Por Redacción Es Noticia
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El Senado aprobó el segundo Informe de Conferencia del Proyecto del Senado 537 que propone establecer la Ley para la Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores.
“Esta legislación fomenta el proveer oportunidades y esfuerzos razonables que permitan preservar los vínculos familiares y comunitarios en la medida que no se perjudique al menor, evitando el trauma de la separación innecesaria de los padres e hijos», reza la medida.
«La política pública se enfoca en brindar los servicios y realizar esfuerzos razonables para evitar remociones, mantener la unidad familiar o reunificar al menor con su familia”, detalla el proyecto.
La pieza legislativa busca garantizar el cumplimiento con las partes B y E del Título IV de la Ley del Seguro Social, según enmendada por la Family First Prevention Services Act; derogar la Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores y para otros fines relacionados.
La Ley también implementará un “procedimiento estándar para el manejo de acciones judiciales de menores extranjeros que no ostentan el estado migratorio de residentes permanentes para alinear estas prácticas con los nuevos requisitos federales”.
Asimismo, el Senado avaló el Proyecto del Senado 839 que busca añadir un inciso a la Ley Orgánica del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico a los fines de incluir entre sus poderes y deberes la facultad para identificar y crear las herramientas que permitan a las personas diagnosticadas con el Trastorno del Espectro del Autismo o Síndrome Down poder insertarse y mantenerse en la fuerza laboral.
También, busca enmendar el Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011 a los fines de establecer una deducción contributiva a los patronos de empresas privadas que empleen a personas diagnosticadas con el Trastorno del Espectro del Autismo o Síndrome Down.
Según la exposición de motivos de la pieza legislativa “el panorama sigue siendo desalentador, con uno de cada tres adultos con autismo que no han tenido un trabajo remunerado o educación posterior a la escuela superior. Ese porcentaje de personas excluidas del mundo laboral es más alto que en el caso de otras discapacidades. Ello es incluso peor para individuos provenientes de familias con bajos ingresos”.
“Este proyecto es uno de justicia y lo que busca son herramientas para insertar en el mundo laboral a la comunidad con autismo y con síndrome Down… aquí hay un proyecto donde dice que vamos a darle un incentivo a los que contraten a las personas de la comunidad de autismo y síndrome Down, personas vulnerables y la Junta de Supervisión Fiscal hace unos cálculos que puede ser de $2 a $5 millones y por eso ellos no le van a dar paso… [Pero ellos, la Junta] ya han gastado sobre dos millones de dólares en asesores… No vamos a dejar que la insensibilidad de ellos nos arrope a nosotros y vamos a luchar por los más vulnerables”, expresó el legislador Gregorio Matías Rosario
Por su parte, la senadora de la delegación Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lassén, dijo que “me parece que a la Junta hay que confrontarla en todo momento y hay que radicar proyectos, aunque no necesariamente la Junta este a favor de ellos y hay que confrontar a la Junta con las necesidades del pueblo de Puerto Rico, cuando son necesidades justas para garantizar los derechos de las personas; así que nuestra delegación va a votar a favor de este proyecto”.
El senador por el distrito de Ponce, Ramón Ruiz Nieves, expresó que “es muy triste que tengamos que recurrir a enmendar el Código de Rentas Internas para tener que darles un incentivo contributivo a los patronos para que le den el derecho que les asiste a estas poblaciones de participar en un empleo digno y de poder desarrollarse… No es una pieza legislativa más, es una pieza para hacerle justicia a una población [que lo necesita]”.
El cuerpo legislativo también aprobó el Proyecto del Senado 733 que busca enmendar la Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente, a los fines de permitir que los pacientes que serán estudiantes matriculados en Universidades, Colegios Tecnológicos y otras Instituciones educativas post secundarias que estudian en áreas o municipios distintos a su lugar de residencia, tengan la opción de escoger a su médico primario alterno en el área de estudio.
Por otro lado, se le dio paso a la Resolución del Senado 751 que ordena a la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura realizar una investigación sobre los procedimientos de otorgación y la eficiencia administrativa de todos los contratos otorgados por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, dirigidos a reducir o eliminar el hurto de agua por los ciudadanos y para otras tareas realizadas o que pueden ser realizadas por los empleados de la corporación pública.
De igual forma, se avaló la Resolución Conjunta del Senado 94 para que se le ordene al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico lanzar una campaña educativa por medios de comunicación masiva sobre las protecciones que ofrece la Ley 22-2013.
“Estudios relacionados al efecto de la publicidad social han concluido que las mismas pueden ayudar a expandir el conocimiento que tienen las personas sobre problemáticas particulares e incidir sobre las emociones de 1os ciudadanos. Una estrategia publicitaria creativa y bien planificada puede incentivar comportamientos positivos ante interacciones con personas género diversas”, detalla en su exposición de motivos la pieza legislativa.
Otras medidas aprobadas fueron los Proyectos del Senado 245, 747, 487 y 1038, las Resoluciones Conjuntas del Senado 343 y 384; los Proyectos de la Cámara 913, 1639 y la Resolución Conjunta de la Cámara 128.
