Por Redacción Es Noticia
La compañía de manejo de desperdicios sólidos Waste Collection demandó por más de $32 millones al alcalde de Cidra, Ángel David Concepción González, en su carácter personal, y al municipio por discrimen, cancelación de contrato, daños e interferencia torticera (ilegal).
Según los hechos de la demanda, desde 2014 la empresa mantenía un contrato de recogido y disposición de desperdicios sólidos con el municipio vigente hasta el 2031.
El contrato se firmó cuando bajo la incumbencia del alcalde Javier Carrasquillo Cruz.
Una enmienda de 2017 le solicitó a la empresa que se encargara además del servicio de recogido y disposición de material reciclable.
Para cumplir con las necesidades de Cidra y por el largo período de servicio, Waste Collection construyó una estación de transbordo a un costo de $2.5 millones e invirtió $1.25 millones en equipo adicional, en terrenos sugeridos por el propio Municipio.
“Waste Collection invirtió en una propiedad industrial que estaba abandonada y que había sido declarada estorbo público, acondicionando su uso y promoviendo el desarrollo económico para el Municipio de Cidra”, lee la demanda presentada en el Tribunal de Caguas.
Sin embargo, el alcalde entrante Concepción González presuntamente manifestó desde su campaña electoral de 2020 que cancelaría el contrato.
Según el demandante, Concepción González- tanto en su carácter personal como oficial- y el resto de los co-demandados, realizaron acciones “dirigidas a afectar la relación contractual del Municipio con Waste Collection.”
“Estas acciones se manifestaron incluso desde antes de que el señor Concepción González fuera funcionario del Municipio como Alcalde. Falsamente, y de forma libelosa, el señor Concepción González y los demás codemandados han difamado a Waste Collection y a sus funcionarios afirmando que han cometido actos corruptos y en contra de la ley con el pasado Alcalde. Dichas acciones han provocado daños en la reputación de Waste Collection”.
El demandante añadió, además, que la difamación perseguía el objetivo de cancelar el contrato y otorgarlo a otra empresa.
El alcalde podía cancelar el contrato con 30 días de anticipación si encontrase a Waste Collection en violación a una serie de causales definidas en el contrato que preparó el propio Municipio. No obstante, bajo ciertos términos, el alcalde debía dar primeramente una oportunidad a la empresa para remediar las violaciones encontradas.
El alcalde rescindió el contrato efectivo al 1 de julio de este año sin indicar incumplimientos de parte de Waste Collection ni dar términos para corregirlos, si los hubiese.
El demandante aseguró que “Waste Collection nunca ha estado en incumplimiento del contrato, por lo que los intentos culposos de los codemandados de terminar el contrato no se pudieron concretar. Ello, a pesar de actos de hostigamiento y de investigaciones infundadas que no reflejaron actuación impropia de Waste Collection.”
En febrero de este año, la empresa le advirtió al alcalde que “terceros estaban realizando acciones dirigidas a socavar la relación contractual entre el Municipio de Cidra” y la empresa, y que evaluaban los cursos legales para hacer valer sus derechos en virtud del contracto.
Waste Collection se quejó de intervenciones indebidas en su negocio de parte de terceros contratados por el alcalde e intentos de acceder a secretos de negocios de la empresa. Además, mediante las actuaciones del alcalde se le estaría dando información gubernamental que serían puestos a disposición de una entidad privada, en violación a los estatutos de la Oficina de Ética Gubernamental que regulan la conducta de funcionarios públicos como el alcalde.
Desde febrero, se alegó, el alcalde mantenía negociaciones contractuales con terceros para que asumieran el servicio, y quienes se habrían beneficiado de las auditorías y los secretos de negocios de Waste Collection.
La empresa aduce como causas de acción para su demanda incumplimiento de contrato, daños por incumplimiento e interferencia torticera y difamación, y pide una compensación no menor de $32.5 millones por acciones ilegales.
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