Por Redacción Es Noticia
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La Comisión de Personas Privadas de su Libertad del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico alertó sobre la necesidad de que toda la población carcelaria y todo el personal que trabaja o brinda servicios en tales instituciones sea vacunado contra el coronavirus inmediatamente.
La población correccional se estima en unos 7,500 hombres, mujeres y menores, quienes habitan las cárceles cumpliendo sus condenas, en espera de su juicio o en espera de otros trámites judiciales que inciden en su libertad. Hay otras 1,000 personas que laboran diariamente atendiendo a esta población.
Aunque tal población se mantiene “aislada” de la población general del País no están ajenos a los contagios por el COVID-19. Así quedó probado ante los brotes suscitados en los complejos correccionales Bayamón 501 y Ponce 636 en lo que va del año.
Tanto la Organización Mundial de la Salud como el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, reconocen que los privados de libertad en las instituciones correccionales están expuesto a un nivel de contagio desproporcionalmente elevado debido las limitaciones para adoptar e implementar las medidas de salubridad requeridas para prevenir el contagio, entre estas:
- mantener un distanciamiento de 6 pies de distancia
- uso de mascarillas
- uso de equipo de limpieza constante.
Añade el CDC, que los brotes en los complejos correccionales son difíciles de controlar debido al limitado espacio para aislar contagiados, los limitados materiales de protección personal disponibles, las condiciones de salud de la población correccional, entre otros factores.
El alto riesgo de contagio es compartido entre el personal que trabaja en las instituciones y los confinados, señaló la entidad.
Los contagios o brotes en estas instituciones no solo amenazan la salud de aquellos dentro de las instituciones, sino que pueden resultar en transmisiones o contagios comunitarios. Es por ello por lo que se recomienda que estos grupos estén entre el grupo de prioridad para recibir la vacunación contra el virus.
“Urge que el Estado tome acción inmediata y vacune a toda la población correccional y al personal que allí labora y brinda servicios. La estrategia no debe ser la de reaccionar a los contagios o brotes sino la de prevenirlos mediante la vacunación. Una pronta vacunación a tales grupos protegerá a la población carcelaria como también a los familiares de aquellas personas que por razón de trabajo visitan las cárceles”, dijo el abogado Donald R. Milán Guindín.
“Aproximadamente entre un 15% a un 20% de la población penal se encuentran detenida por no poder pagar su fianza siendo ellos forzados a esperar en la cárcel su día en corte. La vacunación de los privados de libertad permitiría que muchos de los casos que hoy están detenidos puedan nuevamente atenderse en los tribunales a la brevedad posible. Por consiguiente, atender esta población con premura no solo mantiene a la comunidad segura, sino que ayuda a proteger los derechos constitucionales de una gran parte de la población detenida”, indicó Diego H. Alcalá Laboy.
