Por Redacción Es Noticia
redaccion@esnoticiapr.com
El sindicato Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico, Concilio 95 AFSCME (SPUPR-AFSCME) presentó una demanda en el Tribunal Federal contra la Junta de Control Fiscal (JCF), alegando que la entidad pagó de manera incompleta una bonificación a más de 10,000 empleados públicos.
Según la demanda, los empleados debían recibir $17,000 al 1 de diciembre de 2024, como parte de un acuerdo con la JCF. No obstante, la junta solo les pagó $2,000, lo que representa una diferencia de $15,000 por trabajador.
La presidenta del sindicato, Jessica Martínez Santos, calificó la situación como «lamentable» y acusó a la JCF de intentar «ocultar» dinero que legalmente pertenece a los trabajadores.
El acuerdo y la disputa sobre el pago
En 2018, el sindicato y la JCF llegaron a un acuerdo en el que los unionados recibirían una bonificación por cinco años, dependiendo del exceso en recaudos del gobierno. Hasta el 2024, el acuerdo se había cumplido sin problemas.
Sin embargo, el sindicato sostiene que entre el 1 de julio de 2023 y el 30 de junio de 2024, el exceso en recaudos superó los $2,000 millones, por lo que les correspondería la cantidad reclamada.
“Es inconcebible pensar que ahora pretendan utilizar trucos de contabilidad para evitar cumplir con lo pactado en detrimento de los servidores públicos”, expresó Martínez Santos.
La respuesta de la JCF
Por su parte, la Junta de Control Fiscal rechazó las acusaciones y aseguró que los pagos se calcularon correctamente.
“El intento de Servidores Públicos Unidos de recalcular el bono en efectivo a un pago de $17,000 para más de 9,000 miembros, que asciende a más de $160 millones, es indebido y contrario al claro lenguaje de los documentos”, sostuvo la JCF en declaraciones escritas.
Además, aclararon que los pagos no son un bono discrecional, sino que se determinan según “un cálculo verdadero y preciso del exceso de efectivo del gobierno”.
El caso ahora sigue su curso en el Tribunal Federal, mientras el sindicato insiste en que defenderá el acuerdo alcanzado en 2018.
