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Por Miguel Díaz Román
redaccion@esnoticiapr.com
Los más de 600,000 beneficiarios del Seguro Social, veteranos y otros jubilados aún no saben cómo ni cuándo recibirán la ayuda de $1,200 debido al silencio que mantiene el Departamento de Hacienda (DH) ante la resistencia de la administración del Seguro Social y el Tesoro Federal a compartir con el gobierno local su banco de datos sobre los beneficiados residentes en Puerto Rico por temor a la duplicidad de ayudas.
Hasta ahora Hacienda no ha revelado si alcanzó un acuerdo con el gobierno federal para recibir la información bancaria de los beneficados del Seguro Social y los veteranos, lo que le permitirá introducir los datos en sus sistemas y comenzar a distribuir el alivio.
El hermetismo es de tal naturaleza que tampoco se sabe si Hacienda tiene un plan B para recopilar en la calle la información bancaria o la dirección residencial de los más de 600,000 beneficiados del seguro social y los veteranos, si el gobierno federal y en especial, la administración del Seguro Social, rechaza compartir sus datos con el gobierno local.
La posibilidad real de que esto ocurra implicará que Hacienda deberá movilizar a los alcaldes y a decenas de organizaciones privadas que ofrecen servicios a los beneficiados del Seguro Social y jubilados, para obtener la información, lo que retardará la distribución del alivio durante semanas o quizás meses.
De hecho, ha trascendido que Hacienda se comunicó con la Asociación y la Federación de Alcaldes para que colaboren con la entrega del incentivo a los jubilados, pero hasta ahora no hay un acuerdo concreto.
“En este momento nosotros lo que sabemos es que no se ha aprobado lo del Seguro Social (compartir los datos con el gobierno local) y no sabemos si el secretario tiene un plan”, sostuvo José Acarón, director estatal de Asociación Americana de Jubilados (ARRP).
Acarón indicó que la información que ha recibido es que la administración del Seguro Social y el Tesoro Federal se resisten a compartir con el gobierno local su banco de datos sobre los beneficiados residentes en Puerto Rico por temor a la duplicidad de ayudas.
“Ellos están negociando, pero yo no sé lo que están negociando. No han hablado con transparencia de los que está pasando”, dijo Acarón, en relación a las conversaciones que sostiene Hacienda con el Tesoro Federal y la administración del Seguro Social.
Acarón sostuvo que fue la Comisionada Residente, Jennifer González, quien le indicó sobre la resistencia de la administración del Seguro Social a compartir sus datos con el gobierno local por temor a la duplicidad.
“Como aquí no se radican planillas federales, que es la información que se usa allá para distribuir la ayuda, y para evitar la duplicidad, el Tesoro Federal había dicho que no (compartir los datos con el gobierno local). Que lo tenían que manejar acá. Eso fue lo que me dijo Jennifer” agregó el director estatal de ARRP.
Acarón indicó que miembros de la ARRP en los Estados Unidos que realizan gestiones en el gobierno federal para que el alivio llegue a los jubilados residentes en Puerto Rico, le han informado que la distribución de la ayuda en otros estados ha sido “un dolor de cabeza” para la administración del Seguro Social.
“Lo que me han dicho es que el Seguro Social tiene la manos llenas y no quieren tener otro tostón con el gobierno de Puerto Rico con eso de la duplicidad”, dijo Acarón.
El plan para distribuir el alivio presentado por Hacienda, que fue objetado por el Tesoro, contemplaba que la agencia repartiría la ayuda a las personas que habían presentado planillas en Puerto Rico, mientras que el Seguro Social y la Administración de Veteranos debían enviar el dinero a los residentes locales utilizando la misma vía que utilizan para pagar sus beneficios.
Acarón sostuvo la ARRP favorecía la propuesta de Hacienda pero ante el rechazo del Tesoro y del Seguro Social, han optado por realizar una campaña por medio de llamadas y cartas en ambas agencias federales a favor de que el gobierno federal le provea los datos a Hacienda.
El director de ARRP dijo que la Comisionada Residente también envió una carta a la administración del Seguro Social solicitando su cooperación con el gobierno local.
“Nosotros sabemos que Jennifer envió una carta pero no sabemos qué ha hecho Hacienda. Que a mi me conste, yo no he visto nada que haya hecho Hacienda”, aclaró Acarón.
El ejecutivo sostuvo que ante la objeción del gobierno federal para ofrecer los datos al gobierno local, la ARRP propone efectuar una movilización en los municipios con la cooperación de los alcaldes, el gobierno central y las organizaciones sin fines de lucro con el fin de realizar un censo y recopliar la información de la población retirada. Luego esa información sería entregada a Hacienda para que inicie la distribución de la ayuda.
“Esto puede tardar y será un proceso difícil y tedioso, identificar a toda la población jubilada y obtener su información. Y eso es lo que nos preocupa, porque se presta para el fraude y se presta para que mucha gente que no tiene acceso no le llegue el dinero”, indicó Acarón.
Acarón dijo que desconoce si Hacienda ha diseñado un plan similar al que propone ARRP y señaló que no ha visto señales de parte del secretario de Hacienda, Francisco Parés, y sus subalternos para establecer un diálogo con los sectores que ofrecen servicios a la población jubilada.
“Yo no veo apertura a trabajar en equipo. Yo no he visto eso”, indicó el ejecutivo. Agregó que ante esa realidad se propuso realizar gestiones directamente en la Fortaleza.
“Ayer le envié un correo al secretario, a la gobernadora y al secretario de la gobernación, Antonio Pabón con copia de las dos cartas al Seguro Social y al Tesoro que hemos enviado. Queremos que sepan que nosotros estamos dando la pelea allá por ustedes (el gobierno de Wanda Vázquez Garced) y lo mínimo que queremos es saber cuál es el plan y cómo lo podemos apoyar. El éxito del gobierno es el éxito de los cerca de 600,000 jubilados”, dijo Acarón.
Finalmente Acarón dijo que si estas últimas gestiones no logran que Hacienda y la Fortaleza informen sobre cómo y cuándo recibirán la ayuda de $1,200 los jubilados, se proponen organizar manifestaciones de protesta.
