el senador y exalcalde de Yauco, Abel Nazario, acusado por irregularidades en la nómina municipal, arrancó con la presentación de seis testigos de cargo, según publicó hoy el periódico El Vocero.
El más contundente fue el del chofer del ayuntamiento Alberto Caraballo Martínez, quien afirmó a preguntas del ministerio público federal que no es su firma la que aparece en la hoja de nómina, ni en el documento del Departamento del Trabajo Federal W-58 en el que se evidenciaba que el Municipio le había hecho los pagos correspondientes a las horas adeudadas, en tres cheques cancelados.
Presuntamente, alguien, que no fue identificado, falsificó su firma.
Nazario enfrenta cargos por presuntamente fabricar o utilizar documentos falsos y cometer fraude electrónico desde el año 2013 al 2016 mientras fue alcalde de Yauco.
En mayo de 2013, durante una auditoría rutinaria de los registros del municipio, la Oficina del Contralor descubrió que empleados municipales tenían que trabajar dos horas voluntarias por día. Esta irregularidad fue referida a la División de Horas y Salarios del Departamento del Trabajo Federal (WHD, por sus siglas en inglés), que determinó que este requisito de trabajo voluntario era una violación de la Ley de Normas Laborales (Fair Labor Standards Act).
En febrero de 2015, Nazario Quiñones firmó un acuerdo de pago de salarios retroactivos con la División de Horas y Salarios del WHD en el que acordó pagar salarios por un total de $588,961.43 a 177 empleados municipales. Estos pagos retroactivos incluían el periodo del 1ro de agosto de 2012 al 31 de julio de 2014.
El acuerdo enumeraba a cada empleado al que se le adeudaba salario, el monto que se les debía y la fecha en que cada empleado debía recibir el pago.
El acuerdo permitía al municipio hasta febrero de 2018 para completar los pagos.
Según la fiscalía, en agosto de 2016, durante la próxima auditoría rutinaria de los registros del municipio, la Oficina del Contralor supo que —aunque los empleados habían recibido pagos de lo que se les debía según el acuerdo al que Yauco había llegado con la WHD— el municipio comenzó a retener los salarios regulares de los empleados. Esto sin el conocimiento de los trabajadores o el consentimiento de la WHD.
A preguntas de Edgar Vega —uno de los cuatro abogados del acusado— sobre cuántas horas trabajaba en el ayuntamiento, Caraballo Martínez respondió que “según Abel Nazario, 30 para cobrar 20”.
El testigo, quien transporta pacientes a citas médicas, relató a preguntas del fiscal Scott Anderson que para el 15 de abril de 2015 Nazario le entregó un cheque por la cantidad de $1,139.15 y que le dijo que el mismo era una “propuesta especial”. “Luego hubo dos o tres quincenas que no recibí nada”, apuntó el testigo.
Al ser cuestionado si preguntó por su cheque de nómina, contestó que “Abel Nazario cuando me entregó el cheque, me dijo que no me iba a pagar tres quincenas… Al momento que me dio el cheque nunca me dio un documento a firmar”. Anderson mostró a través de los monitores de la sala la hoja de nómina con la supuesta firma de Caraballo Martínez, quien insistió en que no fue él quien firmó.
“¿Trabajó horas por las cuales se le tenía que pagar ese período?, cuestionó el fiscal. “Definitivamente”, respondió el chofer.
Aseguró que nadie en el ayuntamiento le informó que se le estaban pagando las horas extras.
Virgilio Pabón Pagán, auditor “senior” de la Oficina del Contralor, testificó que para el 2016 y mientras realizaba una auditoría en el municipio, recibió una llamada anónima vía telefónica en la que se le notificó que el ayuntamiento estaba pagando horas voluntarias a ciertas personas, producto de una auditoría del Departamento del Trabajo federal y que se estaban pagando horas por adelantado.
“Eso me llamó la atención porque el gobierno nunca paga por adelantado”, expresó Pabón Pagán, quien decidió investigar el asunto.
Al examinar documentos del municipio encontró la querella anterior del Departamento del Trabajo federal y la carta de la Oficina del Contralor refiriendo el asunto a esa agencia federal. Procedió a citar a unos seis empleados para tomarles declaración jurada. Una de ellas fue la recepcionista Melanie González Fernández, quien le trajo un documento donde estaban detalladas las quincenas y firmado por Nazario.
De acuerdo al documento, González Fernández —quien es no vidente— recibió sus pagos en marzo y abril de 2015 por las cantidades de $1,368.18 y $1,270.65.
El próximo pago fue hecho en junio de 2015. “No hubo pagos ni en abril ni mayo de 2015”, comentó el auditor. Tras la auditoría, refirió el asunto a la división legal del Contralor, la cual a su vez, hizo un referido al Departamento del Trabajo federal.
El testigo reconoció a preguntas de Vega que no verificó los contratos. “O sea, ¿usted presume que tenían contratos?”, preguntó Vega. “Ellos estaban contratados, ellos iban a trabajar”, respondió Pabón Pagán, quien comentó que también verificó las hojas de asistencia de los empleados.
