Por Redacción Es Noticia
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El secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Arthur Garffer, se negó a entregar los documentos públicos relacionados con la operación del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Mejoramiento Tecnológico, Profesional y Laboral de la Policía (Ley 140-2014), pese a una solicitud presentada por la senadora Joanne Rodríguez Veve, portavoz de Proyecto Dignidad en el Senado.
En una carta dirigida a la legisladora, Garffer alegó que el DSP se encontraba “imposibilitado” de responder a la petición de información “por una consideración de carácter legal”.
“La jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo ha establecido que la facultad investigativa que permite el Código Político de Puerto Rico se debe realizar de manera colegiada en una comisión, y no de manera individual por un legislador. Por todo lo anterior, solo responderemos solicitudes de información de la Asamblea Legislativa, sus respectivos cuerpos o comisiones que sean tramitados de conformidad con nuestro ordenamiento jurídico”, expresó el funcionario en la misiva.
El Fideicomiso, creado bajo la Ley 140-2014, tenía como propósito proveer herramientas tecnológicas a la Policía de Puerto Rico, y debía financiarse durante diez años con ingresos provenientes de multas por consumo de alcohol al volante y del 20% de los recaudos por multas de tránsito.
Rodríguez Veve denuncia “ficción jurídica insostenible”
Rodríguez Veve, quien había solicitado la información al DSP en tres ocasiones —el 20 de agosto, 10 de septiembre y 1 de octubre— al amparo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información (Ley 141-2019), calificó la negativa de Garffer como una violación a su derecho ciudadano al acceso a información pública.
“La negativa de atender mi petición arguyendo que estoy obligada a tramitar la misma exclusivamente mediante el trámite legislativo es, literalmente, una ficción jurídica insostenible”, respondió la senadora en una carta enviada al secretario.
La legisladora argumentó además que la jurisprudencia citada por Garffer solo aborda el alcance del poder investigativo colegiado de la Legislatura, pero no exime a las agencias de su deber de transparencia bajo la Ley 141-2019.
“La documentación e información solicitada es, por naturaleza, información pública: fuentes de recaudo, administración del Fondo, creación y composición del Fideicomiso. Esta debe obrar en los archivos del DSP o del NPPR (Negociado de la Policía de Puerto Rico)”, enfatizó Rodríguez Veve.
La senadora había advertido que acudiría a los tribunales si el DSP no entregaba la información en un plazo de diez días, el cual venció el pasado martes. Sin embargo, decidió conceder tiempo adicional hasta mañana antes de proceder legalmente.
“Si no cumplen, vamos a presentar un recurso de mandamus en el tribunal”, anunció Rodríguez Veve a través de su oficial de prensa, Ricardo Reyes.
Contexto legislativo
La controversia ocurre mientras la Asamblea Legislativa evalúa el Proyecto del Senado 63 (PS63), una medida que modificaría la Ley 141-2019 para ampliar los plazos de respuesta de las agencias, eliminar la obligación de entregar la información en un formato específico y permitir que las dependencias exijan al solicitante revisar los documentos en persona durante un solo día, en lugar de recibir copias.
El proyecto fue aprobado esta semana en el Senado, lo que ha generado preocupación entre sectores que defienden la transparencia y el acceso público a la información gubernamental.