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Por Miguel Díaz Román
redaccion@esnoticiapr.com
A pesar de las irregularidades que padeció en el pasado el subsidio salarial agrícola, el Senado aprobó una medida que elimina del Código de Incentivos el criterio de producción generada por los agricultores para conceder el subsidio y establece un sistema que utilizaría el área de terreno sembrada para determinar las horas trabajadas.
Pero la medida, que ahora pasa para su aprobación en la Cámara de Representantes, aún genera dudas porque no está claro si constituye un retorno al polémico método anterior que empleban los agricultores para reclamar el subsidio, que carecía de una manera efectiva de verificar su veracidad, o si emplear el área de terreno sembrada para determinar el monto del subsidio es en realidad una reafirmación del criterio producción, un método que ha recibido el rechazo de cientos de agricultores.
El autor de la medida, el senador Luis Berdiel, quien preside la Comisión de Agricultura del Senado, ha dicho que el Proyecto 1629 deroga el criterio de producción y asegura que utilizar como base para conceder el subsidio el área de terreno sembrada “es un consuelo y alivio para todos los agricultores en particular a los del Distrito de Ponce y de la Montaña”.
El senador dijo que conceder el subsidio salarial basado en producción ha ocasionado que la gran mayoría de agricultores no reciban el beneficio debido a que su reclamación encara dificultades por el tiempo que tardan determinados cultivos en crecer para lograr una cosecha. Berdiel indicó que tras los huracanes Irma y María, los agricultores enfrentaron muchas dificultades que reclamaban la urgencia de eliminar el criterio de producción.
“Con el incentivo por producción, nuestros agricultores no van a poder recibir ese alivio que ellos utilizaban para pagar la nómina de los obreros agrícolas. Sin lugar a dudas se habrá de aprobar en la Cámara de Representantes. Me siento tranquilo y sobretodo feliz porque le estamos haciendo justicia a los agricultores”, dijo el senador.
Otro elemento a favor de la medida de Berdiel, es que ha recibido el aval de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). En una carta enviada el pasado 10 de junio al representante Antonio Soto, presidente de las Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, la directora ejecutiva del organismo, Natalie Jaresko, reconoció que la mayoría de los cultivos en la Isla se vieron severamente afectados por los huracanes Irma y María y que como resultado los agricultores no pudieron beneficiarse del subsidio salarial.
“Un subsidio salarial basado en el área plantada parece ser más razonable dada la larga historia de Puerto Rico con tormentas tropicales”, indicó Jaresko .Si bien la JSF se reserva el derecho de PROMESA de evaluar el texto legislativo final promulgado en la ley, después de la revisión y discusión del proyecto de ley presentado para su revisión….no nos oponemos al concepto incorporado en el borrador de la pieza legislativa”, argumentó la directora ejecutiva de la JSF.
Pero Héctor Cordero, presidente de la Asociación de Agricultores, sostuvo que aplaude el esfuerzo de la Legislatura para mejorar el subsidio salarial, pero indicó que el Proyecto 1629 es un híbrido que aún contiene elementos del requisito de producción que impedirán que el subsidio cumpla con su cometido de ayudar a los agricultores con dificultades económicas.
“El problema es el lenguaje. Es confuso. Y conceder el subsidio en base al área de terreno sembrada es básicamente mantener el criterio de producción porque hay que fiscalizar las siembras. No le hace justicia al agricultor porque si una ventolera platanera te tumba 1,000 racimos de plátanos, no los puedes reclamar porque no fue un huracán y afecta tu área de terreno sembrada para efectos del subsidio salarial. Lo mismo ocurre con fenómenos como las lluvias intensas y la sequía. Aquí lo importante es el trabajo hombre-hora”, indicó Cordero.
“El subsidio es una ayuda que se da porque el agricultor no tiene suficiente dinero. Eso es distinto a los incentivos, que es una aportación que se da en espera de un resultado determinado. La medida aún tiene elementos de contabilizar producción, lo cual dificultará que los agricultores puedan recibir el beneficio como deberían. Pero del lobo un pelo. Con el poco tiempo que hay lo mejor es que lo aprueben y después tratamos de mejorarlo”, dijo Cordero.
Según lo dispone el Proyecto 1629, el subsidio será de $2.72 por cada hora trabajada por obreros agrícolas, que es el mismo monto del subsidio que operaba en el 2010, y que en la mayoría de los casos cubre cerca del 37% de un salario mínimo de $7.25 por hora.
Las irregularidades relacionadas con el subsidio salarial agrícola causó en el pasado que el Departamento de Agricultura realizara auditorías en los reclamos realizados por los agricultores para verificar que no existieran los llamados empleados fantasmas y en algunas ocasiones hasta se presentaron casos contra algunas agrícultores en los tribunales por apropiación ilegal de fondos públicos.
De hecho, el secretario de Agricultura, Carlos Flores, indicó que el método utilizado en el pasado para reclamar el subsidio salarial “era subjetivo” y explicó que un agricultor “podía poner muchas horas trabajadas y al final puede no haber la producción, pero ya el Estado pagó por una producción que a lo mejor no la hubo”.
Flores sostuvo que el efecto en el sector agrícola del subisidio salarial, que llegó a tener una asignación de $40 millones entre 1989 y 1990, fue evaluado por el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DEC) a solicitud de la Junta de Supervisión Fiscal. La evaluación era parte de un estudio que abarcó a todos los subsidios e incentivos que ofrece el gobierno.
“Tras el análisis se encontró que el retorno de la inversión que hacía el gobierno por medio del subsidio salarial agrícola era de 0.19 %, que es el más bajo de todos los subsidios. Eso significa que de cada dólar que invertía el gobierno por medio del subsidio salarial solo retornaban 19 centavos a la economía. Lo que se esperaba era que retornara el peso y unos chavitos más…pero el retorno era de 19 centavos, El más bajo de todos los subsidios del gobierno”, dijo el secretario.
El funcionario sostuvo que ante la intención de la JSF de eliminar el subsidio, el Departamento de Agricultura propuso que el incentivo se concediera por producción, que es la forma como siempre lo han recibido las industrias de huevos, leche y pollos parrilleros.
“Cuando explicamos esa alternativa la JSF y el DEC accedieron a que fuera por producción. En el 2017 la administración tenía la intención de dar los subsidios por producción, pero lo íbamos a hacer paulatinamente.. pero la JSF nos cortó los fondos en 2019 y en seis meses tuvimos que montar el nuevo programa”, dijo Flores.
Luego de más de 30 años de operar con pocos cambios, el subsidio agrícola fue transformado en un subsidio que llegó a cubrir hasta el 50 % del gasto de nómina, para convertirse uno que subsidiaba una porción del gasto de nómina. A partir del 2019 se estableció el subsidio salarial por producción, que por medio de una fórmula se establece un pago que es equivalente al 50% del dinero invertido por el agricultor en nómina para generar determinados productos agrícolas. A su vez, el DEC será el responsable de determinar si el dinero invertido en el subsidio salarial repercutió de manera favorable en la economía y en la producción agrícola.
Flores dijo que para el 2016 el subsidio tenía una asignación de $33 millones y todos los agricultores podían solicitar el subsidio salarial, incluyendo los registrados como agricultores bonafide, que son aquellos que obtienen más del 50% de su ingreso bruto de un negocio agrícola calificado, y los que no estaban registrados como agricultores bonafide.
Actualmente, el subsidio tiene una asignación de $15 millones, lo que implica que recibió un recorte de $18 millones, y los únicos que pueden solicitar la ayuda debe poseer un certificado de agricultor bonafide.
El secretario agregó que de los cerca de 14,000 agricultores que existían en la isla antes del 2017, unos 1,400 recibían los $33 millones asignados al subsidio agrícola, lo que implica que la totalidad de la asignación solo beneficiaba al 10 % de los agricultores locales.
“Cómo es posible que digan que sin subsidio salarial se cae la agricultura si solo el 10 % de los agricultores se benefician del subsidio. Muchos no quieren el subsidio porque no quieren informar sus ingresos y no quieren que el gobierno se meta en sus operaciones. Otros no lo necesitan, son muchas razones”, indicó Flores.
Pero el asunto es todavía más intrigante, pues de esos 1,400 agricultores, 240 eran ganaderos, 45 era agricultores del sector de pollos parrilleros y 8 del sector de huevos, quienes reciben su subsidio salarial por producción. En total estos tres sectores recibían en subsidios $7 millones.
A su vez, el programa consumía $3 millones en gastos administrativos y de personal, por lo que los 1,107 agricultores restantes recibían $23 millones en subsidios, lo que representa un pago promedio anual de $20,776 para cada uno de ellos.
“Había una queja bien grande porque habían agricultores que estaban beneficiándose del subsidio grandemente, hubiera o no hubiera producción. Un agricultor que producía 5,000 plátanos por cuerda cobraba lo mismo que el producía 45,000 plátanos por cuerda. El programa estaba diseñado para permitir eso”, indicó el secretario.
Tras el establecimiento de método de producción para ofrecer el subsidio en el 2019, las quejas contra el cambio han crecido debido, entre otras razones, a que el nuevo método no considera las pérdidas que pueda sufir un agricultor antes de la cosecha por causas del clima o por efecto de otros eventos que pueden afectar los cultivos.
“Aquí, quien cogía el subsidio y no tenía producción, pues ahora puede estar protestando”, insistió Flores.
Cordero reconoció que en el pasado el subsidio salarial pudo estar afectado por reclamaciones de empleados fantasmas y otras irregularidades, pero aseguró que “eso era mínimo”. Indicó que Agricultura podía verificar las reclamaciones de los agricultores al subsidio salarial por medio de reconciliar las planillas del seguro social, del seguro por desempleo y del Fondo del Seguro del Estado y descartó que hubiese una alta tasa de reclamaciones fraudulentas.
