Por Redacción Es Noticia
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La Asociación de Alcaldes de Puerto Rico compareció hoy -martes- ante el Senado para una vista en la que se investiga el estatus en que se encuentran las sobre 30,000 viviendas que quedaron sin techo debido al paso del huracán María y la efectividad de los programas CDBG-DR del Departamento de la Vivienda para la reconstrucción de Puerto Rico.
“A casi cuatro años del paso de los huracanes Irma y María, hemos experimentado lo peor de una burocracia criminal”, aseguró el presidente de la Asociación y alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández Ortiz. “Ha sido un tránsito de dolor, batallas y frustraciones”, expresó.
“Nosotros proponemos que la Comisión trabaje en una selección aleatoria de municipios, basada en población, para examinar los casos en su detalle. De igual manera, conviene que se verifique el estatus de progreso de la disponibilidad de los fondos y la reparación de vivienda con dichos fondos. De igual manera, el Plan de Acción del Departamento de la Vivienda para el manejo y desembolso de los fondos y el estatus de remisión a los municipios, debe verse en su detalle”, señaló.
Otras propuestas presentadas por los alcaldes asociados es que:
- Clarificar con el Departamento de la Vivienda su disponibilidad para que los municipios sean sub-recipientes y se pueda desembolsar lo antes posible.
- Verificar con Vivienda cuántos de los proyectos actuales cualifican para el 10% del ‘matching’ con los fondos asignados por la Agencia Federal para Manejo de Emergencias (FEMA).
- Los alcaldes asociados también reclamaron tener información sobre los casos.
“Nuestro señalamiento se dirige particularmente lo que va a aportar el Departamento de la Vivienda para el pareo de los terremotos en las zonas afectadas, ya que hay personas que aún no viven en sus viviendas”, expresó la alcaldesa Karilyn Bonilla, quien señaló que hay casos como en Loíza y Salinas, donde entre el 60% y 80% del territorio está declarado por FEMA como zonas inundables, por lo que no se permite reconstruir casas en esas zonas.
“Nuestra posición es que los casos se vean uno a uno, que cada cual se vea en sus méritos y criterios de elegibilidad”, dijo Bonilla.
Con relación al pareo del 10% que deben aportar los municipios para cada proyecto, Hernández Ortiz reclamó que ante la realidad fiscal de loa municipios, se 10% debe ser cubierto con fondos CDBG-DR.
“Con relación particular de los toldos azules, que aún los hay, nuestra propuesta es que se asignen los fondos directamente a los municipios, porque en cada uno de ellos, su alcalde o alcaldesa conoce al detalle los casos y pueden manejar los mismos con mayor celeridad”, añadió Bonilla Colón.
Los alcaldes describieron como «tortuoso» el camino de recuperación, de manera adicional, por las capas de burocracia y trabas impuestas a nivel federal por los casos de corrupción que se han discutido a nivel público.
“Todas estas dificultades en el proceso de reconstrucción han tenido el lamentable efecto de que las familias afectadas, ante la lentitud y la burocracia, desisten de solicitar ayuda. Por ejemplo, en Salinas, de 444 casos, solo se han atendido 9 casos”, indicó.
El Presidente de los alcaldes asociados señaló que Vivienda tiene gran cantidad de trabajo para manejar los fondos CDBG regulares, “y que estos fondos se manejen como en ocasiones anteriores (OCAM / ODSEC) o por medio de consorcios municipales, que han probado ser efectivos en el manejo de fondos federales. Conversaciones las hemos tenido con el Departamento de la Vivienda, pero al momento no hay nada concreto”.
Otro tema que han llevado al designado Secretario de la Vivienda, es la imposición de requisitos adicionales que ni FEMA ni COR3 requieren. Esa burocracia adicional se pudo subsanar luego se las conversaciones, mediante una Orden Ejecutiva, señalaron.
La Alcaldesa de Salinas presentó el caso particular de doña Gloria Colón, que lleva unos 70 años viviendo en la zona urbana de Salinas.
“Su casa se afectó luego del paso del huracán María, y con la reasignación de zona, su casa ahora está dentro de lo que se denomina como zona inundable. La asignan a vivir a otra comunidad, construyendo una casa de $160,000, lejos de su actual vivienda, que está una zona comercial. Ella sigue apelando constantemente, y la realidad es que reparar su casa costaría muchísimo menos que esos $160,000 que se gastaría en otra vivienda, sumado a que reparar resulta más rápido que construir nuevamente”, explicó.
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