Por Redacción Es Noticia
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Opinión de: Carmen Maldonado González
Alcaldesa de Morovis y candidata a la presidencia del Partido Popular Democrático
En Puerto Rico estamos viviendo varios casos de corrupción pública que no dejan de asombrarnos por la manera en que desde distintos ángulos, los corruptos se las ingenian para priorizar el dinero fácil por encima de los valores, los reglamentos y las leyes.
En cada caso que examinamos, Oscar Santamaría, alcaldes, funcionarios, empresas, el resultado es el mismo: se pierden millones de dólares, se invierten grandes recursos en investigaciones y casos judiciales, y lo peor, la ciudadanía pierde la confianza en sus instituciones públicas y también incide en el desarrollo económico del País.
Ante esta realidad, conviene tener claro que la corrupción no es exclusiva de los políticos y los empresarios, cualquier ciudadano común y corriente también puede caer en ella. Sin embargo, ante la misión de combatir la corrupción, todos debemos involucrarnos.
De acuerdo con el ‘Barómetro Global de Corrupción’ de la entidad sin fines de lucro Transparencia internacional, la corrupción se da en cosas muy comunes, infracciones de tránsito, sobornos para obtener permisos o licencias de construcción. Pero también se da en otros ámbitos, en donde los beneficios son mayores como en las contrataciones con gobierno y licitaciones, que es lo que más estamos viendo en Puerto Rico.
Hay muchas cosas que nosotros como ciudadanos podemos hacer, como educarnos y estar alertas ante el tema. Sumado al conocimiento y la atención, hay que negarse ante cualquier señal de un acto corrupto, y eso nos toca a todos, estemos o no en el gobierno, estemos o no en empresas privadas, pues la corrupción también alcanza otros tipos de instituciones como las sin fines de lucro, e incluso las iglesias.
Realizar las denuncias correspondientes es vital, tanto ante las organizaciones pertinentes, como el Departamento de Justicia, Oficina del Contralor y Oficina de Ética Gubernamental. Ciertamente, si el ciudadano cree que puede haber alguna represalia por presentar una denuncia como alguna venganza de un servidor público o una empresa, siempre están disponibles las denuncias anónimas y acudir a los medios de comunicación, entre otras instancias. Multiplicamos nuestra fuerza contra la corrupción cuando nos educamos, denunciamos y nos unimos en un mismo fin.
Ser parte de las discusiones políticas también es importante porque en el contexto electoral que tenemos próximamente en 2024, es bien importante examinar las actuaciones de todos los candidatos políticos, pero más importante aún, examinar quiénes son las personas o los grupos que impulsan las candidaturas.
Como servidora pública y líder política he aportado mi parte presentando propuestas específicas contra la corrupción. Las mismas ya han sido publicadas por los medios y ustedes las pueden conseguir en mis redes sociales, donde pueden comentar las mismas y aportar sus ideas.
Ciertamente el trabajo es arduo y detallado, pero estar alertas, educarse e investigar es parte de la receta para combatir la corrupción en todos los frentes. Y de nuevo, no es un tema de política o de empresarios, es un tema de todos nosotros, porque afecta la economía y los estándares morales de la sociedad, así como el sistema económico de Puerto Rico y nuestra posición ante el mundo. En esta lucha contra la corrupción debemos remar todos para el mismo lado, pues aplica el conocido refrán que no falla: en la unión está la fuerza.
Por Redacción Es Noticia
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La vista preliminar contra el suspendido alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez y la directora de finanzas, Yahaira Valentín Andrade, por los delitos de malversación de fondos públicos, será el próximo año.
El juez Héctor López Sánchez determinó posponerla para el 28 de febrero y el 1ro de marzo de 2023.
Antes, el abogado Harry Padilla y el Fiscal Especial Independiente (FEI), Miguel Colón, se reunirán para una conferencia de seguimiento el próximo 10 de febrero. En esa ocasión se reúnen para discutir las mociones y revisar la lista de los testigos de cargo.
El abogado Padilla adelantó que radicó, ante el Tribunal Supremo, una moción de desestimación de los cargos presentados en la vista de Regla 6 por entender la determinación de causa para arresto no se realizó conforme a derecho.
El FEI Colón dijo por su parte, que el Tribunal Supremo no ha expresado al momento si habrá de acoger los planteamientos del licenciado Padilla, sobre la moción de desestimación de los cargos contra su cliente, por lo que el caso continuara con los señalamientos que hizo en sala el juez López Sánchez.
El licenciado Ramón Parga, abogado de Valentín Andrade, no estuvo presente en sala, debido a que está afectado de salud.
Tanto Rodríguez como Valentín están imputados en unas presuntas acciones irregulares que llevaron a la pérdida de $9.8 millones destinados al Centro de Trauma de Mayagüez como resultado de una investigación sobre el desempeño de las funciones del Alcalde y en la corporación Mayagüez Economic Development (MEDI).
Sin embargo, la teoría del licenciado Padilla, es que su cliente fue timado por parte de asesores financieros, quienes supuestamente le recomendaron la fallida inversión de los fondos asignados por la Legislatura.
Por Redacción Es Noticia
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La Junta de Control Fiscal (JCF) presentó a la Legislatura el presupuesto propuesto del fondo general para el año fiscal 2023 con $12.4 mil millones para las operaciones diarias del Gobierno, un 70 % del mismo es para educación, seguridad, salud, pensiones y desarrollo económico.
El presupuesto incluye aumentos salariales para los empleados públicos, fondos significativos para proteger a los futuros retirados de la incertidumbre económica y un aumento de la financiación para la Universidad de Puerto Rico conforme a la Ley 53-2021.
El presupuesto del Fondo General es solo una parte del presupuesto consolidado del gobierno que los miembros de la Junta certificarán antes del 30 de junio de 2022.
“El presupuesto del Fondo General para el AF2023 le permite al gobierno realizar inversiones adicionales en servicios esenciales para mejorar la calidad de vida del pueblo de Puerto Rico”, dijo el presidente de la JCF, David Skeel en declaraciones escritas.
“El presupuesto es consistente con el camino trazado para Puerto Rico hacia la responsabilidad fiscal y proporciona al gobierno la estabilidad que resulta crítica en este tiempo de incertidumbre económica global”.
El presupuesto prioriza la seguridad de los actuales y futuros retirados del gobierno al destinar alrededor del 26 % del gasto total del Fondo General será para las pensiones:
La educación representa el 16 % del gasto del Fondo General.
Los servicios de salud pública un 11%, e incluyen la investigación oncológica, servicios de emergencias médicas y las iniciativas de salud mental.
El presupuesto propuesto también incluye cerca de $700 millones más en inversiones estratégicas que el presupuesto del año en curso.
Las inversiones en servicios gubernamentales y eficiencia aumentan en más de $320 millones, incluyendo más de $150 millones en aumentos salariales para ofrecer a los profesionales del Departamento de Educación salarios más competitivos.
El presupuesto incluye casi $110 millones en financiación adicional disponible para las agencias al cumplir con determinadas metas vinculadas a la asistencia de maestros y estudiantes en el sistema escolar público; programas de servicios de salud que promueven la prevención, detección temprana y el tratamiento especializado; y la implementación de un nuevo sistema de evaluación de empleados y una plataforma de contratación para los empleados del gobierno.
Incluye unos $1,000 millones en pagos de la deuda tras la confirmación del Plan de Ajuste para reducir el pasivo total del Estado en un 80 %. Esos pagos incluyen el instrumento de valor contingente que distribuye el superávit económico actual entre el gobierno y los acreedores, un acuerdo que permitió una mayor reducción de la deuda del Gobierno de Puerto Rico.
El presupuesto que la Legislatura revisará ahora se basa principalmente en los ingresos fiscales y no incluye los fondos de ingresos especiales, que constan de los ingresos que el gobierno genere del recaudo de cuotas y servicios, o los fondos federales.
La Junta de Control Fiscal trabajará con la Legislatura desde ahora hasta el 13 de junio de 2022. El presupuesto comienza el 1 de julio de 2022.
Por Redacción Es Noticia
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Los representantes Edgardo Feliciano y Lisie Burgos Muñiz radicaron hoy la Resolución de la Cámara 350, la cual busca evaluar el funcionamiento y administración de la Oficina del Panel del Fiscal Independiente.
“El pueblo de Puerto Rico aborrece y está cansado de la corrupción gubernamental, pero han perdido la fe en las agencias de fiscalización. Con esta resolución buscamos hacer una evaluación exhaustiva sobre la operación de la OPFEI y ver la posibilidad de crear un modelo de procesamiento criminal de funcionarios públicos atemperados al Siglo XXI”, indicó Feliciano Sánchez.
Señalaron que la OPFEI tiene un presupuesto asignado de sobre $3 millones, pero nunca han sometido un «informe preciso» de cuánto de este dinero se gasta en el procesamiento, investigación y convicción de funcionarios gubernamentales.
“El pueblo de Puerto Rico merece transparencia y debe conocer cuánto es el dinero que se gasta en cada caso sometido o investigado por esta oficina. Asimismo, debemos investigar el dinero público que se invierte en Fiscales Especiales Independientes versus las convicciones que estos han logrado en los Tribunales de Puerto Rico”, sentenció la portavoz de Proyecto Dignidad, Lisie Burgos Muñiz.
La Resolución de la Cámara 350, tiene entre sus propósitos solicitar facturas de los servicios prestados por Fiscales Especiales Independientes, casos radicados, costos de investigación de casos donde la OPFEI determina no radicar, informe detallado de los casos que la OPFEI ha solicitado extensión en el término de investigación y un informe de los casos radicados y sus resultados.
“Esta resolución no se puede interpretar como un atentado contra la transparencia, al contrario, el objetivo principal es comenzar a buscar la forma de fortalecer el procesamiento criminal de funcionarios gubernamentales de forma exitosa y para hacerlo hay que estudiar si el modelo actual está funcionando”, indicó el representante Edgardo Feliciano.
Por CyberNews
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La administradora de la Administración de Servicios Generales (ASG), Karla Mercado Rivera, dijo el lunes que la empresa Texas Armoring Corporation (TAC) no les mostró la guagua blindada Chevrolet Suburban del año 2018, que el Gobierno de Puerto Rico procuró para el entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares.
Según Mercado Rivera, cuando empleados de la agencia fueron al lugar para ver la guagua, en lugar de presentarles una Chevrolet Suburban, le enseñaron una Cadillac Escalade.
“Y todavía al sol de hoy no podemos determinar si el vehículo está terminado, si está completo. Ellos no han sido responsivos, a pesar de que se le pagó casi la totalidad del vehículo”, expresó Mercado Rivera en conferencia de prensa.
Por esta y otras razones, el secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, alegó que la compañía estadounidense cometió un timo.
“¿A pesar de que ese vehículo se pagó, es posible que lo hayan vendido o desaparecido?”, se le preguntó.
“O tal vez nunca empezaron (a prepararlo)”, contestó.
El secretario de Justicia presentó ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan una demanda civil contra la empresa Texas Armoring Corporation (TAC) y su principal oficial ejecutivo (CEO) Ronald Trent Kimball por “nulidad y cobro de lo indebido” por la fallida compraventa del vehículo blindado.
Por Redacción Es Noticia
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La transición del gobierno municipal de Adjuntas no ha comenzado, pero la pugna entre el alcalde saliente y el candidato electo está al rojo vivo.
La situación ocurre por movidas que el alcalde Jaime Barlucea Maldonado realizó con la Legislatura Municipal y sobre las que el alcalde entrante, José Hiram Soto Rivera, levantó bandera por estar relacionadas a fondos públicos.
Barlucea Maldonado acaba de anunciar un aumento en el Bono de Navidad a los empleados municipales y el restablecer la jornada de trabajo a los empleados del ayuntamiento.
Sin embargo, Soto Rivera señaló que «detrás» de esos aumentos -supuestamente- se esconde una transferencia de fondos que el alcalde saliente hizo con una asignación de $95,022 destinada a una partida para «pagar exceso de vacaciones».
El alcalde entrante destacó que en el municipio de Adjuntas no hay empleados con exceso de vacaciones porque tan pronto acumulan determinada cantidad de días lo obligan a irse de vacaciones.
Soto Rivera insinuó que ese dinero es para pagar vacaciones al alcalde saliente. «¿Que conteste quién se va a beneficiar de esa partida?», preguntó Soto Rivera en un vídeo que publico en las redes sociales.
«Aquí lo que había era un intento particular de la persona que dice que no toma vacaciones en su municipio», expresó el alcalde entrante del Partido Popular Democrático. «Esa era la excusa (al tramitar el aumento en bonos y horas a empleados)», señaló.
El alcalde entrante dijo que ha llamado en varias ocasiones a Barlucea Maldonado para «invitarlo a almorzar» y ponerle fecha al inicio del proceso de transición, pero la respuesta que ha recibido es que el alcalde no se encuentra y tampoco le devuelve las llamadas.
Soto Rivera acusó al alcalde saliente de lo que llamó «actitud de mala fe» y de nunca haberse preocupado por los empleados transitorios para en momentos en que debe haber una transición, aumentarle horas de trabajo. Además, le imputó tratar a esos empleados «de manera humillante» al amedrentarlos con que si él no ganaba las elecciones se quedaban sin trabajo.
El alcalde entrante indicó que entre las movidas que Barluea Maldonado hizo con la Legislatura Municipal se encuentra la eliminación de partidas de incentivos que daba a los estudiantes y universitarios, igual desapareció la partida para donaciones.
«Para las primarias y elecciones este señor se volvió loco dando donativos», criticó.
Según explicó, Soto Rivera recibirá un municipio que debió tener un presupuesto de $5.8 millones para operar el segundo semestre, pero la información que ha recibido tiende a indicar que la cifra no alcanzará los $3 millones y de ese dinero deberá pagar la nómina y otros compromisos.
Por Miguel Díaz Román
redaccion@esnoticiapr.com
ADJUNTAS – Un día después de la victoria electoral del alcalde de Adjuntas, Jaime Barlucea Maldonado, en las primarias del Partido Nuevo Progresista, la Oficina del Contralor divulgó un escandaloso informe de auditoría que revela las mentiras del alcalde sobre una cuestionable transacción en la que, presuntamente, se malversaron fondos públicos y en la que resultó favorecida la esposa de un contratista del municipio.
La transacción y las alegaciones vertidas por el alcalde y la directora de Recursos Humanos del municipio en la que, supuestamente, se malversación fondos públicos, está relacionada con un viaje estudiantil a Europa. En el viaje también participó la esposa del dueño de la agencia de viajes que vendió los pasajes al municipio. Alegadamente, el pasaje de la mujer fue pagado con fondos públicos, según concluyó la auditoría que fue referida al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental, el pasado 12 de noviembre.
El referido obedece a que la Oficina del Contralor entiende que el alcalde y la directora de Recursos Humanos, pudieron haber cometido los delitos de falsedad ideológica, archivo de documentos o datos falsos, y posesión y traspaso de documentos falsificados, según un comunicado de prensa que emitió esa oficina. El comunicado también indica que ambos funcionarios pudieran estar sujetos a las penalidades y sanciones establecidas en la Ley 1-2012 mejor conocida como Ley de Ética Gubernamental.
Alcalde Jaime Barlucea
Pero no fue hasta el pasado lunes, casi 10 meses después de tramitados los referidos y un día después de celebrada la primaria en la que prevaleció Barlucea Maldonado, que la Oficina del Contralor reveló públicamente el contenido de la auditoría.
La difusión de los hallazgos de la auditoría después de celebrada primaria impidió que los 1,953 penepés que favorecieron al alcalde, supieran de las falsas representaciones que esgrimió el funcionario relacionadas con una transacción en la que, presuntamente, hubo mal uso de fondos públicos.
Además, levanta serios cuestionamientos sobre si la Oficina del Contralor intentó no perjudicial la reelección del alcalde como candidato del PNP en Adjuntas.
La auditoría revela que, para el viaje realizado a España, Portugal y Marruecos en el 2013, el alcalde y la directora de Recursos Humanos certificaron, que habían participado del viaje junto a nueve estudiantes y que ninguno había cancelado su participación. Sin embargo, los auditores descubrieron que uno de los estudiantes no había participado del viaje a pesar de que fue incluido en el Informe del Viaje elaborado en el 2013.
De hecho, el estudiante que no viajó, que es denominado como estudiante B en la auditoría, confirmó a los auditores -en el 2017- que no participó en el viaje a España, Portugal y Marruecos. Otros dos estudiantes que participaron del viaje, declararon en el 2017 que el estudiante B no los acompañó.
Incluso, la directora de Recursos Humanos, en lo que representa un cambio de posición, también declaró en el 2017 a los auditores que el estudiante B no había participado en el viaje y que tampoco se había nombrado un participante sustituto. Pero Barlucea Maldonado, en una certificación adicional emitida en el 2017, insistió que el estudiante B si realizó el viaje.
En un “Comentario Especial”, la auditoría revela que el presidente de la agencia de viajes, solicitó a la aerolínea que sustituyera el nombre del estudiante B por el de su esposa, lo que implica que el empresario pagó el viaje y estadía de su esposa a España, Portugal y Marruecos, con fondos municipales por la cantidad de $5,280.
Pero lo más escandaloso es que el municipio no obtuvo cotizaciones de al menos tres proveedores representativos del mercado, sino que el alcalde personalmente solicitó por teléfono las cotizaciones a la misma agencia a la que adjudicaron la compra de los viajes.
En entrevista con Es Noticia, Barlucea Maldonado reconoció que tenía una relación de años con la agencia de viajes, la cual identificó como “Hollyday” y que conocía a su propietario, a quien identificó como una persona de apellido “Correa”. El alcalde también admitió que sabía quién era la esposa.
De acuerdo con la auditoría, el municipio había solicitado a la agencia de viajes que se cancelara la participación del estudiante y que se devolviera el dinero, pero la empresa se negó. Según la auditoría, la agencia de viajes le indicó al alcalde que no podía rembolsar el costo de la cancelación de la reservación del estudiante B, que el municipio le había solicitado. Además, la agencia no le informó al municipio su derecho a sustituir al estudiante B por otro estudiante, según indica la auditoría.
Todo lo anterior no fue suficiente estímulo para que el alcalde, quien viajó junto a los estudiantes a España, Portugal y Marruecos, le preguntara a la esposa del empresario que los acompañó durante la travesía, cómo había pagado su viaje. El alcalde tampoco se sintió motivado a indagar si el espacio que estaba ocupando la mujer en la travesía, correspondía al del estudiante que no participó y cuyo costo pagó el municipio y la agencia de viajes de su marido se negó a devolver.
-¿Usted sabía que ella era la esposa del dueño de la agencia de viajes?, preguntó Es Noticia.
–En ese momento sí lo sabía, respondió el alcalde.
-¿No le llamó la atención que ella estuviera sentada allí?
–No me llamó la atención porque, recuerda que ellos se dedican a viajes estudiantiles y son cientos los estudiantes que viajan en un año y ellos acumularán sus puntos y tienen, como dueños de compañías, viajes de privilegio. No, no me sorprende porque no vi nada raro, indicó Barlucea Maldonado.
El alcalde dijo que ya había tenido una conversación con un presunto investigador del Departamento de Justicia, quien le indicó que la conclusión de su indagación es que el alcalde no cometió los delitos relacionados con falsedad ideológica y archivo de documentos o datos falsos, ni que incurrió en violaciones a la ley de Ética Gubernamental, como indicó la Oficina del Contralor.
Barlucea Maldonado sostuvo que el investigador de Justicia le aseguró que todo se reduce a que el municipio debe iniciar una acción civil contra la agencia de viajes para recobrar los $5,280.
El ejecutivo municipal indicó que la determinación del Departamento de Justicia eximiéndolo de haber cometido delitos figura en una comunicación escrita, pero se negó a ofrecer copia de la misiva.
A pesar de que han pasado ocho años desde que ocurrieron los hechos relacionados con el viaje, el alcalde anunció que el viernes 21 de agosto, cinco días después de publicada la auditoría, el municipio acudirá a los tribunales con una acción de cobro contra la agencia de viajes.
Sostuvo que el pasado mes de julio, en una fecha que no pudo precisar, se reunió con la Contralora, Yesmín M. Valdivieso, y que en la reunión se presentó toda la documentación relacionada con el caso de parte del municipio. El alcalde dijo que solicitó sin éxito que la Oficina del Contralor le entregara la evidencia sobre que el empresario pagó el viaje de su esposa con los fondos del municipio.
“Estaremos radicando esta semana una acción para el recobro de este dinero, aunque no tenemos evidencia de que el señor pagó el viaje de su esposa con el dinero del municipio o con su dinero. Él tendrá que exponer su punto en el tribunal”, dijo Barlucea Maldonado.
Por su parte, la Contralora, Yesmín M. Valdivieso, negó que su oficina haya actuado políticamente motivada para favorecer la reelección del alcalde por difundir la auditoría un día después de celebrada la primaria y 10 meses después de que se hizo el referido a Justicia y Ética Gubernamental.
“Los informes salen cuando tienen que salir y a ese informe le tocó el lunes”, dijo Valdivieso.
La funcionaria sostuvo que no estaba enterada que de que Barlucea Maldonado había sido retado en primarias por Obed Cintrón, quien perdió la contienda por 280 votos. Cintrón obtuvo 1,673 votos, mientras el alcalde logró vencer con 1,953 votos.
“No tenía la menor idea de que tenía primarias. Yo me enteré el lunes, cuando comienzan a dar los resultados de los alcaldes”, aseguró la Contralora.
Valdivieso confirmó que a finales del pasado mes de julio sostuvo una reunión con Barlucea Maldonado, quien le indicó que los documentos que certificaron falsamente que el estudiante B había participado de viaje, “yo los firmé sin leerlos”.
“Pues señor alcalde los funcionarios no se pueden dar el lujo de estar firmando cosas que no hemos leído”, sostuvo Valdivieso que le replicó a Barlucea Maldonado. La funcionaria también destacó que un aspecto preocupante de la auditoría es que en dos ocasiones el alcalde certificó falsamente que el estudiante B había participado de viaje.
“Son dos informes en donde certifican que algo pasó… y no pasó”, indicó Valdivieso.
“Nosotros referimos el asunto a Justicia y Ética Gubernamental. No importa lo que él diga, nosotros dejamos los hallazgos y que Justicia determine”, sostuvo la Contralora.
Sobre la alegación de Barlucea Maldonado sobre que un investigador de Justicia lo eximió de delitos, Valdivieso dijo que el protocolo en Justicia y Ética Gubernamental consiste en enviar una carta a la Oficina del Contralor informando sobre la determinación que han tomado con respecto a la auditoría referida. “Yo no he recibido una carta de Justicia o de Ética Gubernamental cerrando el caso”, sentenció Valdivieso.
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