Por Miguel Díaz Román
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Si no había sido poco para el sector agrícola del país la crisis económica causada por el huracán María, por los temblores en la zona suroeste y el cierre de la economía decretado por el gobierno para evitar la dispersión del coronavirus, que en conjunto han causado pérdidas millonarias a cientos de agricultores, ahora se suman los estrictos requisitos del programa federal para la Modernización para el Manejo Seguro de Alimentos ( FSMA) que requería inversiones en las fincas de entre $20,000 y más de $500,000, y que deberán cumplir todos los agricultores del país que deseen distribuir sus productos en el mercado.
La nueva reglamentación federal representa un nuevo escollo en el camino azaroso de los agricultores que, además del efecto adverso de los fenómenos naturales, también han tenido que lidiar con el fuerte competencia de los productos agrícolas importados, los altos costos de producción, la reducción de incentivos de parte del gobierno y la recesión económica que enfrenta la isla desde el 2006.
“El impacto del FSMA será muy grande, la mayoría de los agricultores no tienen el potencial paara cumplir con estas normas, que son muy estrictas. El impacto será grande porque se necesita mucho dinero para invertir en los ranchos de limpieza y empaque y el gobierno abandonó al agricultor y muchos tendrán que decidir entre hacer un préstamo para cumplir o cerrar la finca”, dijo José Negrón, propietario de Productos Hacienda Negrón, una empresa familiar que cultiva cerca de 20 frutos distintos en 75 cuerdas de terreno en el pueblo de Villalba.
El FSMA, que fue aprobado en 2011 por el hoy expresidente Barack Obama, le concede nuevos poderes a la Administración Federal de Alimentos y Medicamentos (FDA) para regular la forma en que se cultivan, cosechan y procesan los alimentos y exige una infraestructura mandatoria en las fincas para sembrar, cosechar, limpiar, empacar y distribuir los productos agrícolas.
Esto incluye estructuras para limpieza y empaque para los distintos de productos y equipados con acondicionadores de aire, instalaciones para evitar incendios, para controlar los insectos, áreas de almacenaje, protocolos de manejo y una estricta identificación de las cosechas tanto en el campo como en los empaques que se llegan a los mercados. Incluso, el FSMA requiere estructuras separadas para los distintos productos, lo que implica que una finca podría hasta tres estructuras de empaque si produce una amplia variedad de frutos.
Negrón indicó que su empresa ya cumple con los requisitos de FSMA, para los que tuvo que invertir $10,000 en equipo porque ya tenía el edificio donde ubicó las instalaciones de empaque y limpieza. Además, el agricultor tomó dos cursos en el manejo de alimentos y cosechas para obtener las certificaciones necesarias que exige el programa federal.
“El FSMA va a cambiar lo que es la agricultura en Puerto Rico…son requisitos muy estrictos y no hay ayudas. Si tenías planes de crecer en tantos años, esto te obligará a atrasar los planes porque tiene que invertir para cumplir”, dijo Negrón, quien también es suplidor de productos agrícolas en numerosos supermercados.
Indicó que para sus cultivos de café tendrá realizar una nueva estructura según lo exige el FSMA y cuyo costo calcula en más $100,000 incluyendo el equipo. “Este es el próximo golpe que le espera al agricultor, tenga 2 cuerdas o 300 cuerdas, tendrá que cumplir y no todos podrán resistir el golpe”, comentó el agricultor, cuya empresa se ha hecho famosa porque fue unos de las primeras fincas en distribuir sus productos en las llamadas “cajitas” tras el cierre de la economía por el coronavirus.
La aplicación del FSMA en Puerto Rico implica que la FDA podrá decretar el recogido obligatorio del mercado de aquellos productos que incumplan con la reglamentación federal, cuyo objetivo es garantizar el consumo de alimentos seguros y manejados en procesos higiénicos y regulados.
Los agricultores con ingresos de hasta $25,000 están exentos de cumplir con el FSMA, mientras que los las fincas con ingresos entre $25,000 y $500,000 deberán cumplir con determinadas regulaciones. Las empresas agrícolas que generan ingresos mayores a $500,000 les aplica el mayor peso de las nuevas regulaciones.
Y aunque los objetivos del FSMA favorecen al sector agrícola, la ausencia de información y de ayudas económicas ha causado que la mayoría de los agricultores no estén en cumplimiento con la nueva norma federal y que incluso muchos de ellos consideran actualmente abandonar sus fincas.
De acuerdo con Héctor Cordero, presidente de la Asociación de Agricultores, más de 1,000 agricultores con empresas de gran potencial podrían estar en incumplimiento con el FSMA.
“Lo que está pasando es la negligencia del Departamento de Agricultura local y del Departamento de Agricultura federal que nunca se tomaron la iniciativa de educar al agricultor sobre lo que venía. Ni Mirna Comas, la pasada secretaria de agricultura, ni el actual secretario, Carlos Flores, han establecido medidas para condicionar ayudas al cumplimiento del FSMA. Era una medida que se pudo tomar y no se tomó. No lo hicieron. Y ahora tenemos esta situación, que es otro golpe para los agricultores después de María, los temblores y el coronavirus”, dijo Cordero.
El presidente de la AA sostuvo que las pérdidas en la agricultura por el cierre de la economía, en especial por le cierre de los comedores escolares, de los restaurantes y de los Mercados Familiares, donde los recipientes del Programa de Asistencia Nutricional pueden comprar alimentos frescos, han causado una pérdida de más de $25 millones. Indicó que la iniciativa de las “cajitas agrícolas” ha sido un canal de venta para el inventario agrícola que puede ofrecer una alternativa para el consumidor que podría continuar en mercado.
“Para que sigan las cajitas se debe cumplir con el FSMA. Yo he visto fincas que preparan esas cajas en un lugar al lado de un establo de reses y eso no puede ser. Si eso continúa verán a los federales interviniendo. La implementación del FSMA está detenida por el coronavirus, pero cuando esto termine lo cosa va a cambiar”, dijo Cordero.
Indicó que en gran medida las empresas agrícolas que están en cumplimiento con el FSMA, fueron guiadas por la cadena estadounidense Walmart, que alertó sobre la necesidad de que sus suplidores locales de productos agrícolas tomaran los cursos y realizaran inversiones en la infraestructura.
“Walmart le puso el cascabel al gato. Ellos pagaron por los adiestramientos para sus agricultores porque si no lo hacían, no le comprarían más. Yo creo que los agricultores que no cumplen tienen el 30 % de la culpa y el 70 % la tiene el Departamento de Agricultura”, dijo Cordero.
El líder de los agricultores asociados sostuvo que el cumplimiento con FSMA puede implicar gastos que pueden exceder los $500,000 y requiere que los agricultores lean detenidamente una guía de 400 páginas, den las que figuran en detalles los procesos que deberán implementar en sus fincas.
“Me han dicho que solo el 3 % de los agricultores de hidropónicos están en cumplimiento. Eso te da una idea de cómo va el cumplimiento de FSMA en Puerto Rico. En la República Dominicana el Ministerio de Agricultura estableció una iniciativa para que un grupo funcionarios tomaran adiestramientos en los Estados Unidos sobre las regulaciones de FSMA para que ellos le ensañaran a los agricultores dominicanos a cumplir con el programa en aquellos productos que exportan. Acá en Puerto Rico no se ha hecho nada de eso. Ese es el Departamento de Agricultura de baile, baraja y botella que nosotros tenemos”, dijo Cordero.
Pero el secretario de Agricultura, Carlos Flores, sostuvo que la agencia cuenta con el Fondo de Infraestructura (FI), que cuenta con $7 millones, para conceder ayudas a los agricultores que presenten propuestas para cumplir con el FSMA. Flores indicó que el FI le concede el 50 % del dinero que el agricultor invierta en obras de infraestructura. “Le damos hasta máximo de $250,000… si el agricultor es un agricultor bonafide y hace una inversión en infraestructura de $500,000 el departamento le regala $250,000”, dijo el secretario.
Flores indicó que el FI de $7 millones era “más que suficiente” porque no eran muy numerosas las empresas agrícolas que deberán realizar grandes obras de infraestructura para cumplir con el FSMA.
“No debe haber una crisis. Cada vez que se añade un nuevo requisito hay resistencia y quejas. Cada cambio crea resistencia. Pero aquí lo que se busca es que los productos agrícolas estén libres de bacterias y hongos cuando lleguen al consumidor y si queremos competir con otros países no nos queda otra alternativa”, dijo.
Según el secretario, a las fincas medianas no les aplicarán todas los regulaciones del FSMA, aunque sí estarán obligados a seguir las nuevas regulaciones en el manejo de los alimentos.
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