Por Redacción Es Noticia
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El senador por el Distrito de San Juan y autor del Proyecto del Senado 752 (PS752), Juan Oscar Morales, expresó el domingo su decepción ante la decisión de la gobernadora Jenniffer González de vetar la medida que buscaba eliminar el servicio de escoltas a exfuncionarios.
En declaraciones escritas, Morales afirmó que el veto “ignora el amplio consenso legislativo y el sentir de una gran mayoría de la ciudadanía que respalda la optimización del gasto público”. A su juicio, la determinación del Ejecutivo “prioriza el mantenimiento de un privilegio costoso en detrimento de la sana administración fiscal” y genera preocupación sobre las prioridades del gobierno.
“El veto al PS752 envía un mensaje que lamentamos sobre las prioridades del Ejecutivo, donde la preservación de ciertos privilegios se antepone a la eficiencia en el gasto público y la justicia social. Es decepcionante que no se haya honrado la prudencia fiscal que exige el momento histórico que vivimos”, sostuvo el legislador, quien adelantó que el Senado evaluará responsablemente cualquier nueva propuesta que sea enviada desde La Fortaleza.
El PS752, aprobado por consenso en ambos cuerpos legislativos, proponía enmendar la Ley de la Policía de Puerto Rico para restringir el beneficio de escoltas a exfuncionarios. Según Morales, el veto representa la pérdida de una oportunidad para reasignar recursos policiales y lograr un ahorro estimado entre $1.2 y $1.5 millones anuales, fondos que podrían destinarse a necesidades de seguridad prioritarias. Recalcó, además, que la medida no dejaba desprotegidos a los exfuncionarios, ya que contemplaba la posibilidad de protección temporal en casos donde se demostrara una amenaza real y apremiante a la vida.
Las críticas al veto se extendieron a líderes de la oposición. El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes, Héctor Ferrer Santiago, calificó la decisión como “una traición a la confianza del país”, al asegurar que, mientras la ciudadanía enfrenta problemas de alto costo de vida, falta de servicios esenciales y preocupaciones de seguridad, la gobernadora optó por defender beneficios para exgobernadores y para ella misma.
En la misma línea, el portavoz del PPD en el Senado, Luis Javier Hernández Ortiz, señaló que la gobernadora “muestra su doble cara” al vetar una medida que eliminaba el derecho a escoltas incluso a exgobernadores convictos por delitos. “Con esta determinación, protege a una exgobernadora convicta de su propio partido y asegura sus escoltas al dejar el cargo”, expresó, al tiempo que cuestionó que el Ejecutivo no presentara desde un inicio una propuesta alternativa.
Por su parte, la portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, sostuvo que la acción de la gobernadora “manifiesta un enorme desprecio al consenso establecido en el país” y advirtió que una eventual versión del Ejecutivo podría tener como fin principal mantener el privilegio disponible para la propia mandataria en el futuro. “De confirmarse, sería otro reflejo de la falta de sintonía con la realidad y de la preferencia por el beneficio personal sobre el interés público”, concluyó.
El veto al PS752 continúa generando reacciones encontradas en el ámbito político, mientras se anticipa la posible radicación de una nueva propuesta de administración sobre el tema.
