Por Redacción Es Noticia
PONCE – El Departamento de Salud informó que ninguno de los 24 niños -menores de 12 años- que recibió la vacuna contra el coronavirus en la farmacia Gabriela II presentó reacción adversa a la misma, tras recibir dos dosis como adultos.
El director de la División de Investigación del Departamento de Salud, Jesús Hernández, informó que tampoco procederán a radicar otras acusaciones criminales contra Liz Ann Banchs, propietaria y presidenta de las farmacias Gabriela porque serían los mismos cargos por lo que es juzgada en la esfera federal.
Banchs se declaró culpable y asumió toda responsabilidad, por lo que ningún empleado sería acusado, de haber inoculado unos 24 menores residentes en Ponce y Juana Díaz, que fueron llevados a la farmacia Gabriela II para que fueran vacunados contra el Covid-19.
Hernández explicó que en el caso también se planteó la responsabilidad de los padres o tutores al firmar el documento para vacunar a un menor de edad, pero trascendió que la Farmacia los convencía de que podían ser vacunados. “La misma farmacia los indujo a que se podían vacunar”, indicó Hernández.
“La dueña de la Farmacia asumió toda la responsabilidad”, dijo sobre si tomarán acción contra el o los empleados que inyectaron los menores. “Esta señora asumió toda la responsabilidad de lo que pasó allí”, dijo.
Banchs enfrenta una pena máxima con la que podría tener que cumplir 5 años de prisión, pagar una multa de hasta $250,000 y tres años de libertad supervisada. La determinación final se sabrá en una vista, cuya fecha no se había informado. Mientras, ella se mantiene en libertad bajo los términos de la corte.
Stephen Muldrow, fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, expresó en declaraciones escritas que Banchs “usó su acceso especial para vacunar ilegalmente a niños menores de 12 años poniendo en riesgo su salud. El Departamento de Justicia seguirá trabajando con sus socios encargados de hacer cumplir la ley para garantizar que el público reciba vacunas seguras y eficaces”.
Banchs, junto a su declaración de culpabilidad, aceptó voluntariamente ser excluida como proveedora de Medicare, Medicaid y todos los programas federales de atención médica por un período de cinco años.
Hernández explicó que el caso de las vacunas le llegó por un padre y un médico que lo denunciaron luego que un menor fue vacunado en ese lugar.
Indicó que en un momento se denunció que en otros lugares también vacunaron menores de 12 años contra el coronavirus, pero la investigación reflejó que se trató de un error al reportar la data al sistema. “No tenemos otros casos de menores (de 12 años) que fueran vacunados”, dijo.
El funcionario exhortó a la ciudadanía a que de tener información de cualquier caso que necesite que lo investigue el Departamento de Salud, a que lo reporte de manera confidencial al 787-522-6300 o escriba a investigaciones@salud.pr.gov
