Por Miguel Díaz Román
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La representación legal de la ex aseguradora Integrand le solicitó a una jueza del Tribunal Superior de San Juan que se inhiba de intervenir en una demanda contra el proceso de liquidación de la empresa, porque mantiene una relación de amistad con una persona que no ha sido identificada en la alcaldía de Caguas, municipio contra el cual la ex aseguradora presentó una demanda por fraude relacionada con hacer reclamaciones de daños con estimados inflados tras el huracán María, luego de que hubiese contratado el ajustador público Scott M. Favre Public Adjusters LLC.
Alegadamente, la jueza Myrna E. Ayala Díaz mantiene una relación de amistad con una persona en el municipio de Caguas que no ha sido identificada.
En la solcitud de inhibición contra la jueza Myrna E. Ayala Díaz, presentada la pasada semana por el licenciado Rafael Vázquez González, abogado de la exaseguardora Integrand, se indica que por razones desconocidas y de manera voluntaria, el 20 de diciembre del 2019, la jueza se había inhibido de intervenir en el proceso de liquidación que inició la Oficina del Comisionado de Seguros contra Integrand.
La jueza había citado la regla 61.3 de Procedimiento Civil, que dispone como causa para acceder a una inhibición una relación de amistad entre el juez y una de las partes del caso, sus abogados o testigos.
El documento no identifica la persona o personas con las que la jueza sostiene una amistad y el cargo que ocupa. Pero es importante señalar que en aquel momento el municipio de Caguas había solicitado intervenir en el caso de liquidación de Integrand.
Transcurridos un poco más de 30 días, el pasado 30 de enero, la jueza informó que retiraba su orden de inhibición, luego de que el Tribunal de Apelaciones confirmó la determinación de denegar por prematura la intervención del municipio de Caguas en el caso de liquidación de Integrand.
En la moción, el licenciando Vázquez González advierte que el hecho de que al municipio de Caguas no se le permita participar en la etapa actual del proceso, eventualmente esa alcaldía deberá integrar el pleito debido a que sus acciones han incidido en la situación de la exaseguradora.
Por esta razón Vázquez González alega que la causa de la inhibición inicial de la jueza Ayala Díaz persiste actualmente.
Integrand le reclama al municipio de Caguas el pago de $5 millones, que incluye la devolución de un adelanto por $4.6 millones y $289,485.39 por los costos relacionados con la contratación de personal técnico para examinar las reclamaciones de la alcaldía.
A su vez, Integrand alega que tras la participación del ajustador público Scott M. Favre Public Adjusters LLC., la reclamación por daños del municipio de Caguas ascendió a $94.6 millones, lo que representa un alza de $74.8 millones en relación con el estimado original realizado por los peritos de la exaseguradora, que colocan los daños en $19.7 millones.
La exaseguradora sostiene que el municipio de Caguas presentó sus estimados de daños sin incluir certificaciones realizadas por ingenieros o arquitectos y acompañados con declaraciones juradas, por lo que concluyó que los estimados son falsos y tuvieron la intención de defraudar a la exaseguradora.
En mayo del 2019 la Oficina del Comisionado de Seguros concluyó que del ajustador público Scott M. Favre Public Adjusters LLC., presentó estimados de daños inflados y fraudulentos en tres reclamaciones realizadas para los municipios de San Germán y Yabucoa y para le empresa Rivera Siaca Inc. El ajustador público fue multado en $20,000.
Las querellas que provocaron la acción del regulador fueron presentadas por Integrand y la aseguradora Mapfre.
Los estimados excesivos por daños realizados por ajustadores públicos en las reclamaciones provocadas por los huracanes Irma y María serán investigados por la Comisión de Asuntos del Consumidor, que preside la representante Yashira Lebrón Rodríguez.
La investigación pretende evitar que se realicen estimados excesivos en las reclamaciones que provoquen los daños causados por los terremotos, porque, alegadamente, este tipo de estimado está relacionado con el atraso en el pago de reclamaciones.
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